Toque de queda en Medellín: el aumento de la prostitución genera muchas críticas y pocas soluciones

La prostitución, en especial la de menores de edad, ha desatado una tormenta de escándalos y críticas en Colombia. La situación no es nueva, pero va en aumento en El Poblado, un barrio de clase alta de Medellín. En el Parque Lleras, icono turístico de esa ciudad, prolifera la explotación sexual de mujeres y niñas. Varios factores han incidido: el desempleo que aumentó con la pandemia, la pobreza estructural del país, la falta de políticas públicas y la migración venezolana. Ninguna acción oficial logra poner remedio.

La escritora Carolina Sanín inició el escándalo. En sus redes sociales cuestionó al alcalde de Medellín por la falta de medidas para contrarrestar, no solo la prostitución, sino la miseria a la que están sometidos los niños en las calles. Daniel Quintero —alcalde mediático y polémico— enseguida anunció medidas: ofreció recompensas de hasta 100 millones de pesos (23 mil dólares aproximadamente) a cambio de informaciones que permitan atrapar a los proxenetas. También decretó un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana para menores de edad que no estén en compañía de sus padres.

Ana Cristina Restrepo, periodista de Medellín, ha venido denunciando esta situación desde hace años. Para Restrepo, el toque de queda no es efectivo pues los proxenetas trasladan a los menores de edad a lugares cerrados, sin control de las autoridades, y continúa la explotación. La periodista ha denunciado la falta de políticas públicas de los mandatarios locales para darle solución a la problemática. “Lo del Parque Lleras, que es de las élites, pasa desde hace muchísimos años, incluso antes de esta gran migración venezolana. Tampoco podemos decir que el aumento obedece solamente a la pandemia”, explica.

Medellín, ubicada en el centro andino del país, es la segunda ciudad más poblada de Colombia, con dos millones y medio de habitantes, y ya es también la segunda que más recibe migrantes venezolanos, después de Bogotá, con 190.000 de acuerdo con el último informe de las autoridades migratorias. Después de Turquía, Colombia es el segundo país que más acoge desplazados internacionales a través de sus fronteras, según ACNUR (Naciones Unidas para los Refugiados).

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por cada 100 hombres pobres en Colombia, hay 117 mujeres en condición de pobreza monetaria. De acuerdo con el Observatorio de Mujeres de la Vicepresidencia, la proporción de las mujeres que vive sin ingresos propios en Medellín es de 30,1%, mientras que la de los hombres es de 16,5%. El desplazamiento interno, el desempleo y la desigualdad han disparado el fenómeno de la prostitución.

En el Parque Lleras, de Medellín, hacen presencia organizaciones criminales. El negocio se ha extendido tanto que en la ciudad suelen ofrecer “paquetes” que incluyen droga y sexo. Luis Fernando Quijano, director de Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social) explica que este sector es controlado por los grupos Convivir (mafias ilegales). Entre 20 y 25 hombres y mujeres controlan el tráfico de drogas, la explotación sexual de menores y de mujeres mayoritariamente, y los «pagadiarios» (préstamos cuyos intereses leoninos la gente debe pagar diariamente). También tienen un sistema de extorsión llamado «vacuna», denominación atribuida porque quien lo paga supuestamente queda inmune a ataques criminales. “La comuna 14, El Poblado, es un lugar muy complejo de Medellín, que se jacta de estar entre los más seguros de la ciudad”, comenta Quijano.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hay una tendencia creciente de víctimas de trata con fines de explotación sexual en Suramérica (del 58 por ciento en 2016 al 64 por ciento en 2018) y, en ocho países analizados, entre esos Colombia, el 96% de las víctimas son mujeres y niñas. En Medellín, no todas las que practican este oficio son controladas por proxenetas. Algunas lo hacen por voluntad propia, pero una gran parte de ellas son mujeres en condiciones vulnerables, de extrema marginalidad, o víctimas del conflicto armado que han sido desterradas. Asociado a la pobreza, también está el caso de las migrantes venezolanas.

No se sabe cuántas mujeres trabajan en la prostitución. Melissa Toro, directora de Putamente Poderosas —una ONG que defiende los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y sus hijos— recalca que no hay un registro oficial y, particularmente en Medellín, esta población no se censa desde 1973. Durante la pandemia, su colectivo censó 750 mujeres dedicadas a este oficio en el centro de la ciudad. Toro está a favor del trabajo sexual, pero advierte que no hay garantías ni seguridad para ejercerlo, ni un sistema de salud que las cobije. Desde su organización busca resignificar la palabra “puta”, cargada de estigmas y señalamientos hacia las mujeres.

