Roma exigió a los jesuitas de Bolivia ocultar el diario del pederasta que fotografió a decenas de víctimas: “Se debe conservar con mucho cuidado”

La Curia General de la Compañía de Jesús envió un ‘mail’ en 2020 a los responsables en el país latinoamericano donde les ordenó reparar a los afectados y hacer público el nombre del agresor Lucho Roma, pero no revelar sus escritos ni la investigación interna

El jesuita pederasta Lucho Roma, junto con una de sus víctimas en Charagua, Bolivia, en los años noventa.

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos...

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EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Curia General de la Compañía de Jesús en Roma —máximo órgano de gobierno de la orden— recibió el informe sobre la investigación que los jesuitas bolivianos realizaron en 2019 sobre el caso del pederasta español Lucho Roma, el misionero que abusó entre 1983 y 2002 de más de un centenar de niñas indígenas, las fotografío, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito en su diario. A Roma llegaron tanto los manuscritos del pederasta como las conclusiones de la investigación, que aconsejaban informar a las autoridades civiles bolivianas de los hechos. Con ese material en la mano, Claudio Paul, consejero del superior general de los jesuitas y asistente regional para América Latina del Sur, escribió en febrero de 2020 un mail al provincial Ignacio Suñol, máximo cargo de la congregación en el país latinoamericano, en el que le señalaba los siguientes pasos que tenía que dar tras haber finalizado la investigación contra Lucho Roma: reparar a las víctimas, hacer público el caso “explicitando el nombre de Luis Roma (no solo iniciales)” y ocultar su diario como “información clasificada”. La justicia boliviana también está investigando este caso desde hace un mes.

Los jesuitas bolivianos desoyeron todas las instrucciones menos una, la de ocultar la existencia de las memorias de Lucho Roma, bautizadas como Los Manuscritos de Charagua por el pueblo donde escribió estas memorias cuando era misionero y abusaba de sus víctimas. Los detalles del caso comenzaron a salir a la luz cuando EL PAÍS publicó un primer artículo en mayo 2023, en el que se informaba de cómo Lucho Roma abusó y fotografió a una veintena de víctimas indígenas. La orden, preguntada por ello, no quiso informar de más detalles. Pero hace un mes, este periódico publicó un segundo reportaje de investigación donde daba a conocer que Lucho Roma había escrito un diario confesando sus crímenes y donde contabilizaba sus víctimas en más de un centenar. También publicó los legajos de la investigación que los jesuitas habían realizado sobre el caso en 2019 —poco antes de la muerte de Roma—, a raíz de una denuncia interna: informes periciales, interrogatorios que corroboraban los abusos y su encubrimiento por parte de los responsables de la orden durante décadas. Los documentos incorporaban incluso una confesión firmada por Lucho Roma donde admitía sus crímenes. Tras la publicación de EL PAÍS los jesuitas reconocieron los hechos y anunciaron la creación de una comisión para contactar con las víctimas de este pederasta.

En el correo, al que ha tenido acceso este periódico, es una prueba más del encubrimiento del caso, tanto por parte de la orden en Bolivia como de las máximas autoridades en Roma. Preguntado por qué la Compañía de Jesús no penalizó a los responsables de la orden en Bolivia que desobedecieron sus directrices, Paul ha respondido que no le corresponde “tratar temas internos [de la congregación] en el foro externo”. Tampoco ha querido especificar por qué, conociendo la gravedad de los hechos y teniendo los informes en su poder, no denunciaron lo sucedido a las autoridades civiles bolivianas. Por otro lado, la Compañía de Jesús en Bolivia se niega a responder las preguntas de este periódico y en su último comunicado alude a que es la justicia civil la que debe aclarar lo sucedido. “Es lo que la Compañía tiene que decir y no más”, ha dicho a este diario el portavoz de los jesuitas, Sergio Montes.

