Los obispos cargan contra los vientres de alquiler: “Es una nueva explotación contra la mujer, como si fuera una incubadora”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos españoles cargan contra los vient...

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos españoles cargan contra los vientres de alquiler y alertan de que estos embarazos cosifican el cuerpo de la mujer como “un útero a disposición del contratante” y “transforman al hijo en un producto”. Contundente, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado este viernes un comunicado en el que recuerda a sus fieles, “y a cuantos quieran escuchar” la voz de la Iglesia, cuál es su enseñanza sobre este asunto: “La maternidad por subrogación es, inequívocamente, una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a la dignidad de la persona”. El secretario general de la CEE y portavoz de los obispos, César García Magán, ha insistido esta mañana en rueda de prensa tras la plenaria de los obispos que no existe un “derecho a la procreación” y que promover este tipo de gestaciones, “sobre todo cuando media una transacción económica, es convertir la maternidad en un objeto de comercio” donde la mujer queda reducida a un instrumento, “como si fuera una incubadora”.

Para los prelados españoles, “la maternidad sustitutiva”, como lo han denominado, es un tema con muchas aristas, entre las que, destacan, se encuentra la paternidad. “El padre no es un convidado de piedra ni un mero instrumental quirúrgico, como un simple instrumento del hospital”. El recurso a los vientres de alquiler, una práctica que en España no es legal, se ha convertido en los últimos meses en un tema de actualidad social y política. La noticia de que la actriz Ana Obregón pagó por un vientre de alquiler para ser abuela biológica —utilizó el semen de su hijo Aless, fallecido hace tres años— detonó un debate bioético y legislativo. La postura de los partidos políticos es heterogénea. Mientras que el Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) se posicionan en contra, el PP está dispuesto a abrir un debate “sosegado y serio” para regularlos siempre que “no medie en ningún caso una contraprestación económica”. Ciudadanos es el único partido que apoya la gestación subrogada “de forma altruista” y apuesta por “una regulación jurídica que dé seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores”.

Sobre su gestión del escándalo de la pederastia, uno de los temas principales de la plenaria, los obispos no le han dado tanta difusión como al de los vientres de alquiler, a pesar de ser el asunto que más está afectando a la imagen la Iglesia española. Esta semana, los prelados han aprobado una instrucción pastoral sobre los abusos sexuales, es decir, una guía con las instrucciones que los responsables eclesiásticos —obispos, superiores de congregaciones, directores de las oficinas de atención a víctimas, etc.— están obligados a seguir cuando reciban una denuncia. Se trata del primer documento oficial sobre cómo gestionar las denuncias de este tipo que la CEE publica en los últimos 13 años.

No obstante, no ha matizado de cuántos puntos consta esa guía y si en ellos se tratan temas tan importantes como el modo en el que la Iglesia debe indemnizar a las víctimas, cómo proceder en el caso de que un obispo sea denunciado por haber silenciado un caso, si todas las denuncias (prescritas o no) deben trasladarlas a las autoridades civiles, etc.

Hasta ahora, el único protocolo aprobado por la CEE era de 2010. No era de obligado cumplimiento para los obispos y se limitaba a señalar sobre cómo actuar ante un caso: “Si hay indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo, la autoridad eclesiástica invita o aconseja a los denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la policía, el ministerio fiscal o el juzgado de instrucción”. La Conferencia, tras estallar el escándalo en octubre de 2018, comunicó que estaba trabajando en la renovación de estos protocolos. Justifica la tardanza en que, desde entonces, el papa Francisco ha actualizado la ley canónica sobre este asunto y el Vaticano pidió a los obispos españoles que esperasen e integrasen estas nuevas directrices en la norma que estaba redactando. Durante estos años, la mayoría de las diócesis y órdenes religiosas han ido desarrollando sus propios reglamentos de actuación.

La nueva instrucción se irá actualizando cada vez que varíe la normativa canónica vigente y entrará en vigor el 30 de abril. “Esta instrucción se inscribe como un paso más de compromiso de ese camino de las Iglesias de España en esa lacra social, en la que la también, lamentablemente, la Iglesia se ve afectada”, ha añadido el secretario general.

Sin mención de los abusos

De mismo modo, el secretario general no ha hecho ninguna mención al último recuento de la CEE con las 706 acusaciones por abusos a menores a manos de sus clérigos. Contabilidad que solo remite a los casos que las diócesis y órdenes religiosas han recibido desde 2019, año en el que el Papa ordenó a los jerarcas eclesiásticos abrir oficinas de atención a víctimas. Y en el que queda fuera, por lo tanto, los casos que la Iglesia conoció con anterioridad a ese año, una información que sigue ocultando, y también los que les ha llegado por otros canales, como los 500 remitidos en los informes de EL PAÍS (salvo que las víctimas luego hayan acudido a sus oficinas) y aquellos que han juzgado internamente en sus tribunales eclesiásticos y que, en ocasiones, ha silenciado.

La contabilidad que lleva este periódico sobre todos los abusos conocidos en la Iglesia a través de los medios y sentencias judiciales, la única existente en España en una base de datos abierta, señala en este momento a 953 acusados y 1.802 víctimas.