Colombia camina hacia las urnas cada día más polarizada. Las desigualdades sociales, agravadas por la pandemia, han exacerbado aún más la ya habitual sensación de encono. La carrera presidencial es desde hace tiempo una pelea entre dos, el líder de las izquierdas, Gustavo Petro y el candidato de la derecha, Federico Fico Gutiérrez. Dos modelos opuestos. Es difícil encontrar a estas alturas de la campaña algo que una a la mayoría de colombianos, pertrechados en sus posiciones entre mantener el statu quo, que representa Fico, o adentrarse hacia el terreno de lo desconocido, con Petro, en un país en el que nunca ha gobernado la izquierda. Pero existe un elemento que une a una amplia mayoría. Ocho de cada diez personas nombra la corrupción como el mayor de sus problemas, por encima de la desigualdad y la pobreza, según una encuesta de 40dB para EL PAÍS.

La percepción de que no se juega limpio se extiende a todas las capas de la sociedad, desde pequeños sobornos para obtener beneficios en la vida cotidiana, nepotismo hasta en las más altas instituciones del Estado o entramados a gran escala que afectan a empresas privadas o públicas. La idea de una corrupción que lo entrampa cubre a todo el sistema de poder y hunde la valoración de las instituciones políticas, del presidente a los partidos. Los colombianos votarán el próximo 29 de mayo para elegir al sucesor de Iván Duque en medio de un enorme desencanto. El 80% de los encuestados asegura que no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país y el 60% se siente temeroso respecto al futuro político.

En una campaña electoral carente de propuestas concretas, la idea de acabar con la corrupción sale de forma intermitente de la boca de todos los candidatos. Los aspirantes de derecha a izquierda agitan la misma bandera, conscientes del rechazo que genera en una sociedad acostumbrada a los escándalos. El abuso de poder, el clientelismo y el uso indebido de fondos públicos está tan enraizado que en política se convierte en excepcional no estar involucrado en algún caso turbio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su informe sobre la corrupción en 2021, mantiene a Colombia con 39 puntos sobre 100, calificación en la que está estancada desde hace una década. El organismo estima que figurar por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios. Entre todos los países de la OCDE, solo México y Turquía tienen peores niveles de corrupción que Colombia.

Los brazos de la corrupción empañan también la credibilidad de las instituciones electorales, donde la compra de votos es una práctica que se considera habitual elección tras elección. Es una tema sobre el que se habla mucho, pero que se enfrenta poco. Uno de cada cinco encuestados asegura que en los últimos 12 meses ha recibido algún ofrecimiento de dinero u otro beneficio a cambio de su voto y un 28% reconoce que no lo ha vivido en primera persona, pero sí sabe de forma directa de algún caso. Eso significa que las mafias de compra de voto, algunos muy sofisticados y otros extremadamente simples, alcanzaron a la mitad de la población en el último año electoral. Colombia celebró elecciones legislativas el pasado marzo, una antesala de las próximas presidenciales.

En el sistema de fraude electoral a través de la compra de voto juegan muchas variables. Los inductores del delito se aprovechan de dos realidades fruto de las desigualdades y las brechas sociales que dividen al país. Por un lado, la pobreza, que en 2021 alcanzó al 42% de los colombianos. Por otro, el enorme desapego político de gran parte de la población. Hasta el 50% de los encuestados declaran no tener ideología o no saber cuál es. Frente a los que decididamente se declaran como de derecha (16%), izquierda (22%) o centro (12%), los que no se pronuncian son el grupo que vive en hogares con menor nivel de renta. También son los que más desconfían del sistema, por lo que su participación en él es menor. Estas dos variables, bajos ingresos y desinterés por la política, los convierte en un objetivo fácil de las maquinarias de compra de votos.

Si hay dos palabras que definan las próximas elecciones presidenciales serían incertidumbre y polarización. Los colombianos llegan divididos a la primera vuelta que se celebra en tres semanas entre dos candidatos opuestos: Fico, que canaliza todo el voto de la derecha y centroderecha, y Gustavo Petro, a la cabeza de todas las encuestas. Colombia, aunque los electores no se identifican en su mayoría como de derechas, siempre ha tendido a Gobiernos conservadores. Petro podría convertirse en el primer presidente de izquierdas del país y en un cambio total de paradigma. Su llegada al poder pone en alerta a la élite política y económica frente a quienes exigen un cambio después de casi dos décadas de presidentes señalados por el líder del Centro Democrático y expresidente, Álvaro Uribe. Esa incertidumbre lleva al 60% de los encuestados a sentirse temerosos ante el futuro político.

Debilidad institucional

Nueve de cada 10 colombianos están satisfechos con su vida, lo que demuestra una visión personal muy optimista, que contrasta por una mirada enormemente pesimista sobre las instituciones que los rodean. El descrédito de las instituciones políticas es absoluto. Solo un 4,8% de los encuestados tienen una opinión favorable de los partidos, apenas un 7% aprueba al Congreso y menos de un 10% tiene buena imagen de las instituciones electorales.

Otras instituciones salen mejor paradas, aunque ninguna logra el aprobado. La Iglesia es la más valorada, con una imagen favorable del 40%. Las fuerzas armadas, también con un apoyo del 38,5%, y la policía (26%) son las instituciones donde la ideología marca las mayores diferencias sobre la percepción. Mientras para las personas de derecha la visión favorable de las fuerzas armadas es del 71%, para las personas que se identifican de izquierdas es del 16,7%. En cuanto a la policía, la derecha la aprueba en un 55,5% frente al 8,8% de la izquierdas.

Los cuerpos de seguridad se convirtieron en protagonistas durante las últimas protestas. El descontento llevó hace justo un año a millones de personas a salir a calle en distintos puntos del país. Un 22,4% de los encuestados reconocen que participaron en alguno de los llamados paros nacionales. Las manifestaciones, convocadas originalmente contra la propuesta de reforma tributaria del presidente Duque, acabaron siendo el canal por el que durante más de meses y medio se expresaron las frustraciones de gran parte de la sociedad.

Durante esas semanas, unas 80 personas murieron en las calles en los violentos enfrentamientos entre manifestantes y los agentes desplegados, lo que abrió un intenso debate sobre la preparación de los cuerpos policiales. Varios organismos internacionales han exigido al Gobierno una reforma para separar a la Policía del Ministerio de Defensa, del que actualmente depende, para meterlo bajo el paraguas de Interior, como sucede en la mayor parte de los países del mundo. La reforma nunca se llevó a cabo.

El actual presidente, Iván Duque, abandona el poder con una popularidad bajo mínimos. El próximo Gobierno tiene el enorme reto de recuperar la credibilidad perdida que afecta ya a todas las instituciones del Estado. Los ciudadanos elegirán el próximo 29 de mayo, en primera vuelta, y el 19 de junio, en segunda, qué candidato aplicará sus recetas.

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