El abogado de uno de los miembros de La Manada confirma que pedirá la revisión de la condena

El goteo de revisiones de condenas impuestas a agresores sexuales en aplicación retroactiva de la llamada ley del solo sí es sí, que entró en vigor el 7 de octubre, puso de inmediato el foco en el caso de La Manada, la violación grupal a una joven en los sanfermines de 2016 en Pamplona, por la que cinco hombres cumplen penas que el Supremo elevó a 15 años al considerar que no fue un abuso sexual, como se estimó en primera instancia, sino una violación múltiple. Agustín Martínez Becerra, el abogado de los sevillanos, fue de los primeros en advertir de que analizaría si la rebaja penal que contemplaba la nueva norma era aplicable a sus defendidos para estudiar la posibilidad de plantearla. Fuentes conocedoras del caso aseguran que no se ha presentado ningún recurso todavía porque estiman que la reforma legal no es aplicable, al menos, a cuatro miembros del grupo. Solo Ángel Boza, condenado a 15 años de prisión por la agresión sexual de 2016, podría verse beneficiado, y Martínez Becerra ha confirmado a este diario que sí planteará la revisión de la condena en los próximos días, aunque únicamente vería reducida en un año su pena de cárcel, según ha indicado el letrado.

En cuanto a los otros cuatro integrantes de La Manada, la acumulación de las penas por los delitos de agresión sexual de Pamplona, los de abuso sexual en Pozoblanco (Córdoba), cometidos dos meses antes, y por la grabación de la violación de los sanfermines, que superan o rozan los 20 años de prisión, haría inviable o dejaría apenas sin efecto la reducción en un año de la condena, que es la rebaja que correspondería aplicar en función de la horquilla legal establecida con el cambio de norma, según explican esas mismas fuentes.

Aquel caso, y la movilización social que desencadenó, fue el germen de la norma que, paradójicamente, al eliminar el abuso sexual y unificarlo todo en agresión, estableciendo una horquilla progresiva de penas en función de la gravedad, ha provocado estos días la excarcelación de al menos tres condenados por agresiones sexuales y la reducción de penas de al menos otros 11. En el debate público generado por estos casos ha pesado la posibilidad de que los violadores de La Manada pudieran ver sus penas reducidas, precisamente, gracias a la ley que nació del rechazo social al crimen que cometieron.

Acumulación de penas

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, acumula 23 años y un mes de cárcel, por los 15 años de prisión a los que fue condenado por la agresión sexual de los sanfermines, más dos años por el robo del móvil de la víctima; tres años y tres meses de prisión por la grabación de vídeos de la violación, y dos años y dos meses por un delito de abusos sexuales y contra la intimidad en el caso de Pozoblanco. De acuerdo con el Código Penal, en el caso de acumulación de las penas, el responsable está obligado a cumplir 20 años de cárcel.

En una situación similar se encuentra Alfonso Cabezuelo, el militar del grupo. Sobre él pesan 21 años y un mes de cárcel, distribuidos entre los 15 años de prisión por la agresión sexual de los sanfermines, los tres años y tres meses por la grabación de los vídeos de esa violación, y los dos años y 10 meses por el abuso sexual y el delito contra la intimidad cometidos en Pozoblanco. Como en el caso de Guerrero, está obligado a cumplir 20 años de cárcel.

José Ángel Prenda suma 19 años y seis meses de prisión —los 15 años de cárcel por la violación de Pamplona, más cuatro años y seis meses por el abuso sexual y el delito contra la intimidad contra la víctima de Pozoblanco—. Con una pena tan alta y la liquidación de las condenas, un año de menos apenas tendría efecto, y una revisión de su situación al hilo de la nueva norma solo contribuiría a devolverlo al foco mediático, una situación por la que no quiere volver a pasar ninguno de los miembros de La Manada, según señalan las fuentes consultadas.

Ese mismo argumento es aplicable también al caso de Jesús Escudero, conocido como el peluquero de La Manada. Él se enfrenta a 17 años y 10 meses de prisión por la condena a 15 años por la violación de Pamplona y la pena de dos años y 10 meses por el abuso y el delito contra la intimidad de la víctima de Pozoblanco.

Los cinco integrantes de La Manada entraron en la prisión de Sevilla de Mairena del Alcor el 21 de junio de 2019, el mismo día en que el Tribunal Supremo modificaba la condena dictada por la Audiencia de Navarra e incrementaba de 9 a 15 años la pena de cárcel de los jóvenes, por entender que la madrugada del 7 de julio de 2016 lo que perpetraron fue una violación múltiple y no un delito de abuso sexual.

En un comunicado de aquel mismo día, el alto tribunal adelantó parte de sus conclusiones, que llegarían más tarde en la sentencia: “El relato fáctico describe un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados”. La decisión del Supremo supuso un punto de inflexión después de casi tres años desde que ocurrieron los hechos. Y un cambio de paradigma, tanto jurisprudencial como social y simbólico, que fue en la línea, y a la vez dio soporte legal, a lo que habían reclamado durante el proceso judicial las acusaciones, el movimiento feminista, muchos juristas e incluso los partidos políticos.

La Manada ya lleva tres años y cinco meses de reclusión en un centro penitenciario, a los que hay que sumar los casi dos años que pasaron en prisión entre el 7 de julio de 2016 y el 23 de junio de 2018, cuando salieron en libertad provisional a la espera de que la sentencia fuera firme.