Primera victoria para la familia Buza: el exnovio de Ana será finalmente juzgado por homicidio imprudente cinco años después

El padre de Ana Buza está seguro de que su hija no se suicidó. Es la convicción que ha movido a Antonio desde que hace cinco años le comunicaron que el cuerpo sin vida de su hija de 19 había sido hallado detrás del quitamiedos de la autovía A-4, a la altura de la localidad sevillana de Carmona. En este lustro, Buza ha liderado una batalla legal para que se reabriera su caso y se juzgara al que e...

El padre de Ana Buza está seguro de que su hija no se suicidó. Es la convicción que ha movido a Antonio desde que hace cinco años le comunicaron que el cuerpo sin vida de su hija de 19 había sido hallado detrás del quitamiedos de la autovía A-4, a la altura de la localidad sevillana de Carmona. En este lustro, Buza ha liderado una batalla legal para que se reabriera su caso y se juzgara al que entonces era su novio, R. V., y que conducía el coche en el que iba la joven, por su muerte. Ese deseo está más cerca de cumplirse, aunque no es completo. El juez que lleva la instrucción acaba de determinar que se abra procedimiento abreviado y que R.V. se siente en el banquillo como presunto autor de un homicidio imprudente. La familia va a recurrir la calificación de los hechos, que es la que propuso la fiscal, porque entiende que debe ser juzgado por un delito de homicidio doloso o asesinato. “No estamos de acuerdo con el calificativo de imprudente y lo vamos a demostrar”, sostiene Buza.

La representante de la Fiscalía estipuló que las pruebas biológicas y periciales que se practicaron en el lugar de los hechos y los “imparciales informes periciales” emitidos por el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil y por los Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla “concluyen de forma tajante que la muerte de Ana Buza no es compatible con un atropello por el vehículo y sí con la salida de la misma del vehículo en marcha cuando este circulaba a una velocidad de 117 kilómetros hora”, indica el informe del Ministerio Público al que ha tenido acceso este diario. Por ello, la fiscal infiere que no se puede considerar que los hechos sean constitutivos de un delito de asesinato u homicidio doloso, como sostiene la familia de la joven.

La fiscal, sin embargo, sí considera que deberían calificarse como homicidio por imprudencia, porque el vehículo circulaba a 117 kilómetros en un desvío en el que debía irse a 80. En su escrito, también llama la atención sobre el hecho de que el investigado “no haya dado una explicación verosímil de lo ocurrido en el interior del vehículo. No solo dio diversas versiones de los hechos en los momentos inmediatamente posteriores al accidente, sino que la explicación proporcionada en el juzgado no es creíble”. La fiscal recuerda que ambos habían discutido previamente y que “en esa situación de tensión existente, el investigado circulaba a una velocidad muy por encima de la permitida legalmente y, sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes de enfado y discusión entre la pareja, el investigado no guardó la prudencia o diligencia requerida, dando lugar a una conducción presuntamente irregular que pudo influir de manera determinante en que Ana saliera del vehículo en marcha, sufriendo lesiones de gravedad que causaron su muerte”.

Esta calificación es la que comparte el juez de violencia contra la mujer que lleva la investigación de la causa. “Por lo que se refiere a la solicitud de la acusación particular de imputar al investigado un delito de asesinato u homicidio doloso, hemos de descartar el mismo en atención a las diligencias de investigación practicadas durante la fase de instrucción”, dice el magistrado en su auto fechado el pasado 3 de diciembre y que también ha podido leer EL PAÍS.

La defensa, que pidió el sobreseimiento de la causa en su escrito de calificación, también va a recurrir la calificación. “No van a poder relacionar el exceso de velocidad con la muerte de la joven, porque hubiera fallecido igualmente si se tiró del coche a 117 kilómetros hora que a 80″, indica el abogado de R. V., Alejandro Gómez Luna.