Correo electrónico enviado por Claudio Paul, consejero en la Curia de los jesuitas en Roma, al provincial de la Compañía en Bolivia, Ignacio Suñol, donde le pedía ocultar 'Los Manuscritos de Charagua'.El Pais

En su escrito, Paul distribuye sus directrices en tres puntos claves que Suñol debía seguir. El primero es preparar un plan para atender posibles denuncias de víctimas con el asesoramiento de la provincia jesuita de Chile, por entonces uno de los países latinoamericanos donde ya había estallado el escándalo de los abusos. “Se trataría fundamentalmente de ofrecer la posibilidad de terapia psicológica a víctimas que se presentaran. Habría que establecer con claridad quiénes se ocuparían de recibir a la víctima (preferencialmente no un jesuita) y establecer con ella el tipo de reparación”. Hasta la fecha, la Compañía no ha acogido ni reparado a ninguna víctima, a pesar de que Lucho Roma dejó por escrito el nombre de 70 de ellas en su diario. EL PAÍS ha logrado contactar con varias de ellas. “Sé que la escuela de Charagua [propiedad de los jesuitas] maneja una lista con los nombres de todas las niñas que fuimos con él. Lo sé porque una persona que trabaja allí me dijo que aparecía mi nombre. Conociendo la lista, la Iglesia debería haber investigado un poco más”, reveló hace unos meses una de las víctimas.

El segundo punto trata sobre cómo hacer pública la “información” del caso, tanto internamente como públicamente. Paul indica a Suñol que debe enviar una carta a los superiores de las comunidades jesuitas de todo el país para contarles que se realizó una investigación contra Lucho Roma que demostraba que había abusado de menores, que toda esa investigación se envió al Vaticano y que a las víctimas que “se presenten” se les “ofrecerá la oportunidad de terapia psicológica como forma de reparación”. El alto mando en Roma de los jesuitas también le instó a “publicar en los medios de comunicación de la Provincia (página web, ANF, radios...) la información sobre el caso” con el nombre completo del pederasta. Los jesuitas de Bolivia, en cambio, publicaron un breve comunicado en su web, donde no daban detalles del caso y solo publicaron las iniciales de Lucho Roma, L. M. R. P. (Luis María Rosa Padrosa).

En el tercer punto, Paul habla sobre los documentos internos del caso. “La copia de la investigación y el diario del P. Roma se deben conservar en la Curia con mucho cuidado (información clasificada)”. Es la única recomendación que siguieron en Bolivia. Estos manuscritos solo abarcan el periodo que Lucho Roma pasó en Charagua, entre 1994 y 2005, y en ellos detalla cómo fotografiaba, filmaba y abusaba de más de un centenar de niñas. También describía la excitación que aquello le provocaba y las dificultades que tenía para ejecutar sus crímenes. Eran 75 folios, desordenados, muchos de ellos sin fechar y que el pederasta guardaba en tres carpetas diferentes. Este es uno de los extractos: “Podía tocarla donde sea. Realmente la devoré casi con la boca. Mi mano en sus piernas y bien arriba. Ella insistía en que quería galletas. Subimos y le hice casi unas 20 fotos. En la cama, sentada, parada, arriba, abajo, todo”.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, asociación nacional de víctimas de abusos eclesiales en el país latinoamericano, afirma sentirse indignada ante “el encubrimiento sistemático que se produjo no solamente en la curia Provincial de Bolivia; sino también en la Curia General de Roma”. Edwin Alvarado, secretario de relaciones internacionales de la asociación, afirma que el superior general de los jesuitas en Roma, Arturo Sosa, “ha guardado, hasta hoy, un vergonzoso silencio cómplice” y que debe “pedir perdón por haber cuidado solo el prestigio institucional y el bienestar de los violadores”. Alvarado también afirma que los tres últimos provinciales de la orden, Osvaldo Chirveches, Ignacio Suñol y Bernardo Mercado, “han mentido a la justicia, a las víctimas y al pueblo de Bolivia” y que, por ello, deben ser investigados y recibir su castigo, y la congregación asumir su responsabilidad institucional por haber tolerado esta situación.

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