Las trabas del Gobierno a los jóvenes para acceder al ingreso mínimo: “Nos piden 12 meses cotizados, cuando el trabajo suele ser en negro”

Juan Francisco Bernal (25 años) es uno de esos jóvenes que aún necesitando de manera perentoria una ayuda económica del Estado para vivir de forma digna e independiente no la ha pedido porque sabe que no cumple con los requisitos. Hablamos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en 2020 por el Gobierno como una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza. Es un síntoma inequívoco de que las duras condiciones impuestas por el ...

Juan Francisco Bernal (25 años) es uno de esos jóvenes que aún necesitando de manera perentoria una ayuda económica del Estado para vivir de forma digna e independiente no la ha pedido porque sabe que no cumple con los requisitos. Hablamos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en 2020 por el Gobierno como una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza. Es un síntoma inequívoco de que las duras condiciones impuestas por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social —del que depende el IMV— resultan disuasorios.

Para acceder a la prestación, los que tienen entre 23 y 30 años tienen que demostrar que han vivido de forma independiente (fuera del hogar de sus progenitores) durante los dos años anteriores a la petición de la ayuda y, dentro de ese mismo periodo, deben acreditar haber cotizado a la Seguridad Social al menos 12 meses. Los jóvenes entre 30 y 35 no tienen que cumplir esas condiciones, igual que tampoco debe hacerlo el resto de la población. Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud, que el año pasado denunció en un informe monográfico esta situación, reclama una revisión urgente de estos requisitos.

El ritmo de vida de Juan Francisco es intermitente, cuando puede trabaja y si reúne una cantidad suficiente se marcha de casa de su abuelo, donde vive también su madre —diagnosticada con trastorno bipolar y con una ayuda concedida de unos 300 euros al mes—. “El ambiente no es bueno y por salud mental intento pasar allí el menor tiempo posible”, cuenta. La falta de continuidad hace muy complicado poder reunir esas condiciones y esa es una de las constantes en su vida. Aunque ha tenido diferentes trabajos desde los 18 años, en los últimos dos ejercicios solo ha cotizado cinco meses como reponedor en un supermercado. Ha vivido entre su casa y la que le presta una familiar de su novia. Durante dos cursos alquiló una habitación por menos de 120 euros en Zafra (Badajoz), donde estudió un grado de formación profesional en integración social, pero de eso hace más de dos años. “Creo que esta ayuda pide demasiada burocracia, muchos jóvenes no podemos ajustarnos a esos tiempos, hacemos lo que podemos para sobrevivir”, dice.

¿Por qué los requisitos para acceder a esta ayuda son más duros para los menores de 30? Fuentes del Ministerio de Inclusión Social y Seguridad Social, liderado por José Luis Escrivá, explican que el principal motivo es evitar que se convierta en una ayuda a la emancipación. “Somos conscientes de la situación de dificultad añadida de los jóvenes, pero esta ayuda no se aprobó para solucionar esa problemática específica, para eso hay otros ministerios”, señalan esas mismas fuentes. Otro de los argumentos que dan es que estadísticamente, dentro de los datos asociados a la ayuda, los jóvenes no son el grupo más numeroso: la media de edad de los perceptores titulares (personas que piden el subsidio en nombre de más miembros de la unidad familiar) está entre los 45 y los 55 años. Aunque si se mira de forma individual, la edad de los beneficiarios baja a 19 años. “Tiene una explicación: la mayoría de las unidades de convivencia que se benefician de esta ayuda tienen menores a su cargo”, apuntan. De los 1,4 millones de perceptores, más de 600.000 son menores.

“El IMV es una última red de supervivencia para un colectivo muy vulnerable, no es una prestación milagro, nace para paliar situaciones de extrema pobreza, no para la emancipación de los jóvenes”, repiten. Desde el ministerio no proporcionan los datos de solicitantes y perceptores de la ayuda entre 23 y 30 años. Otra de las cuestiones que levanta ampollas es que se ha dejado fuera de la ayuda a los que tienen entre 18 y 23 años, salvo casos excepcionales como haber estado bajo la tutela del Estado, ser víctima de violencia de género o tener hijos a cargo, entre otros. Otras ayudas estatales, como el bono joven de alquiler, se dirigen a la población entre 18 y 35 años.

En otros países de la Unión Europea, como Bélgica, Finlandia o Grecia, la ayuda equiparable al IMV se concede a partir de los 18 años, según datos del MISSOC, siglas en inglés de Sistema de Información Mutua sobre Protección Social, que ofrece información detallada sobre los sistemas nacionales de protección social de los 27. En otros, se concede a partir de la mayoría de edad, pero con requisitos adicionales: Francia exige estar trabajando y Dinamarca tener un mínimo de formación. En países como Luxemburgo el corte está en los 25 años y en Chipre en 28.

Los datos de pobreza publicados en enero por la fundación Foessa, vinculada a Cáritas, sitúan en el centro de la diana a los jóvenes. La exclusión social grave ha pasado de afectar al 8,6% de los residentes en España en 2018 al 12,7% en 2020, y ese efecto es especialmente significativo en el caso de los jóvenes, un colectivo en el que la exclusión severa ha pasado del 10% al 15,1% desde el estallido del coronavirus. Son 1,45 millones de personas entre 16 y 34 años las que se encuentran en esa situación, más de medio millón más que antes de la covid-19. Ser joven constituye un factor de exclusión en sí mismo, alertó entonces Cáritas.

