Colombia es el segundo país del mundo con más organizaciones criminales

Colombia tiene la triste etiqueta de ser el segundo país del mundo —después de República del Congo— con mayor cantidad de organizaciones y mercados criminales, según el último informe bienal de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (conocida como Global Initiative- GITOC) que evalúa esos aspectos en los 193 países miembros de Naciones Unidas.

Dentro de los 10 primeros también están otros dos países latinoamericanos: México, en el cuarto lugar, y Honduras, en el décimo. GITOC califica en una escala de 1 a 10 de acuerdo con tres criterios: el alcance, la escala y el impacto de mercados criminales; la estructura e influencia de los actores criminales; y el alcance y la eficacia de las medidas de resiliencia de los países, definida en el estudio como la capacidad de dar respuesta y desmantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto. La República del Congo está a la cabeza, con 7,75, y Colombia tiene 7,66. La calificación de México es de 7,56 y la de Honduras es de 6,98.

El informe señala que, aunque el crimen organizado se encauza hacia las comunidades más vulnerables —el 80% de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad—, “su impacto en última instancia aumenta la vulnerabilidad de las sociedades en general”.

Colombia es el país que más comercia cocaína en el mundo —con una puntuación de 9,5 sobre 10— por encima de México —con calificación de 9—, cuyos carteles son también denominadores de violencia. En mercados criminales, México ocupa el primer lugar, con 8 puntos, y Colombia el segundo, con 7,2. La explotación de personas es la economía criminal más generalizada del mundo; no obstante, la minería ilegal, el tráfico de armas, los delitos contra la flora y los recursos no renovables, y el comercio de otras drogas como la heroína y las sintéticas también son otros de los mercados criminales analizados por el estudio de GITOC.

Países en constante conflicto, como Colombia —aún después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016—, tienen una mayor propensión al crimen organizado. Las estadísticas sobre masacres y líderes sociales se desactualizan con una rapidez abismal. En los últimos años la violencia no cesa. Este 2022 han ocurrido 73 masacres, según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ).

El estudio de GITOC advierte que la corrupción es una de las principales causas que propicia el crimen organizado. Las economías ilegales no se estancaron ni siquiera durante la pandemia. A pesar de que en 2020 el mundo se confinó y la economía lícita estuvo paralizada por las restricciones que impusieron los países para detener la propagación del virus, el estudio sugiere que “los delincuentes buscaban cómo sortear los obstáculos y aprovechar la situación”. El incremento de la pobreza que trajo como consecuencia la pandemia también favoreció el crimen organizado en Colombia.

En los últimos años el Gobierno colombiano ha dado de baja a varios comandantes de organizaciones criminales como alias Inglaterra, del Clan del Golfo, y otros han sido extraditados, como el narcotraficante ‘Otoniel’. No obstante, la estrategia del Gobierno de Iván Duque para combatir la criminalidad no funcionó, advierte el senador Ariel Ávila. “Esa estrategia de dar de baja, capturar o extraditar solo sirve para dar votos y aplausos, pero no corta el crimen organizado. Lo que está viviendo hoy Colombia es una implosión”, explica Ávila, que se ha dedicado a investigar sobre la violencia y las mafias ilegales. Otra de las razones por las que Colombia alcanza el segundo lugar en el mundo en criminalidad, recalca Ávila, es el auge de las economías ilegales con el alza del dólar. “Tenemos un escenario de explosión criminal junto con un boom económico”. Y un tercer factor que ha influido en la expansión de tantos grupos criminales es también la ausencia de política para combatir la delincuencia organizada. “El gobierno de Duque tuvo una lectura ideológica del tema, seguía viendo al país como cuando estaban las antiguas FARC”, agrega.

La expansión de la criminalidad y de las economías ilegales en Colombia también obedece a que durante muchos años el país se concentró en llevar a feliz término el acuerdo de paz con las FARC y en la lucha contra las drogas, según Jorge Mantilla, director de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de pensamiento sobre paz y seguridad. “Ello hizo que se dejara de lado un fenómeno creciente de diversificación de las economías ilegales, en donde no solo la coca sino otras economías como la minería ilegal, pero principalmente la extorsión, se fueran ampliando y consolidando, sin que hubiera una respuesta efectiva por parte del Estado. Es un país que tiene pocas capacidades de lucha contra la delincuencia organizada”, explica.

