Reforma fiscal: floja y potente

No hay nada seguro en esta vida, salvo la muerte y los impuestos, decía Benjamin Franklin. Habrá que dejar la muerte para otro día, porque de lo contrario el periodismo acaba convertido en una escoba voladora. Y quedarse en esos impuestos que, por seguir con aquel político norteamericano, son una de las grandes razones por las que Estados Unidos se independizó del Reino Unido: hay pocas cosas que levanten más pasiones desde el punto de vista ideológico, que es otra manera de decir desde el punto de vista político, que a su vez es otra forma de hablar del mundo y sus monarquías.

Los impuestos, en fin: España necesita una reforma fiscal como el comer. Por un buen puñado de razones. Una: la presión fiscal (la relación entre ingresos tributarios y PIB, que es la forma canónica de comparar entre países) está cuatro puntos por debajo de la media europea, a la altura de varios países del Este y lejos de los grandes países europeos y no digamos ya de los escandinavos; no, con los datos en la mano España no es un infierno fiscal, a pesar de la propaganda. Dos: el Estado del bienestar español redistribuye poco, según el FMI, la OCDE, la Comisión Europea y cualquier institución que tenga un puñado de economistas decentes que no se hayan empachado de ideología y de dinero procedente de los lobbies (y no son pocos) que llevan décadas luchando contra los impuestos basándose en la ciencia que hace medio siglo quedó consagrada en una servilleta de cóctel (así, tal cual: busquen por ahí la famosa curva de Laffer, uno de los mayores gatos por liebre de la historia económica). Tres: España tiene un agujero endémico por el lado fiscal, con un abultado déficit estructural (el agujero en las cuentas públicas independientemente de que la economía vaya bien o mal) y una deuda pública que supera el 100% del PIB. Cuatro: cuando llegue una crisis, la economía española necesitará colchones fiscales, y está tan claro que esos colchones no son ahora todo lo mullidos que deberían como que, y esto es seguro, un día nos daremos de bruces con una buena crisis. Y cinco: vamos con retraso en los impuestos verdes, esenciales para mitigar los efectos del cambio climático, al igual que el mundo lleva lustros de retraso en gravar a las multinacionales, especialmente a las tecnológicas, que acaban de desembarcar en la Casa Blanca (lo que hace aún menos probable que eso termine llegando; cortesías de la era Trump-Musk).

Que España necesita una buena reforma fiscal lo dicen, en fin, todos los organismos internacionales. Y en casa lo subrayaron la veintena de expertos españoles de primer nivel que hace unos años escribieron un mamotreto (Libro Blanco sobre la reforma tributaria) de casi 800 páginas por encargo del Gobierno. Ese tamaño lo hace ideal como posavasos en el Ministerio de Hacienda, que lo publicó allá por 2022.

Ese novelón duerme el sueño de los justos. Porque el apaño que ha logrado sacar adelante el Ejecutivo no se parece prácticamente en nada a la que pedían esos expertos: para tener sobre la mesa una verdadera reforma fiscal habría que retocar a conciencia el IVA y el IRPF, las dos grandes figuras tributarias, además de la fiscalidad verde. Y no hay consenso para tanto.

En realidad no hay consenso para casi nada. Y eso convierte en floja esta reforma fiscal desde el punto de vista técnico, pero a la vez le da quilates desde el punto de vista político. En plata: la pseudorreforma aprobada ayer en el Congreso recorre apenas unos metros en la dirección correcta, cuando la carrera son los difíciles 400 vallas. A cambio, tampoco da un solo paso atrás. A pesar de los pesares.

La reforma establece un tipo mínimo del 15% para las multinacionales, como exigía Bruselas. Elimina el fraude multimillonario en los hidrocarburos. Remienda la fallida reforma del Impuesto de Sociedades que hizo el Gobierno de Rajoy. Sube el impuesto sobre las rentas del capital, y los impuestos al tabaco y al vapeo. Se quedan fuera la subida del IVA de los apartamentos turísticos, las subidas fiscales a las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis), a los seguros, al diésel y el nuevo impuesto a los bienes de lujo. Y se diluyen los impuestos a las energéticas y a la banca para regocijo de las patronales, bancos, grupos energéticos y demás lobistas, que han usado todo tipo de ardides en plena negociación. Pero al menos se mantienen.

Los partidos sacan adelante de esa manera una reforma que queda alicorta desde el punto de vista técnico. Pero que a la vez es un avance notable desde el punto de vista político. Por las dificultades asociadas a la aritmética parlamentaria y a la feroz polarización de la política española, que convierte cada propuesta legislativa en algo a medio camino entre una agonía caótica y una caótica agonía. Y porque señala el camino de los Presupuestos y de una legislatura que tiene pinta —lo más seguro es que quién sabe, dice el refrán caribeño— de ser larga.

España sale del paso con ese paquete lleno de retales, parches, emplastos y remiendos. En principio, eso será suficiente para dejar atrás la multa de Bruselas al subir el tipo mínimo de las grandes empresas. Veremos si lo será también para liberar el quinto tramo de los fondos europeos, más de 7.000 millones extra. El Gobierno, además, tiene algo de colchón fiscal porque la economía crece al 3% y los ingresos van viento en popa. Pero a la corta, a pesar de los retales, de la no multa, del Next Generation y de ese colchón, puede haber un agujero mayor del previsto en el déficit de 2025.

Y a la larga queda esa sensación de oportunidad perdida: esta no es la reforma fiscal que necesita la economía española. A la larga, en fin, no hay nada seguro, salvo la muerte y los impuestos. Parafraseando a un expresidente de la Comisión Europea: en La Moncloa sabían lo que había que hacer, una auténtica reforma tributaria; lo que no saben, ni en La Moncloa ni en todo el hemisferio occidental, es cómo demonios pactarla, y sobre todo cómo ganar las elecciones después de hacerlo y no morir en el intento.