Sobre el fenómeno de la prostitución en el Parque Lleras, Toro señala que los ojos están puestos allí porque, al ser un barrio de clase alta, se nota más. “Seguimos siendo una sociedad completamente excluyente. ¿Por qué nunca hemos mirado al centro de Medellín? Allá hay trabajadoras que cobran desde $5.000 y $20.000 [entre uno y cinco dólares] por un rato. Las de la zona rosa tienen una tarifa totalmente diferente: nunca es menos de $200.000 [50 dólares aproximadamente]”, dice Toro.

La prostitución se agravó por la pandemia

La prostitución se disparó dos años antes de la pandemia. “La migración venezolana nos trajo un montón de mujeres que empiezan a ejercer sexo por supervivencia, porque no tienen otra opción”, precisa Melissa Toro, que tiene un proyecto en el que brinda jornadas de atención psicosocial y brigadas de salud para las trabajadoras sexuales y sus hijos. En los recorridos que hace en el centro —donde se focaliza su trabajo—, Toro ha percibido el aumento de la xenofobia entre las mujeres colombianas y venezolanas, debido a la intensa rivalidad por los clientes y las zonas que se disputan. También se ha percatado de que muchas mujeres están en tal grado de vulneración que ni siquiera tienen cédula (documento de identificación personal). “El primer paso debería ser reconocerlas. Si el Estado las reconoce, ellas empiezan a existir, porque están en un estado de vulneración muy fuerte”, explica Toro, que ha sido muy crítica de la alcaldía.

En Colombia, el ejercicio de la prostitución no está prohibido, pero su legislación impone al Estado reducir los efectos nocivos que causa. Hay dos fallos judiciales de la Corte Constitucional sobre el tema que son contradictorios. En la sentencia C-636, de 2009, la prostitución “no es deseable, por ser contrario a la dignidad de la persona humana el comerciar con el propio ser”. La Corte advierte que el consentimiento de la víctima “no puede considerarse justificativo de su explotación”. No obstante, en la sentencia T-629, de un año más tarde, considera la prostitución como una actividad lícita, siempre y cuando se ejerza voluntariamente.

El código penal colombiano castiga la inducción o constreñimiento a la prostitución, la esclavitud sexual y la trata de personas, pero los avances han sido muy pocos. Así lo ha señalado Helena Luna Hernández, juez penal de Antioquia. “En Colombia no se hace búsqueda activa de trata de personas. Tenemos un fenómeno desbordado de trata y explotación sexual si lo comparamos con países de la región como Perú y Argentina: nos ganan cinco veces en condenas anuales de trata, porque aquí la prostitución está tan normalizada al punto de que se cree que es un trabajo de facto. Y no se puede combatir la trata de personas sin abolir la prostitución porque es el mismo mercado. El mercado que nutre la prostitución es el de la trata”, explica Hernández, quien defiende una postura más abolicionista frente al trabajo sexual.

La juez cree que han fracasado los modelos regulacionistas —como Alemania— y prohibicionistas —como el de Estados Unidos—. En el primero, desde su punto de vista, la explotación sexual ha aumentado sin que haya mejores condiciones laborales para las mujeres (la mayoría de las que lo ejercen en ese país son extranjeras), mientras que se siguen enriqueciendo proxenetas y tratantes. En el segundo caso, el de Estados Unidos, “tiene un componente muy moralista en el sentido de que culpan tanto a la prostituta como al mal llamado «cliente»”, dice la juez, que cree que el abolicionista es el único modelo que ha dado resultados, pues se considera víctima a la mujer y se castiga al prostituyente. En el caso colombiano, pese a existir jurisprudencia para perseguir a los proxenetas, no hay avances. “Yo no he tenido casos de trata de personas ni de explotación sexual, y es una rareza, parece que no existiera. La prostitución no es compatible con la dignidad humana”, concluye.

Claudia Yurley Quintero es defensora de derechos humanos y abolicionista. Ella asegura que tanto las víctimas de trata como las mujeres que han decidido entrar autónomamente al trabajo sexual sufren los mismos traumas, “similares a las de un veterano de guerra”, afirma. Por eso cree que es indispensable la atención en salud mental, pues muchas de ellas son consumidoras de drogas y farmacodependientes.

Claudia Quintero le ha recomendado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, crear casas de refugios especializados en atención a víctimas de explotación sexual. También cree que se debe desincentivar la demanda. “¿Cómo se hace? Hay estrategias. Educando a los hombres, advirtiendo a los extranjeros que no pueden venir a comprar niños y niñas”, explica ella, que dirige una ONG para ayudar a las víctimas de explotación sexual. “No es un tema de regulación y abolición, sino de derechos humanos. Ni siquiera estamos pidiendo que se castigue al que compra, sino que atiendan a las víctimas. No existe una sola política pública ni en Medellín ni en Colombia para que uno salga de la prostitución, entonces, ¿cómo quiero que no haya prostitutas si no hay un plan para salir de ahí?”, sentencia.

Este medio buscó a la Secretaría de la Mujer de Medellín, pero, después de haber concertado una entrevista con su delegada, declinaron participar.

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