La impunidad es un gran propulsor de las bandas criminales. Si la justicia no investiga ni esclarece los homicidios de los líderes sociales o los firmantes de paz hay más estímulos para que los grupos ilegales sigan asesinando, pues no hay castigo ni ninguna acción para contenerlos. La corrupción al interior de los entes gubernamentales es otro problema si bien al tiempo que combaten los grupos criminales también se alían subrepticiamente con ellos para no combatirlos. “Colombia está en segundo lugar en ese índice por la capacidad que ha tenido el crimen organizado para cooptar el Estado y capturar escenarios de administración pública. La criminalidad organizada ha operado desde el Estado para favorecer intereses privados, y esto obviamente está atado a unos índices de impunidad muy altos donde hay muy pocos efectos disuasorios o incentivos para no delinquir”, reconoce Mantilla. Aunque el país bajó su tasa de homicidios, desplazamientos y otros delitos a raíz del acuerdo de paz con las FARC, firmado en 2016, nuevamente ha ido en aumento. “Estamos en niveles de violencia muy parecidos a los de 2011. En 2021 fue el año con más desplazamiento forzado de la última década”, recuerda el investigador.

El reciente asesinato de dos periodistas en el departamento caribe de Magdalena, ubicado en el noreste del país, la creciente matanza de líderes sociales y los cuerpos desmembrados que han aparecido en bolsas de basura en Bogotá han creado zozobra en la población. En la capital colombiana ha habido un recrudecimiento de la violencia, según Laura Vanesa Prieto, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). “Lo que sucede en Bogotá es claramente la ejecución de homicidios ejemplarizantes, un repertorio criminal para generar control social y territorial”, afirma Prieto, que llama la atención sobre un hecho particular: algunas de las localidades más afectadas por el crimen organizado y economías ilegales están ubicadas en el centro de Bogotá, donde se supone que el Estado tiene un mayor control pues allí funciona gran parte de las oficinas gubernamentales. “Eso indica que el control territorial de estas organizaciones es muy grande y, segundo, que la reactivación de las economías ilegales ha generado una disputa tal por las rentas que las personas que pertenecen a estos grupos se están asesinando entre ellas para cooptar plenamente estas rentas”, explica. La Policía ha señalado al Tren de Aragua —una organización criminal venezolana— como responsable del reciente descuartizamiento de cuerpos en Bogotá.

No hay certeza de cuántas bandas criminales hay en Colombia; los nombres y números varían dependiendo de quien lleve las cuentas. El senador Ávila cree que en Colombia hay por lo menos 50 organizaciones criminales, entre las disidencias de las FARC (que conforman varios grupos y frentes), el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Rastrojos y la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), entre otras.

Un informe de la FIP sobre los últimos años de gestión del Gobierno Duque señala que la política de “descabezamiento de organizaciones criminales” fue insuficiente. De hecho, advierte que la política se enfocó más a propinar golpes a los grupos criminales que a la protección de la ciudadanía. “Una política de seguridad que genere un aumento en la violencia no puede ser considerada exitosa en la medida en que no solo refleja la incapacidad de proteger, sino la ausencia de factores de disuasión por parte del Estado frente a los grupos armados y una confusión de prioridades”, se puede leer en el informe. “Colombia aparece en un lugar tan alto en ese índice por la capacidad que tienen estos grupos contrastada con la poca capacidad que tiene el Estado para enfrentarlos”, concluye Mantilla, de la FIP.

Las economías ilegales dejan rentas multimillonarias en Colombia y tienen una gran capacidad de adaptación y de mimetizarse en las economías legales. Laura Vanesa Prieto, investigadora de la Fundación Pares, lo ejemplifica con los lugares cuya fachada es legal pero tras sus puertas hay negocios criminales, lo que dificulta mucho más la identificación de estos mercados. “Es un gran reto para este nuevo gobierno garantizar que efectivamente el Estado haga presencia en todos los lugares para proteger a la población, porque estos repertorios de violencia u homicidios ejemplarizantes generan un rompimiento del tejido social: producen miedo, y ese miedo hace que las personas no denuncien”, analiza Prieto.

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