“No fue un accidente, él la mató”, sostiene tajante Buza. El padre de Ana ha confirmado a este diario que este mismo jueves van a presentar un recurso de reforma ante el juez para que corrija la calificación de los hechos. A lo largo de estos cinco años la familia de Ana ha contratado a ingenieros y criminólogos que han reconstruido el accidente y que concluyen que a esa velocidad era imposible que se abriera la puerta del coche en el que iba la joven y sostienen que, por algún motivo, ella se bajó del coche y, mientras andaba por la cuneta, su novio la atropelló intencionadamente. “Se quiso hacer pasar como suicidio lo que era un asesinato machista”, indica Buza. Esos informes de los expertos, además de todos los mensajes que se intercambiaron su hija y su expareja, en los que se constataba el carácter celoso y controlador de él, hasta el punto de que ella misma consiguió que él fuera a una psicóloga para tratar su temperamento, y la manipulación del móvil de su hija que realizó el investigado, es lo que Buza quiere presentar ante un jurado, peri que, si se sigue la causa por homicidio imprudente, no podría hacer porque el procedimiento a seguir sería abreviado y ante un solo juez.

Cinco años de instrucción

Buza no entiende que ni la fiscal ni el juez de violencia sobre la mujer hayan hecho referencia en sus respectivos escritos a esos correos o a los testimonios de la psicóloga que trató a R. V. y de una amiga de su hija, que constató cómo el joven había aislado progresivamente a Ana de sus amigas, prohibiéndole tener redes sociales. “Se han utilizado exactamente las mismas pruebas por las que hace cinco años se concluyó que Ana se había suicidado”, puntualiza su padre.

Porque Buza no puede olvidar cómo la jueza de Instrucción de Carmona y el fiscal cerraron el caso 36 horas después de que el 7 de septiembre de 2019 se hallara el cadáver de su hija, afirmando que se trataba de un suicidio porque dieron verosimilitud a una de las cuatro versiones que ofreció su novio en la que aseguraba que ella estaba disgustada porque acababa de discutir con su padre por problemas de dinero. 10 días después, Buza recibió un correo en el que le informaban de que seis meses antes de fallecer, Ana había pedido ayuda a una psicóloga para que tratara a R. V. por su comportamiento celoso, manipulador, controlador y violento. Su padre constató que la causa se había cerrado demasiado pronto y cuando fue a los juzgados para solicitar su reapertura se topó con la incomprensión de la instructora y del fiscal: “Su hija se ha suicidado, está clarísimo ¿Se entera o no se entera? Me voy a la sala de vistas, que tengo cosas más importantes que hacer”, le espetó ella; “Es comprensible que un padre no acepte el suicidio de su hija y busque culpable en terceras personas”, dejó por escrito él.

Cinco años después, la perseverancia de Buza, que, efectivamente, nunca aceptó que su hija se hubiera suicidado y recabó pruebas para demostrarlo, han permitido confirmar que hay un presunto culpable, su exnovio. Un camino penoso, no solo por tratar de imponer esa convicción moral a una realidad judicial que, además, presentaba a su padre como el responsable de la decisión de su hija de quitarse la vida –”eso ha sido una tortura constante”, reconoce Buza—, sino por los obstáculos y las demoras incomprensibles de una instrucción que se ha extendido durante cinco años, que no han hecho sino prolongar el dolor de la familia. Porque, la Audiencia Provincial sí decidió reabrir el caso en noviembre de 2019 y en julio de 2020, R.V. era imputado por la muerte de la joven, gracias a las pruebas presentadas por los Buza. Sin embargo, el caso todavía tardó tres años en pasar a un juzgado de violencia de género.

“Estoy completamente seguro de que R. V. asesinó a mi hija y voy a demostrarlo”, asegura Buza. Conviene no tomar a la ligera su determinación, porque si algo demuestran estos cinco años es que su perseverancia y resiliencia le han permitido demostrar que Ana Buza no se suicidó y sentar en el banquillo al presunto responsable de su muerte.