Una ley "fantasma" para reprimir más en Egipto

No es inusual que aquellos que sufrieron la persecución bajo un sistema político, una vez en el poder, se apropien de los antiguos métodos y los utilicen contra sus adversarios. Eso es lo que ha sucedido en Egipto con la llamada Ley de Reunión, promulgada por las autoridades coloniales británicas en 1914 para reprimir cualquier movilización de tipo nacionalista durante la I Guerra Mundial. Más de un siglo después, la norma ha resucitado con fuerza, convirtiéndose en la piedra angular del sistema represivo del brutal régimen del mariscal Abdelfatá al Sisi.

El Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), junto a 23 abogados y activistas, ha interpuesto una demanda ante la justicia egipcia para suspender esa funesta ley y la publicación de su derogación en la gaceta oficial del Estado. Y es que, según el informe del CIHRS, la legislación ya fue anulada en 1928 por ambas cámaras del Parlamento egipcio. Sin embargo, el rey Fuad no quiso hacerlo público en la gaceta oficial, por lo que los regímenes posteriores, incluso el nacionalista fundado por Nasser en 1952, la han utilizado para reprimir a los disidentes.

De acuerdo con el informe, los jueces suelen sumar en sus sentencias las penas de cárcel recogidas en la Ley de Manifestación y la de Reunión, por lo que el régimen “es capaz de castigar a los ciudadanos más severamente por reunirse pacíficamente de lo que lo hacían las autoridades coloniales hace un siglo”. La controvertida norma, que prohíbe la congregación de cinco o más personas en el espacio público o privado si constituye una amenza al orden público, se basa en el principio de “responsabilidad compartida”.

Por tanto, si en una manifestación se producen altercados o la destrucción de la propiedad pública es posible castigar con la misma pena a todos los que tomaron parte en el acto aunque no fueran sus autores materiales. En el mismo saco caen incluso aquellos que convocaron la concentración aun cuando no asistieran. Por eso, es “la causa número uno” de la condena de decenas de miles de egipcios a penas de hasta 20 años de cárcel desde 2013.