Cuatro condenados en Guatemala por el asesinato del obispo Gerardi

La cocinera del obispo, también acusada, fue absuelta. El caso, sin embargo, está lejos de haber sido aclarado: los autores intelectuales y materiales siguen siendo una incógnita. Según la sentencia, el capitán Byron Lima Oliva y el suboficial Obdulio Villanueva, miembros de la guardia del entonces presidente Álvaro Arzú, llegaron a la casa parroquial después del asesinato y alteraron la escena del crimen. El coronel retirado Byron Lima Estrada, padre del primero, vigiló la operación en los alrededores. Y el sacerdote Mario Orantes, auxiliar de Gerardi durante siete años, prestó su apoyo y no dio aviso inmediato a las autoridades.

Los castrenses han sido condenados a 30 años de prisión como 'coautores' y el sacerdote a 20 como 'cómplice'. ¿Pero quién ideó y perpetró el asesinato? Sigue sin saberse. Por eso los jueces han ordenado la continuación de la investigación y la apertura de un proceso contra los entonces jefes del Estado Mayor Presidencial (EMP), la dependencia militar a la que pertenecían dos de los condenados. El juicio, que comenzó en marzo, ha dejado muchas incógnitas en el aire. El eje del proceso ha sido un indigente que dormía junto a la parroquia, llamado Rubén Chanax, testigo protegido de la fiscalía y hoy en el exilio, que ha modificado su testimonio en, al menos, cuatro ocasiones. Ni sus contradicciones ni las diferencias con los relatos de otros testigos han hecho mella en los magistrados.

'Estamos ante una sentencia política. La prioridad de la fiscalía y de los jueces no ha sido buscar la verdad, sino complacer al Gobierno', decía ayer uno de los defensores, en referencia al presidente Alfonso Portillo, ahijado político del general golpista Efraín Ríos Montt, que hizo del caso Gerardi un caballo electoral y que condicionó su permanencia en el cargo al esclarecimiento del crimen. Cinco días después de su toma de posesión, el 14 de enero de 2000, Chanax cambió su testimonio e implicó a los ahora condenados. 'Toda la acusación ha girado en torno a un falso testigo. Es una monstruosidad', señalaba el abogado de Orantes, al anunciar la apelación.

Culmina así la primera etapa de una investigación jalonada de irregularidades: descuido de la escena, pérdida de pruebas, amenazas, encubrimientos y pesquisas paralelas... En el camino han quedado tres jueces, dos fiscales y varios móviles: del robo se pasó al crimen pasional. Después, se habló de la delincuencia organizada, y específicamente, de la peligrosa Banda del Valle del Sol, dedicada, entre otras actividades, al tráfico de imágenes religiosas. La fiscalía se decantó finalmente por el móvil político, defendido desde el principio por la Iglesia. En contraste con los defensores, la alegría era patente entre los miembros de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y entre los activistas humanitarios, para quienes la sentencia 'rompe con el muro de la impunidad' que impera en Guatemala.