Ante la "reforma"

Coincide la aparición primera de EL PAIS con momentos singulares de la convivencia española. Desde la muerte del general Franco, y quizá antes, desde el asesinato del presidente Carrero, nuestro pueblo permanece en una constante y prolongada expectativa de cambio político que no acaba de producirse. Cuantos experimentos se han hecho desde el poder en los últimos dos años para tratar de asumir las profundas transformaciones operadas entre los españoles e integrarlas en el régimen vigente han fracasado.La iniciativa reformista que el Rey asumiera en los tempranos días de su llegada al Trono parece condenada a similar destino, dada la actitud del gabinete ministerial. La pérdida de credibilidad de la política gubernamental es, nos tememos, definitiva. Y ni el reciente discurso del presidente Arias ni las promesas, siempre incumplidas, de democratización consiguen ya prender en la esperanza de los españoles.

No es cuestión de impaciencia. Este país lleva esperando cuarenta años -exactamente desde el comienzo de la guerra civil- la normalización de su convivencia política. Este país, cuyas tres cuartas partes de la población no participaron en aquella contienda fratricida, busca inútilmente, por lo mismo, desde hace casi medio siglo unas formas de vida civilizadas y modernas que le permitan encontrar en el concierto de las naciones el lugar que por historia y por derecho le pertenece. Y la espera contenida del pasado, preñada de ilusiones cuando se pensaba en fechas como las que ahora vivimos, se ha visto repetidamente defraudada.

En este primer número de un periódico que nace al amparo de una convicción irrenunciablemente democrática, hay que decir que la reforma política anunciada ni satisface las exigencias mínimas que el respeto a los principios de la democracia y de la libertad exigen, ni puede lograr la adhesión de las nuevas generaciones de españoles.

El reformismo del poder ha naufragado porque no ha sido sincero. En una palabra: porque no ha sido verdadera y realmente reformista. Las esperanzas de un tránsito lineal entre la dictadura de antaño y un sistema democrático han sido siempre pocas; resultaban no obstante plausibles por el deseo de los españoles, repetidas veces demostrado, de encontrar soluciones a una situación sin salida como la provocada por el antiguo régimen. Pero para que la dialéctica de la reforma hubiera podido anular con convicción a la dialéctica de la ruptura, tenía que haber comenzado por el reconocimiento de que las metas de una y otra tienen que ser en cualquier caso parejas: la instauración de una democracia real en nuestro suelo, con el reconocimiento de las libertades individuales y del derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes a través del sufragio universal. La reforma que el Gobierno quiere vender hoy a la opinión viene sólo a defender privilegios e intereses de grupo que nos hablan de la continuidad de un pasado sin horizontes.

Quizá todavía sería hoy posible una estrategia de reforma, a condición de que fuera otro gobierno el que la emprendiera y tuviera credibilidad entre los ciudadanos. De otro modo, cuando el Presidente anuncie calendarios y programas parecerá que establece un turno ordenado para cometer errores inútiles. No es un prejuicio esto que decimos. Las líneas conocidas de las leyes políticas enviadas a las Cortes hacen subsistir el antiguo aparato burocrático y político del Régimen y del Movimiento bajo la capa medrosa de un nombre venerable, el de Senado; solución esta que no soluciona nada y no satisface a nadie. La existencia de una Cámara Alta con facultades colegislativas de hecho superiores a las de la Baja -elegida por sufragio universal- y con funciones similares al actual Consejo Nacional en lo que respecta a la salvaguarda de las Leyes Fundamentales; la permanencia de los cuarenta consejeros de Ayete -designados por Franco- con carácter vitalicio; la de unos senadores elegidos por representación sindical, con la ambigüedad que supone el legislar tal cosa sin que se tenga noticia previa de cómo va a articularse la propia reforma de nuestros sindicatos; y la existencia final de un Comité de Vigilancia del Senado con notable presencia de senadores de designación franquista y con altas atribuciones sobre todo, el cuerpo legislativo, son ejemplos de que las «soluciones» del gobierno Arias están teñidas de caetanismo y, por tanto, de inutilidad cara a un futuro no lejano. Si añadimos a ello que existe una propuesta para que los principios Fundamentales del Movimiento no sean reformables ni a través de Reférendum, que el antiguo Secretario General del Partido permanece en el gabinete bajo la denominación de Ministro Secretario General del Gobierno, y que finalmente este no es responsable para nada ante una Cámara Baja elegida por sufragio universal -que lógicamente es quien debe representar la voluntad de los ciudadanos- podrá entenderse hasta qué punto la reforma está condenada al fracaso. Porque no ha consistido en una verdadera reforma. Pero amenaza además con arrastrar en su caída a toda otra posibilidad de reformismo auténtico que pudiera haber contado con un asentimiento generalizado.

Y esto es cuanto queríamos decir en nuestro primer día de existencia. Si como saludo resulta intemperante, acéptese al menos como inicial impresión de un diario recién nacido que, apenas abre los ojos y mira en torno suyo, no tiene otro remedio que pronunciar de nuevo las palabras de Ortega, tan entrañables para nosotros: Desde luego, señores «no es esto, no es esto».