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red de expertos planeta futuro
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Reformas necesarias para implementar los ODS

Es importante alejarnos de dos tentaciones: dedicar los siguientes meses (o años) a preparar libros blancos, y asumir que esta es una agenda de política exterior de ayuda al desarrollo

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proyectados sobre el edificio de la ONU.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proyectados sobre el edificio de la ONU. Cia Pak (UN Photo)

En un reciente artículo y en otras publicaciones argumentábamos que la nueva agenda internacional de desarrollo sostenible ofrece a España una oportunidad para construir un proyecto de futuro. Concluíamos que para ello haría falta tomar medidas de gran calado, pero abordables con la voluntad política y el consenso necesario.

En este artículo propongo un conjunto de medidas que una agenda de cambio, reformista y de progreso debería incorporar para hacerlo posible, sumándome a otras contribuciones sustantivas, algunas de ellas también publicadas en Planeta Futuro. Lo haré desde la perspectiva que me aporta el privilegio de formar parte del equipo encargado de facilitar la formulación de la Agenda 2030 y del proceso de negociación en las Naciones Unidas. Pero también desde la experiencia de planificación y gestión de las políticas para el desarrollo en España que adquirí como subdirector general en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) entre 2006 y 2011, que me aporta el reality check de lo que es necesario y factible hacer en España.

La experiencia en la Oficina del Secretario General de la ONU me ha permitido contrastar hasta qué punto la Agenda 2030 “va en serio”: la implicación de la Unión Europea a través del Parlamento y del colegio de comisarios, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Mogherini y el vicepresidente Timmermans; la implicación de la Casa Blanca: Estados Unidos se compromete a alcanzar los ODS”, afirmó el presidente Obama en la Cumbre; el creciente número de países que ya están adaptando sus políticas e instituciones a los ODS y cuyos Ministros se han presentado voluntarios para contrastar sus planes en Naciones Unidas en julio: Francia, Alemania, México, Marruecos, Perú, Togo, Uganda… son sólo algunos indicadores.

Algunos elementos emergen ya como tendencias comunes para el éxito. Sobre todos ellos, liderazgo político al más alto nivel y estructuras institucionales de seguimiento e implementación directamente dependientes del jefe de gobierno, con capacidad de coordinar al resto de ministerios y con presencia en los consejos de ministros.

La Agenda 2030 difumina la línea divisoria entre política doméstica, exterior y ayuda al desarrollo

Esto es así porque la Agenda 2030 difumina la línea divisoria entre políticas domésticas, política exterior y política de ayuda al desarrollo. Por ello, es necesario definir una nueva política pública con identidad propia y diferenciada: Una Política Para el Desarrollo Global Sostenible, donde el término global incluye lo interno y lo externo, lo doméstico y lo internacional, y a los diferentes actores.

Sin ánimo de ser exhaustivos, estas son ocho medidas que son factibles, necesarias y suficientes para articular esta nueva Política Para el Desarrollo Global Sostenible en España.

  1. Crear un Ministerio de Desarrollo Sostenible, con rango de Vicepresidencia del Gobierno, encargado de formular y desarrollar esta Política para el Desarrollo Global Sostenible. Como vicepresidencia, dará coherencia a la contribución de las políticas públicas del estado a los ODS y coordinará horizontalmente al resto de Ministerios y entes públicos, representando a España en el proceso de rendición de cuentas previsto en la Agenda 2030. Como alternativa., estas competencias podrían asignarse a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de la Presidencia, pero el ministerio propuesto puede perfectamente basarse en las estructuras existentes de ministerios de medio ambiente o de igualdad, que han existido en otras legislaturas, sin incrementar costes.
  2. Aglutinar las competencias y las capacidades en desarrollo global sostenible de la administración general del estado bajo este Ministerio-vicepresidencia, maximizando las sinergias. Asignar la planificación, gestión, seguimiento y evaluación del 100% de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Administración General del Estado a este Ministerio. Este Ministerio aglutinaría las unidades administrativas que en la actualidad ejercen funciones de cooperación internacional o de desarrollo sostenible dispersas en diferentes ministerios, y muy en particular las actuales SECI, la Oficina de Cambio Climático, y las direcciones generales y las subdirecciones existentes que realizan cooperación internacional en diversos ministerios. Este enfoque conllevaría pocos o ningún coste adicional, pudiendo incluso generar importantes ahorros, incrementando muy notablemente la eficacia y la eficiencia de la Administración.
  3. Alcanzar un pacto de estado para la Agenda 2030. La Agenda 2030 requiere de estabilidad a largo plazo. Sin un acuerdo de todas las fuerzas políticas y fuerzas sociales, estable y suscrito por sus líderes, alrededor de esta visión de futuro, será difícil alcanzarla.
  4. Elaborar una nueva Ley de Desarrollo Sostenible. Será imprescindible que una nueva ley “trasponga” la Agenda 2030, y que recoja la integración de los ODS en el resto de instrumentos legislativos y políticas públicas. Esta Ley, idealmente ley orgánica, reflejaría un acuerdo de estado. Una nueva ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, que reemplace a la muy exitosa Ley de 1998, debería concebirse en este marco.
  5. Establecer los incentivos y la carrera profesional adecuados. En el contexto de la nueva Ley deberá abordarse la creación de incentivos necesarios para crear una carrera profesional en este ámbito. Un sistema de acreditación similar a la establecida para el personal laboral o funcionario docente universitario e investigador, que habilite para acceder a la función pública y que fomente la movilidad, podría ser adecuado.
  6.  Institucionalizar la Agenda 2030 en el Parlamento, y en sus equivalentes autonómicos y municipales. Consolidar un debate anual en los plenos donde se aborde el informe que España presentará como parte de los nuevos mecanismos internacionales de rendición de cuentas. Una nueva Comisión para el Desarrollo Sostenible podría integrar miembros del resto de comisiones clave.
  7. Asegurar el cumplimiento de los compromisos en materia de financiación para el desarrollo. Será necesario restablecer de inmediato un esfuerzo de AOD que nos acerque al esfuerzo medio de países de la OCDE (Irlanda, por ejemplo), así como un plan creíble para alcanzar el 0,7%. La AOD debería reorientarse estratégicamente para servir de palanca para movilizar todas las fuentes de financiación pública y privada del desarrollo, domésticas e internacionales. La reforma del FONPRODE para hacer este de éste un instrumento eficaz es imprescindible.
  8. Establecer los incentivos a las empresas españolas para su tránsito hacia modelos de negocio sostenibles y su rendición de cuentas, de forma que puedan posicionarse estratégicamente en una economía donde la competitividad se basará cada vez más el alineamiento con los ODS.

Es importante alejarnos de dos tentaciones que podrían llevarnos por el camino equivocado: dedicar los siguientes meses (o años) a preparar libros blancos, y asumir que esta es una agenda de política exterior de ayuda al desarrollo que debe desarrollar el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los odres viejos se rompen con vino bueno o nuevo, o lo hacen malo.

La entrada en vigor de la Agenda 2030 coincide con el inicio de una nueva era de la democracia en España. No dejemos pasar esta oportunidad.

Gabriel Ferrero es asesor senior en planificación de la Agenda 2030 en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas desde 2012 y fue Subdirector General de políticas para el desarrollo en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional entre 2006 y 2011.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusive de su autor, y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las Naciones Unidas o sus estados miembros.

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