La mujer que denunció una sumisión química en una convención fue despedida tras contarlo a su jefe

El lunes 17 de junio María fue junto a su compañero de trabajo a contarle a su jefe lo que había sucedido durante ese fin de semana. Fue en una fiesta que se celebró la noche anterior a la convención de Tecnocasa a la que habían acudido tanto su oficina, una de las franquicias de esta gran inmobiliaria en Zaragoza, como oficinas de toda España. Le contó lo mismo que relató ante la Policía Nacional de Zaragoza cuando puso ...

El lunes 17 de junio María fue junto a su compañero de trabajo a contarle a su jefe lo que había sucedido durante ese fin de semana. Fue en una fiesta que se celebró la noche anterior a la convención de Tecnocasa a la que habían acudido tanto su oficina, una de las franquicias de esta gran inmobiliaria en Zaragoza, como oficinas de toda España. Le contó lo mismo que relató ante la Policía Nacional de Zaragoza cuando puso la denuncia: que ella, que no bebe habitualmente, de forma excepcional se bebió un ron con Coca-Cola esa noche. Y después: nada. Que se despertó a las 8.00 del sábado “desnuda en la cama, con dolor vaginal, marcas en las muñecas como de haber sido sujetada con fuerza y una moradura en el muslo derecho”, que había dado positivo en benzodiacepinas y cocaína que ella no consumió ni consciente ni voluntariamente. La respuesta de su jefe, incluida en la denuncia ante la Policía, fue: “Si estáis bien y llegasteis al hotel no quiero saber nada más de estas cosas, mucho cuidado con armar un escándalo que estas cosas no están bien vistas aquí. Quietecita”.

Al día siguiente, la despidió.

¿Los motivos? Primero unos, y seis días después, otros. María —un nombre ficticio para proteger su identidad— recibió dos cartas de despido. El martes 18 de junio llegó la primera, “por la necesidad de amortizar su puesto de trabajo por causas económicas”, entre ellas, “el descenso de las ventas”. El documento hace referencia a los resultados “de los ejercicios de 2022 y 2023″, aunque ella empezó a trabajar para esa oficina el 1 de junio de 2023, como también indica la propia carta.

Y el 24 de junio recibió la otra. En ella la empresa dice que ha decidido “dejar sin efecto” la anterior y proceden “a comunicarle su despido disciplinario” con efecto inmediato y le imponen “una falta muy grave” por “fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas”. Alegan que el día del despido rompió una taza, tiró unas cuantas revistas al suelo, o que se enviaba distintos documentos del móvil de empresa al personal y del personal al de empresa. Ella explica que tienen móvil de empresa y personal y que el grupo de WhatsApp del trabajo está en el personal, que “por fuerza había documentos que tenían que ir de uno a otro” y que en el ordenador de la oficina tenía abierta la aplicación web de ese servicio de mensajería: “Y si había algún documento mío en los dispositivos de la empresa, con 14 horas que me pasaba allí, tampoco me parece tan raro”.

Ese segundo despido también da como motivos que el 19 de junio María y su compañero de trabajo fueron a varias oficinas de la empresa “haciendo comentarios [a otros compañeros] del tipo: “Me drogó y me violó”, “me manoseó”, “se la va a cargar”. Ella dice que sí, que rompió la taza y tiró las revistas, y dice también que “claro que estaba alterada”, y entre sorprendida y enfadada, “no tanto por el despido en sí, sino por las circunstancias y las formas en las que se estaba dando”. Cuenta que “ese recorrido por las oficinas esos días era para intentar encontrar a alguien que supiera qué había pasado”. Si alguien la había visto marcharse y con quién. Y que todo el mundo “miró para otro lado, hicieron como si no supieran nada, cuando sí lo sabían”.

La UFAM (Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer) de Zaragoza le comunicó varios días después de que ella denunciara que ya habían localizado a la persona con quien se fue “por testigos, sin indicar quién era, y que él afirmó que el acto fue consentido, por lo que había probabilidades de que el caso se archivara”. Pero María no quiere “ceder a ninguna presión”, y además de la denuncia ante la policía por la sumisión química y la agresión sexual, ha interpuesto una demanda por despido improcedente.

Tuvieron el acto de conciliación —en el que se busca resolver los conflictos sin llegar a ir a juicio— el pasado miércoles 17 de julio y no solo no llegaron a ningún acuerdo, sino que, cuenta ella y también su compañero, todo “rozó lo surrealista” por la actitud de la abogada de su ya exjefe, “que no acudió y la mandó a ella en representación” y tuvo en todo momento una posición “cercana a la chulería”.

Los argumentos de la empresa

Este diario ha intentado ponerse en contacto con el gerente de la franquicia en varias ocasiones sin obtener respuesta, hasta que tras varios intentos fue su abogada la que contactó. Asegura que “el despido no guarda ninguna relación con la agresión sexual que ella ha denunciado” y quiere “dejar claro la total repulsa y condena a la violencia o abuso sexual o de cualquier tipo” por parte de él. También lo hace Tecnocasa, la franquiciadora, en un comunicado en el que expone, en mayúsculas, que la marca “está interesada de forma principal en manifestar su firme rechazo y condena contra todo tipo de violencia, abuso o acoso, ya sea sexual, por razón de sexo o por cualquier otro motivo, que pueda atentar contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales”.

Después, se desvincula. Explica la nota que Tecnocasa “es un símbolo distintivo sin personalidad jurídica que identifica una red de intermediarios inmobiliarios en franquicia”, que franquiciador y franquicias son “todos ellos jurídica y económicamente independientes los unos de los otros” y que “cada franquiciado es el único responsable de los actos relacionados con su gestión”. Y acaba con un párrafo en el que expone que Tecnocasa “espera y desea que la investigación policial y la actuación judicial que se están llevando a cabo en relación con la información difundida en el citado artículo [el publicado en este periódico el 4 de julio] sirvan para clarificar velozmente los hechos y para depurar las responsabilidades que correspondan”.

Ana Gómez, abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala), afirma que “las empresas están obligadas a tener medidas preventivas en cuanto a riesgos laborales y en esos riesgos laborales también entra la violencia sexual”. El letrado de María, Sergio Atarés, afirma que la empresa “no tiene un protocolo de acoso sexual que exige el artículo 73 del Convenio Colectivo”.

Para Gómez, “existe responsabilidad civil de la empresa por daños físicos y morales”. Y ahonda, además, en lo que dice que se produce en este caso, “una discriminación múltiple”. Por un lado, “la que ella ha sufrido como víctima” durante tiempo y en el lugar de trabajo, “lo que además se presume un accidente laboral”; y por otro, la que se da “cuando va a su jefe, que se supone que tiene que protegerla, y la represalia con un despido, es lo que se llama un acoso discriminatorio por razón de sexo”.

Para ella esto “es una infracción muy grave” y cree que ese despido es “nulo” y que será la empresa “quien tenga que demostrar que los motivos del despido disciplinario están desvinculados de la denuncia por el acoso sufrido” porque “la conexión temporal entre que ella le cuenta a su jefe lo que ha sucedido y el despido hace que la empresa vaya a tener un escenario difícil de defensa”.

María no entiende lo que está ocurriendo: “No sé, voy a contarle a mi jefe lo que acaba de pasarme y toda su respuesta es primero que me esté quieta, después me despide, a mí y a mi compañero de trabajo, e intenta que me esté callada, yo y él. Siento mucha impotencia, como si la que ha hecho algo mal, para ellos, fuese yo. Es incomprensible”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.