ERC ultima la enmienda para reformar la malversación recuperando la modalidad previa a la reforma del PP en 2015

Finalmente sí habrá una propuesta para que la reforma del Código Penal que se debatirá en el Congreso también alcance al delito de malversación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes que estudiará el cambio que, según adelantó, presentará ERC en forma de enmienda y que busca volver a poner el ánimo de lucro como centro del delito. Se trata de una contrarreforma en toda regla, pues el Ejecutivo del PP en 2015 aprovechó su mayoría absoluta para englobarlo todo bajo el concepto de administración desleal de patrimonio, subiendo también las penas. La gran duda ahora es cómo los republicanos catalanes lograrán que el cambio mejore la situación en los casos relacionados con el independentismo, pero no suponga rebajas de penas a otros condenados. Esta es la principal crítica que tanto oposición como dentro del mismo PSOE hacen al eventual retoque.

Sánchez hizo el anuncio durante una conversación informal con periodistas tras el acto oficial por el Día de la Constitución, que este martes cumplió 44 años. Dentro de las filas de ERC había cierta sorpresa, por el tono casi entusiasta que han percibido del presidente del Gobierno y que contrastaba con la contención republicana mostrada en los últimos días. “El posicionamiento de ERC es el de ser exigentes con todo lo relacionado con la reforma del Código Penal, como siempre somos. Hasta el último minuto”, había asegurado el pasado lunes la portavoz de ERC, Marta Vilalta, sin revelar cómo llegaría la propuesta a la Cámara baja.

En los últimos días, las señales sobre el avance de la reforma de la malversación eran contradictorias. El apoyo a la abolición de la sedición logró ampliarse pese a las críticas de la derecha sobre los beneficios a los independentistas y no abrió en canal al PSOE. Pero el ambiente había vuelto a enrarecerse por cómo estaba afectando la aplicación de la ley del solo sí es sí en las rebajas de penas a agresores sexuales. Más allá de la refriega política, se encendieron las alarmas para que las reformas fueran abordadas con más cuidado. A ello se añadieron las quejas de los movimientos sociales sobre la nueva figura de desórdenes agravados, que aseguran que afectan el derecho a la manifestación. En Comú, el partido de Ada Colau, ha tenido que asumir la revisión a fondo y se ha limitado a decir que vería con buenos ojos un cambio que, sobre todo, no implique impunidad en casos ya juzgados.

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Vilalta, el lunes: "Seremos exigente hasta el último minuto"

Pero pese a esa maraña, las negociaciones para tocar la malversación seguían alejadas de los focos. Dentro de las filas republicanas entienden que el éxito de la maniobra con la sedición pasó por aplicar la política de discreción absoluta y evitar las salidas de tono en público. Ahora siguen la misma senda. Las críticas sobre el cambio también afloraron, incluso en el seno del PSOE, pero el Gobierno y ERC tenían claro el foco e insistían en que el cambio sería de precisión quirúrgica: deshacer la modificación que el Ejecutivo de Mariano Rajoy sacó adelante en 2015 apoyado en su mayoría absoluta. Acorralado ya por varios casos como el de la trama Gürtel, los conservadores optaron entonces por reforzar la figura de la malversación, yendo más allá del requisito del ánimo de lucro para incluir también el desvío de fondos públicos a fines ilícitos. Desde entonces, las penas alcanzan hasta los 12 años en los casos más graves. Se trata de condenas menos proporcionales a las que recogen los códigos penales de países vecinos y donde, además, sí hay una diferenciación clara entre las penas en función de si hay ese lucro personal o no. Este argumento de armonización legislativa se asemeja también al que se usó para justificar la desaparición de la sedición.

Los líderes del procés, como Oriol Junqueras, fueron condenados también por malversación por el Tribunal Supremo y de ahí el interés de los republicanos en lograr una modificación que les sea beneficiosa. Algo que también podría tener efectos sobre la situación del expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica de la justicia española, y de un rosario de altos cargos de ERC y Junts pendientes de juicio por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Una de las críticas del independentismo a la sentencia del Supremo (que sumaría otra revisión, además de la derivada por la abolición de la sedición) es que los magistrados no se limitaran a dar por consumada la malversación solo si se prueba el menoscabo en el erario público. Hicieron una valoración más amplia para que se considerara punible, por ejemplo, la mera voluntad de intercambio contractual. Con el cambio en el Código Penal también se quieren acotar estos problemas interpretativos.

Aunque hubiera cierto acuerdo sobre el espíritu de la reforma (el propio Sánchez defiende que permite redondear su apuesta por desjudicializar el contencioso con el independentismo), cómo soslayar los efectos sobre condenas ya existentes sigue siendo el gran enigma. Diferenciar las penas en función de si hay lucro o no y cómo delinear que lo haya a terceros (por ejemplo, un partido político) es un trabajo de filigrana jurídica y ERC es quien, según el anuncio del presidente, terminará retratándose a la hora de presentar la iniciativa.

El desarrollo de los hechos guarda paralelismo con la forma en que se comunicó el mes pasado la decisión del Gobierno de abolir la sedición. Entonces estaba pactado que Sánchez hiciera el anuncio formal, que después avalaría el president Pere Aragonès y que ambos venderían como el mayor logro de la mesa de diálogo hasta el momento. La diferencia es que el impulso parlamentario en el primer caso lo asumieron los grupos que dan apoyo al Gobierno. ERC quería que volviera a ser así, pero ha tenido que ceder. Los republicanos siempre han insistido en que quieren una amnistía para los encausados por el procés, pero la suma del efecto de los indultos a los exconsejeros condenados, la abolición de la sedición y los cambios en la malversación llega casi a tener las mismas consecuencias.

Hasta que se conozca la literalidad de la propuesta, seguramente el viernes, no será posible asegurar, como defiende el Gobierno, que no habrá mejoras para casos como el del socialista José Antonio Griñán. El expresidente de Andalucía, condenado a seis años por malversación en el caso de los ERE, no obtuvo lucro alguno del desvío de esos fondos, un caso que muestra la complejidad del alcance de la reforma. La cesión de ERC implica en el fondo hacerse con la paternidad de lo que propone la enmienda, aunque sea fruto de un pacto a varias bandas. Y asumir los costes políticos si los hubiera.

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