JK Rowling desafía al Gobierno escocés y cuestiona de nuevo la existencia de las mujeres trans

El debate en torno al género perdió hace ya tiempo en el Reino Unido cualquier atisbo de templanza. Es una batalla política y cultural en la que lo menos relevante es el texto de la ley, o las intenciones del legislador. Ambas partes de la contienda ven ataques ocultos a su libertad en cada movimiento del contrario. La escritora J.K. Rowling se ha convertido en la abanderada de todos aquellos que niegan que una mujer trans sea una mujer. Hor...

El debate en torno al género perdió hace ya tiempo en el Reino Unido cualquier atisbo de templanza. Es una batalla política y cultural en la que lo menos relevante es el texto de la ley, o las intenciones del legislador. Ambas partes de la contienda ven ataques ocultos a su libertad en cada movimiento del contrario. La escritora J.K. Rowling se ha convertido en la abanderada de todos aquellos que niegan que una mujer trans sea una mujer. Horas antes de la entrada en vigor el pasado lunes en Escocia —donde nació y reside la creadora de la saga de Harry Potter― de la nueva Ley de Delitos de Odio y Orden Público, la autora lanzaba una serie de mensajes provocadores en su cuenta de X (antes Twitter) y desafiaba al Gobierno escocés del nacionalista Humza Yousaf a que intentara detenerla.

“La Ley de Delito de Odio de Escocia entra hoy en vigor. Las mujeres no conseguirán a través de ella protección adicional, por supuesto, pero activistas trans bien conocidos como Beth Douglas, la favorita de tantos políticos escoceses relevantes, quedarán incluidas en una nueva categoría protegida [por la ley]. ¡Uf!”, escribía Rowling, en el comienzo de un hilo de casi una docena de mensajes que incluía los casos del violador Isla Bryson, que transicionó a mujer poco antes de ser condenado; la trans Katie Dolatowski, encerrada en una prisión de mujeres después de agredir sexualmente a una niña de diez años en un baño público; o activistas en defensa de las mujeres trans como Mridul Wadhwa, Munroe Bergdorf o Katie Neeeves.

Todas ellas en el mismo saco. Todas, según afirma Rowling, incluidas ahora en la protección de la nueva ley. “Los legisladores escoceses han decidido que tienen un valor más elevado los sentimientos de hombres que se dedican a representar su idea de la femineidad, por muy misógina u oportunista que esta sea, que los derechos y libertades de las mujeres y niñas reales”, concluía Rowling, que retaba al Gobierno escocés a detenerla después de sus palabras.

El contenido de la ley

La nueva ley, que lleva tres años en tramitación parlamentaria, contempla aquellos delitos “que agitan el odio”, y considera que alguien incurriría en ellos cuando “se comporta de un modo que una persona razonable consideraría amenazante, abusivo o insultante”, o cuando “comunica a otra persona cualquier material que una persona razonable consideraría amenazante, abusivo o insultante”.

Al llevar a cabo ese comportamiento, explica el texto legal, el infractor pretende “agitar el odio contra un grupo de personas que se define en referencia a una de las siguientes características: edad, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad transgénero o variaciones en sus características sexuales”.

Es precisamente esa falta de claridad e indefinición de la ley, al dejar la decisión en manos de una “persona razonable”, o hablar de modo genérico de “variaciones en las características sexuales”, lo que lleva a muchos de sus críticos a vislumbrar un intento de cancelación o censura frente a discursos como el de Rowling, que niegan la transexualidad.

Los expertos en Derecho, sin embargo, descartan la posibilidad de que prosperara una denuncia contra la escritora. El Gobierno de Yousaf, escaldado con un debate sobre la autodeterminación de género que se llevó por delante, entre otras causas, a la anterior ministra principal, Nicola Sturgeon, introdujo en la ley una enmienda que reclama tomar en consideración, a la hora de detectar un posible delito de odio, “el derecho a la libertad de expresión que contempla el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, incluido el principio general por el que ese derecho protege la expresión de ideas que pueden ofender, conmocionar o molestar”.

De hecho, era la propia policía, a través de un portavoz, la que descartaba cualquier acción contra Rowling horas después de que publicara sus tuits: “Hemos recibido quejas en relación con esa publicación en redes sociales, pero los comentarios no han sido considerados de carácter delictivo y no se ha emprendido acción posterior alguna”, decía.

Los contrarios a la nueva ley —cerca de trescientas personas se manifestaron frente al Parlamento escocés este lunes— denuncian además que el texto no incluye una defensa concreta de las mujeres frente a posibles delitos de odio. El Gobierno de Yousaf asegura que trabaja en un texto legal nuevo concentrado exclusivamente en la misoginia y el machismo.

La guerra cultural de los ‘tories’

En un año electoral en el que los resultados de Escocia pueden ser claves para determinar quién será el nuevo primer ministro del Reino Unido, los conservadores se han lanzado de bruces a la “guerra cultural” contra el progresismo, con la esperanza de arañar votos. Rishi Sunak, que ya bloqueó en enero del año pasado, con el uso de su prerrogativa expresa y en defensa de la Ley de Igualdad, la nueva Ley de Reforma del Reconocimiento de Género que aprobó el Parlamento escocés, ha entrado de lleno en el nuevo debate para ponerse del lado de Rowling, con una declaración repetida de modo constante por el ala dura de su partido: “No deberíamos criminalizar a las personas por decir cosas de sentido común respecto al sexo biológico”, ha asegurado el primer ministro. “No está bien. Tenemos una orgullosa tradición [en este país] de libertad de expresión”, remataba.

Cualquier ciudadano, según la nueva ley, puede denunciar un delito de odio. No es necesario que sea una presunta víctima. Puede hacerlo en una comisaría, en centros designados para ese fin o a través de los teléfonos 999 o 101. Queda en manos de la policía iniciar o no una investigación penal, sobre la base de la “razonabilidad” de la denuncia que exige la ley y “la intencionalidad de agitar el odio contra grupos de características determinadas”.

En el caso de que la investigación no prospere, el “incidente de odio” quedaría aun así registrado: no en los antecedentes penales del acusado, pero sí en el archivo personal que la policía guarde de esa persona.