Las cajas mantiene la opacidad en las retribuciones a sus consejeros

La controversia generada por los millonarios bonus de Caja Madrid al antiguo equipo directivo, una prima que al final ha sido anulada por la actual dirección de la caja, ha traído de nuevo al primer plano la especial política de remuneración de estas entidades. A diferencia de la banca, que ofrece datos desglosados de lo que cobra cada consejero y de las respectivas aportaciones que realizan a los planes de pensiones, las cajas mantienen su opacidad y no dan cifras detalladas de lo que anualmente se llevan cada uno de sus ejecutivos. Algunos gestores financieros consideran que las retribuciones son una herramienta clave de la gestión y que el conocimiento público de estos datos les hace vulnerables.

Esta práctica, sin embargo, tiene los días contados ya que la nueva Ley de Economía Sostenible, que hoy se aprueba definitivamente, incluye medidas para aumentar la transparencia en las retribuciones a sus consejeros de todas las entidades independientemente de sean bancos o cajas. Según reza en su artículo 25: "Las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión aumentarán la transparencia en sus políticas de remuneración, y la coherencia de las mismas con la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva".

De esta forma, sitúa a estas entidades al mismo nivel que las empresas cotizadas, a las que también se les exige un plus de transparencia en sueldos con la nueva Ley de Economía Sostenible. Incluso el Gobierno ha ido más lejos. En el texto dice: "En el caso de las cajas de ahorros, estas obligaciones deberán cumplirse también en relación con los miembros de la Comisión de Control".

Sin embargo, la imposición por ley de estas prácticas no ha sido necesaria para convencer a todos los bancos de publicar con detalle los sueldos de sus altos cargos, que ya los publican a instancias del Banco de España desde principios de 2010. Además, los salarios deben ser aprobados por la junta de accionistas.

Con la excepción de La Caixa, en el caso de las cajas, sin embargo, no hay tal transparencia y, al no tener accionistas -de momento- no hay opción de someter estos sueldos a la aprobación de ninguna junta. Así, simplemente se aprueban en asamblea los informes de Gobierno Corporativo. En este tipo de documentos, la actual normativa solo obliga a las cajas a publicar grosso modo lo que reciben sus consejeros, entre los que se encuentran políticos y personas de confianza de los respectivos Gobiernos autonómicos, sin concretar lo que cobra cada uno de los integrantes de sus órganos de dirección.

A modo de ejemplo, ayer publicó su informe corporativo Bancaja, que ha decidido integrarse con Caja Madrid y otras cinco cajas de ahorros a través de un sistema institucional de protección (SIP) en el que el vehículo será el Banco Financiero y de Ahorros. En el texto, la entidad informa de que los responsables de alta dirección de la entidad cobraron 3,6 millones de euros en 2010 y recibieron otros 1,3 millones en concepto de aportaciones a planes de pensiones o seguros de vida. Por su parte, los 20 miembros de su consejo de administración cobraron 109.000 euros en concepto de dietas por asistir a las reuniones, lo que supone de media 5.450 euros por persona.

Hoy también ha publicado su informe Caja Madrid. Según el documento remitido a la CNMV por la entidad, los sueldos y otras remuneraciones análogas recibidas por sus altos ejecutivos alcanzaron en 2010 los 17,2 millones de euros. Además, en concepto de aportaciones a planes de pensiones o similares han recibido 497.000 euros y, por dietas, los miembros del consejo de han embolsado 1,8 millones de euros.