La conquista de los derechos a golpe de quejas y denuncias

La recién presentada memoria del Defensor del Pueblo 2015 pone de manifiesto que la Administración Pública puede estar vulnerando Derechos Humanos por la falta de transparencia y por los errores en la tramitación de ayudas sociales. La carencia de previsión adecuada, la falta de medios técnicos y las demoras en la concesión de las prestaciones agravan mucho más esta situación. El reconocimiento de los servicios sociales como derechos fundamentales y la existencia de legislación estatal que garantice los servicios sociales es el camino adecuado para garantizar los derechos sociales y la dignidad, aunque sea a golpe de quejas al Defensor del Pueblo.

Cuestiones como la necesidad de garantía alimentaria, la efectividad del Grado I de la dependencia o la inspección de residencias han sido denunciadas en los medios de comunicación colocando la necesidad de garantizar la dignidad de las personas afectadas en la agenda pública. El Defensor del Pueblo asegura haber admitido a trámite el año pasado el 61,4% de las quejas, dando prioridad a infancia y dependencia por entender que tienen una vinculación servicios imprescindibles para garantizar la dignidad de las personas.

Al realizar un análisis pormenorizado de los motivos de las quejas se puede apreciar que muchas de ellas tienen que ver con la escasez de medios adecuados para abordar las necesidades sociales, pero otras tienen su origen en una mala gestión y opacidad a la hora de informar de los datos. En este segundo grupo se pueden incluir las quejas recibidas en el sistema de dependencia a causa de la falta de exposición de las listas de espera para percibir las prestaciones y servicios. También se trata de casos donde no se informó de los cambios de tasas del copago. O de la aplicación de oficio del Grado I sin saber si se ha hecho el trámite de audiencia a las personas usuarias.

Es causa común la falta de previsión presupuestaria para los servicios sociales por parte de las Administraciones públicas. Un claro ejemplo de ello lo constituyen los presupuestos para dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y otro son las cuantiosas reclamaciones a las comunidades autónomas por falta de pago y de abono por los retrasos sufridos a la hora de percibir las cuantías económicas y servicios. En el caso de Madrid se solventa la situación de falta de centros y servicios sustituyéndolos por una prestación vinculada al servicio, es decir, concediendo un cheque-servicio a falta de centros para las personas usuarias de la dependencia.

La discriminación a personas con discapacidad desde la propia  Administración pública son inadmisibles

Por otro lado, resulta increíble el retraso de aplicación de la ley debido a las diferentes interpretaciones por parte de cada comunidad autónoma. Así ha ocurrido con el Grado I de dependientes moderados del sistema de dependencia. Debería haberse hecho efectiva su incorporación generalizada el 1 de julio de 2015 y no ha sido así, ya que se han incorporado los que estaban recibiendo algún tipo de atención de dependencia en servicios sociales municipales.

Pobreza infantil

Por otra parte, en el informe también se pone de manifiesto la incapacidad del propio Defensor del Pueblo para poder medir la envergadura del problema de la garantía alimentaria a la infancia, debido a la falta de transparencia de las Comunidades Autónomas para aportar los datos. Asimismo, se mencionan recursos de la Administración General del Estado para paliar esta situación que son anecdóticos por su escasa dotación presupuestaria. Es el caso del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de servicios sociales que ha sido recortado en casi un 70% en los últimos años.

También menciona la gestión del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) como otra de las acciones puestas en marcha. Desde el trabajo social hemos venido denunciando la falta de profesionalización a la hora de realizar la valoración de las familias y el tinte benéfico-asistencial de esas acciones que dejan de lado al Sistema Público de Servicios Sociales y con ello el reconocimiento de derechos sociales y trato con dignidad.

Rentas Mínimas de Inserción

Una vez más, los retrasos en la concesión de una prestación aparecen como un fantasma en el caso de las Rentas Mínimas de Inserción, llegando en algunos casos a ser 18 los meses de espera para poder percibirlas. Se explica como un logro su reducción a cuatro meses, pero hay que tener en cuenta que las familias que solicitan esta renta no tienen ningún ingreso por lo que se trataría de un trámite de inmediata necesidad.

Mientras todo esto ocurre, nadie explica cómo se va aplicar la Reforma Local en los Servicios Sociales Municipales, mientras las recomendaciones del Defensor del Pueblo en muchas ocasiones es de reforzar el personal de los servicios sociales, ya que recae sobre ellos una fuerte carga de trabajo y una manifiesta falta de personal para realizar adecuadamente los trámites de solicitud, la gestión de los recursos y la tareas de acompañamiento y elaboración y seguimiento de los planes de intervención con las personas usuaria. Esta situación es reconocida en el informe como uno de los problemas más recurrentes a justificar por parte de las administraciones públicas.

Es increíble el retraso de aplicación de la ley debido a las diferentes interpretaciones por parte de cada comunidad autónoma

La memoria presentada por el Defensor del Pueblo coincide con los datos que arroja el segundo informe de servicios sociales del Consejo General del Trabajo Social (II ISSE) en cuanto a la mala gestión del Gobierno de la crisis en los últimos años: en una situación de aumento de las necesidades sociales, riesgo de pobreza y exclusión social se han aplicado medidas de austeridad que han empeorado la situación. Algunas de estas medidas son los recortes sociales y modificación de normativas que a su vez han motivado que se pongan a la cabeza las quejas ante el Defensor del Pueblo relacionadas con situaciones de necesidad y lucha contra la pobreza, dejando en un segundo plano las relacionadas con la atención a la dependencia o la protección a las familias. Así lo muestran los datos de la memoria presentada, donde se explica que el 52% de las quejas en el ámbito de la política social de los últimos años están relacionadas con situaciones de necesidad y lucha contra la pobreza. El 15% se refiere a personas en situación de dependencia o a la protección de las familias, un 10% a las personas con discapacidad y un 6,6% a protección de personas mayores.

Las administraciones incumplen la ley

Se puede decir que en España existe cuantiosa legislación sobre políticas sociales, pero que es la propia Administración pública la que la incumple en contadas ocasiones. De las 136 resoluciones realizadas de supervisión a la tarea de las Administraciones públicas que se han llevado a cabo en 2015 por la Defensoría del Pueblo, casi el 30 % de ellas se refieren a recordatorios de cumplir deberes legales, siendo las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha las que han presentado mayor número de tramitaciones. Así el informe admite que en 2015 se han dictaminado 77 recomendaciones, 19 sugerencias y 40 recordatorios de deberes legales.

Cuestiones como la falta de accesibilidad y la discriminación a personas con discapacidad desde la propia administración pública son claramente inadmisibles a estas alturas, por no mencionar que uno de los efectos más graves de los incumplimientos legales de los que existen quejas es que muchas personas en situación de dependencia que habían sido valoradas han fallecido esperando sin recibir las prestaciones que les correspondían, aunque ya se hubiera formulado la propuesta de Plan Individualizado de intervención (PIA) y esta hubiera sido aceptada por la persona beneficiaria.

Por todo ello, hay que seguir luchando para que los Servicios Sociales Públicos sean reconocidos como derecho fundamental. Este informe demuestra que el reconocimiento de derecho subjetivo en las políticas sociales tiene un efecto positivo a la hora de exigir su cumplimiento, ya que el mayor número de actuaciones resueltas tras la intervención del Defensor del Pueblo se refieren a casos de dependencia.

Ana Isabel Lima es presidenta del Consejo General del Trabajo Social