“La juventud tendría que estar incorporada como potencial perceptora del IMV desde los 18 años como mínimo, y con los requisitos generales que hay para todo el mundo”, considera Marina Sánchez-Sierra, del equipo de estudios de la entidad, que recuerda que esta medida está destinada a población vulnerable, y a finales de 2021, el 28,5% de los jóvenes entre 16 y 35 años se encontraba en situación de exclusión moderada, frente al 22,1% de 2018. “Muchos de ellos ya viven en hogares en situación de exclusión social, es como si una fuerza les impidiese avanzar”, añade.

Uno de los errores de concepto, señala Marina Sánchez-Sierra, es que se sigue viendo el empleo como una herramienta “clave” en el proceso de integración social. En su opinión, “ya no es suficiente, ya no es una garantía”, porque ahora la cuestión es si se trata de empleo decente. En torno al 32% de la población entre 16 y 34 años no ha trabajado nunca. Entre los de 30 y 34, un 19% no tiene ninguna experiencia laboral. Además, más del 40% de personas jóvenes en exclusión social actualmente desocupadas, pero con experiencia laboral, llevan más de un año en desempleo, y el 14% más de dos. Estas cifras aumentan para la población joven en exclusión severa: el 50% lleva más de un año en situación de desempleo de larga duración.

Otra de las ONG que el pasado septiembre alertaba sobre el empobrecimiento de los jóvenes es Cruz Roja, que dio a conocer el incremento de casi el 100% entre las personas de 16 a 30 años que acuden a ellos en busca de ayuda (un total de 196.800 jóvenes). De ellos, el 68% aseguró que no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, el 52% no tienen ordenador y casi el 40% no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada o no está al corriente de los pagos, por lo que casi la mitad está en situación de pobreza energética.

El caso de Sara, malagueña de 29, representa una de las excepciones contempladas en el IMV: entre 23 y 30 años con hijos a cargo. Aun así, le han denegado dos veces la ayuda porque no puede permitirse alquilar una casa con su pareja —padre de uno de sus dos hijos— y constituir una unidad familiar propia. Viven en casa de su suegra, ella sin trabajo y sin el título de la ESO tiene complicado prosperar. “No tiene sentido que al resto de jóvenes les pidan 12 meses cotizados cuando los empleos que nos ofrecen suelen ser en negro”, critica. Salvo tres meses en los que le dieron de alta en una empresa de limpieza, el resto de empleos que ha tenido como camarera, cuidadora de ancianos o dependienta en un pequeño comercio, se han enmarcado en la economía sumergida.

En junio de 2021, el Consejo de la Juventud, órgano de representación de las nuevas generaciones desde los 14 a los 30 años que cuenta con un presupuesto de un millón de euros al año del Estado y aglutina a 60 entidades juveniles del país, publicó el informe Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?, en el que denunciaban trato discriminatorio por parte del ministerio. Ese mismo año, presentaron a los grupos parlamentarios una propuesta de enmienda —que ningún partido secundó— en la que estimaban que el IMV necesitaría unos 706 millones de euros extra para cubrir las necesidades de los 350.000 jóvenes emancipados que viven en riesgo de exclusión y que no pueden solicitar la ayuda. “Los contratos a esas edades es complicado que se hagan por los canales legales, especialmente entre el grupo de jóvenes con mayores carencias”, apunta Andrea Henry, presidenta del Consejo, que señala que hay que revisar los requisitos de manera urgente. La edad media de emancipación en España se sitúa en los 29,5 años, según datos del Observatorio de Emancipación Juvenil.

Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Seguridad Social, la explicación de por qué el ministerio se lo ha puesto más complicado a los jóvenes responde exclusivamente a criterios económicos. “Han cortado el grifo. Es una cuestión de control del gasto. La cuantía establecida en el IMV para una persona que vive sola y no tiene ingresos es de 490 euros, ¿qué joven se va de casa de sus padres por esa cantidad?”, considera. “Tres de cada cuatro solicitudes se deniegan porque se han establecido requisitos inmisericordes, como en el caso de la población general, tener en cuenta la renta del año anterior”. Otro de los problemas, indica, es que el proceso de solicitud debe hacerse de forma telemática. “Calculamos que cerca de 100.000 personas en situación de pobreza severa no lo han pedido por falta de recursos digitales”.

Kai Hernández (21 años) critica la falta de flexibilidad de la Administración. A él, extutelado, le denegaron la ayuda porque le faltaba un documento por entregar. “Mandaron la carta con la petición a un domicilio en el que ya no vivía, les avisé del cambio a través de una notificación por el registro único... no puede ser un proceso tan rígido”. Cuando tenía un año, le quitaron la custodia a sus padres y desde entonces ha vivido en diferentes familias de acogida y centros de menores. Es perceptor de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León, pero necesitaba el IMV para poder trasladarse a Madrid, donde quería estudiar doblaje. “No puedo prescindir de la ayuda y hasta que no me la den no me puedo cambiar de autonomía, al empadronarme fuera de la comunidad perdería el derecho a recibirla. Eso afecta a mis planes de vida”.

Luis Ayala, catedrático de Economía de la UNED y uno de los autores del informe de la fundación Foessa, cree que los instrumentos que se han desplegado por parte de las administraciones públicas para atender a los jóvenes son insuficientes. “Ante la ausencia de un programa global de ayuda a los jóvenes, se deberían repensar los requisitos del IMV”, zanja. Como punto positivo, destaca que a diferencia de la mayoría de autonomías —donde las rentas básicas se conceden a partir de los 25 años— el ministerio lo ha rebajado a 23.