Crónica de un abuso de poder anunciado

El magistrado Alberto Jorge Barreiro ha llegado a la conclusión, después de una instrucción de siete meses y medio, de que los dirigentes de la Junta de Andalucía, tuvieron una participación activa desde el comienzo, el año 2000, en aprobar “importantísimas partidas de dinero destinadas en consejos de gobierno a ayudas/subvenciones sociolaborales y a empresas a sabiendas de su procedencia ilícita”.

En su exposición razonada el propio magistrado nos muestra el itinerario de sus reflexiones a medida que avanzaba la instrucción. Es cuando en la página 125 explica su conclusión.

“Sin necesidad, pues, de entrar a dilucidar en el presente caso una autoría por inducción ni una posible autoría mediata de los dirigentes de la Junta (excluida Mar Moreno), lo cierto y acreditado indiciaria y provisionalmente es que realizaron una conducta activa patente (no se precisa pues acudir a una autoría de comisión por omisión por ser garantes lo que bajo su jerarquía de mando se estaba haciendo) conducta consistente en aprobar importantísimas partidas de dinero en Consejo de Gobierno con el fin específico de que se destinaran a las ayudas/subvenciones sociolaborales y a empresas a sabiendas de su procedencia ilícita”.

Tanto en la exposición razonada a la sala, que no es recurrible, como en el auto de imputación de José Antonio Griñán, que si es susceptible de recurrir, el magistrado Alberto Jorge Barreiro defiende en su instrucción las principales conclusiones de la juez Mercedes Alaya.

El magistrado realiza una reconstrucción de lo que podríamos llamar el huevo de la serpiente. Es decir: atraviesa la cáscara transparente del huevo durante el periodo de gestación y advierte la presunta ilegalidad del sistema de transferencias de financiación.

No puede cuantificar qué parte de los 854,8 millones de euros de ayudas concedidas han sido objeto de fraude , pero destaca “entrega de dinero a empresas que no procedía, ya sea porque no se hallaban en crisis o ya porque se preveía diáfanamente que el dinero no iba a ser destinado a reflotar la empresa; abonos de ayudas sociolaborales ilegales ya fuera porque los trabajadores ni siquiera pertenecían a la empresa, ya porque las cantidades concedidas superaban holgadamente las que procedían por ley; entregas de comisiones a entidades mediadoras de seguros que rebasaban de forma ostensible los porcentajes vigentes en el mercado; pagos a bufetes jurídicos por intervención profesional en algunos de los ERE a pesar de que los honorarios no correspondía abonarlos a la Junta de Andalucía; y entrega de dinero a los sindicatos mayoritarios sin un fundamento legitimador que, en principio, les apoye”.

Para el magistrado “en todos estos casos se estaba disponiendo de los caudales públicos en perjuicio de la Junta de Andalucía y en beneficio lucrativo ilícito de terceros”.

Alberto Jorge Barreiro hace una radiografía de una orgía política que solo puede explicarse a lo largo del dominio durante tantos años del poder de un partido, el PSOE, en Andalucía.

Aunque el magistrado no le pone nombre, sí lo describe: “Se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito por el sistema arbitrario aplicado”, señala.

Tampoco el interventor general, que iba informando a los dirigentes de los riesgos del sistema empleado, se salva en la acadabrante descripción. La descripción que hace el magistrado es muy sugerente sobre cómo actúan los interventores designados por los políticos y si pueden aquellos realizar un control eficaz cuando son nombrados discrecionalmente por el intervenido.

“El interventor actuó, pues, diligentemente cuando en una primera fase realizó claras advertencias sobre la ilegalidad del nuevo sistema, pero incumplió la norma cuando una vez que sus advertencias eran claramente desatendidas y además concurrían riesgos para el erario público con el nuevo sistema, no emitió pese a ello, el correspondiente informe de actuación”, señala.

Esta omisión, según entiende el magistrado, solo podría explicarse por el “dilema” al que se enfrentó el interventor. “O ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal que era el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno, pero teniendo que hacer denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente para el puesto de interventor; o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad (inútiles por lo demás), pero sin emitir informe de actuación, que fue la opción que finalmente adoptó”.

Aunque el magistrado es contenido a la hora de explicar las relaciones de la Junta con el parlamento andaluz viene a decir que este fue engañado (inducción al error) al aprobar las transferencias de financiación para canalizar las subvenciones.