El exdirector de la Spri achaca su agujero a la crisis inmobiliaria

El exdirector de la Spri y expresidente del Consejo de Administración de Sprilur, Mauri Lazkano, atribuyó ayer a la crisis inmobiliaria parte del agujero millonario en las cuentas ocasionado por la operación de compra de terrenos de Santurtzi investigada por la justicia. Sprilur estima en 3,1 millones de euros el quebranto económico causado por la compra de unos terrenos a un familiar de un dirigente del PNV cuando no había ningún plan para edificar allí un proyecto industrial. También atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido al entonces director de Sprilur, Antton Zubiaurre.

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria del caso De Miguel, Lazkano destacó que lo ocasionado en este caso no era una pérdida patrimonial, sino una pérdida contable. Quiso recalcar que la crisis inmobiliaria también influyó. Incluso recordó como los pisos en general habían perdido valor en 2011 con respecto a 2007. Zubiaurre, ha sido citado por el Juzgado de Instrucción número ocho de Bilbao como imputado por un delito de malversación de caudales públicos.

Aunque dijo que probablemente esté en algún plan de gestión, Lazkano afirmó no recordar si la operación llevada a cabo en 2007 figuraba en el plan del año anterior. Excargos de Sprilur explicaron que la única noticia que tuvo el consejo de administración de la compra de Santurtzi fue cuando fue informado en 2006 de la realización de estudios de viabilidad. Al año siguiente, con la operación ya cerrada, se puso en conocimiento del consejo la compra de una reserva de suelo estratégico por un valor que supera los cuatro millones de euros. La compra tampoco contaba con el beneplácito del equipo técnico de Sprilur.

Cerca de 460.000 euros de la compra en Santurtzi fueron pagados con un talón al portador, una práctica poco habitual en las transacciones con las Administración pública. El cheque acabó en manos del intermediario de la operación, el entonces administrador de Avalancha Proyectos, J. F. D., quien también compareció ayer ante la Cámara. En su declaración, el implicado atribuyó la diferencia entre el importe del talón cobrado y el apunte realizado en las cuentas de la empresa -unos 60.000 euros- a cuestiones contables de la compañía.

El tercer citado ayer era Sergio Fernández Oleaga, imputado por su vinculación con un presunto intento extorsión en torno a la ampliación del parque tecnológico de Miñano. El también administrador de Stoa ya declaró abril pasado.