Competencia critica la "posición monopolística" de las entidades de gestión de derechos
Un informe oficial pide la reforma de la ley de Propiedad Intelectual, denuncia tarifas injustas y perjuicios para los usuarios
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho público un informe no vinculante que pide la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con el fin de mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos de autor, de las que la más conocida es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Competencia cree que el actual marco legislativo favorece la "posición monopolística" de las ocho organizaciones de este tipo que existen en España. [Consulta aquí el informe íntegro, en PDF ]
El hecho de que no haya la suficiente competitividad facilita, según la CNC, el establecimiento de "tarifas discriminativas" y "obstaculiza las actividades que realizan los usuarios [o sea, aquellos particulares que quieren utilizar las obras], tanto los que operan en mercados tradicionales como los que explotan obras y prestaciones en el entorno online".
"La introducción de competencia requiere reforzar la capacidad de elección de los titulares y de los usuarios. Por este motivo, la CNC considera que debe realizarse una revisión integral de la Ley de Propiedad Intelectual", afirma el comunicado. Según este organismo los mecanismos del mercado deben organizar esta actividad, "dictando cuántas entidades deben existir, qué categorías de derechos deben gestionar y cómo deben gestionarlos". Es decir, la CNC quiere que las normas que rigen la creación de cualquier sociedad sean de aplicación también para las entidades que se encargan de la gestión de derechos.
La CNC pide que se eliminen tres normas que considera "barreras de entrada" para aquellos particulares que quieran crear sociedades de gestión:
- "La obligatoriedad de la gestión colectiva a través de entidades de gestión en los casos en los que se impone en la actualidad, con la excepción de cuando dicha obligatoriedad venga impuesta por una Directiva europea".
- "El actual sistema de autorización administrativa de las entidades de gestión colectiva, sustituyéndolo por un sistema de simple registro".
- "La obligación de que las entidades de gestión carezcan de ánimo de lucro, disponiendo de forma expresa que se pueden constituir bajo cualquiera de las formas jurídicas admitidas en Derecho".
Fin de la exclusividad
La CNC propone además reformas legislativas que acaben con la exclusividad que rige la relación entre cada sociedad de gestión y los titulares de los derechos, de tal forma que un creador o el dueño de unos derechos pueda ceder su gestión a varias entidades. En general, la CNC pide que los titulares de los derechos tengan más poder de decisión sobre los términos del contrato que firman con las entidades de gestión.
El informe también reclama mayor transparencia sobre los repertorios "efectivamente gestionados por las entidades, los contratos que alcancen con usuarios individuales y los contratos que alcancen con organizaciones de su misma clase, con sanciones previstas en caso de incumplimiento".
Reforma de la Comisión de Propiedad Intelectual
Así mismo se exige una revisión de la Comisión de Propiedad Intelectual (un organismo dependiente del Ministerio de Cultura) "para que esté dotada de competencia técnica y facultades decisorias y sancionadoras adecuadas para resolver cualesquiera conflictos en materia de propiedad intelectual y, en particular, los conflictos tarifarios entre entidades de gestión y usuarios".
Por último, la CNC subraya la necesidad de "establecer normativamente los criterios a los cuales las entidades de gestión tengan que ajustarse para determinar las tarifas por el uso de su repertorio. Los criterios deberían incluir en todo caso los siguientes: amplitud del repertorio; no discriminación; valor económico y uso efectivo; simplicidad, transparencia y publicidad".
Fuentes de la CNC han señalado a EL PAÍS que este informe ha sido realizado "de oficio" por este organismo (que en otras ocasiones elabora documentos a petición de instituciones) tras recibir varias reclamaciones contra la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), la Asociación de Actores e Intérpretes (AISGE) y la citada SGAE.
Mapa de la gestión de derechos
En España existen ocho entidades de gestión de derechos autorizadas por el Ministerio de Cultura
SGAE
Con más de 100 años, la Sociedad General de Autores y Editores representa a unos 90.000 socios: cineastas, compositores de música, coreógrafos y mimos, entre otros. Controla la difusión de obras en radios, bares, salones de bodas, etcétera.
CEDRO
El Centro Español de Derechos Reprográficos defiende los intereses de autores y editores de libros y otras publicaciones. Cuenta con más de 17.000 socios. Revisa medios escritos, copisterías y 'webs' velando por los derechos de sus representados
VEGAP
Creada en 1990 con el nombre de "Visual entidad de gestión de artistas plásticos" actúa en nombre de más de 47.800 creadores visuales: dibujantes, pintores, ilustradores, fotógrafos e infógrafos, entre otros.
DAMA
Derechos de autor de Medios Audiovisuales gestiona desde 1999 los intereses de 400 socios, autores o dueños de obras audiovisuales y cinematográficas
AGEDI-AIE
Son dos entidades separadas que comparten un órgano conjunto de recaudación del dinero generado por los derechos de productores fonográficos (AGEDI) y por intérpretes de obras musicales (AIE)
AISGE
Presidida por la actriz Pilar Bardem, esta entidad denominada "Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión" administra los derechos que generan las interpretaciones "fijadas sobre un soporte audiovisual" de actores, dobladores, bailarines y directores de escena
EGEDA
La entidad de gestión que representa a los productores audiovisuales comenzó a operar en 1993 y recauda dinero por la emisión y transmisión de cualquier obra al público en salas de cine, transportes, bares y hoteles, entre otros
Babelia
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