Carolina Corcho: “No es que queramos eliminar las EPS, es que ellas mismas se han eliminado”

Carolina Corcho (Zaragoza, 39 años) es una gran crítica del sistema de salud colombiano. Como ministra ha enfocado su discurso y sus energías en preparar una gran reforma, que sigue pendiente. En esta entrevista explica su evaluación del sector y la visión general de esa reforma.

Pregunta. ¿Cómo se ha sentido en este nuevo rol, en un país pospandemia?

Respuesta. Este es un Gobierno muy distinto al anterior y eso hace que las cosas sean más difíciles. Hay mucha ansiedad, mucha expectativa de cambio. A este Gobierno se le está exigiendo en un mes y medio lo que no se le ha exigido a ningún Gobierno en el mundo en los primeros seis meses, pero uno entiende que la esperanza nos pone en un nivel de exigencia enorme.

P. Usted es psiquiatra, ¿Cómo está la salud mental de Colombia?

R. Está mal. Es un país donde un 70% de la población vive en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad económica, sin estabilidad laboral, con crisis de hambre, la salud mental no puede estar bien. La conducta suicida, la ansiedad y la depresión han aumentado. La pandemia lo visibilizó porque el encierro nos enfrentó a la familia. La serie de duelos o las carencias que se vivieron evidenciaron esa mala situación de la salud mental.

P. ¿Cómo recibió el sistema de salud?

R. En una situación muy compleja tras la pandemia, pero además es profundamente inequitativo, con una de las tasas de mortalidad materna más alta de los países de la OCDE. Tiene una crisis financiera profunda, deudas incalculables, un plan de vacunación rezagado y unas EPS en quiebra. 14 de las 30 que hay están en proceso de liquidación.

P. ¿Por eso las quiere eliminar?

R. No es que las queramos eliminar, es que se han estado eliminando. El Ministerio ha bajado los estándares para que cumplan los requisitos y solo cuatro cumplen con indicadores menores a lo que les exigiría cualquier otro país, según datos de la Superintendencia de Salud. En los últimos años, ha prorrogado dos veces los plazos para que logren las exigencias de cumplimiento en una política de prorrogar hasta el infinito. Un Estado no puede acomodar la ley porque las EPS cuidan la vida. También manejan recursos públicos, casi 70 billones de pesos al año. Y 1.800.000 colombianos quedaron, luego de la pandemia, sin afiliación al sistema.

P. Si hay 1.800.000 colombianos sin salud, ¿por qué la gente tuvo tratamiento en la pandemia e incluso sobran vacunas?

R. Porque estar afiliado no significa tener salud. Los niños y niñas de la Guajira que murieron por desnutrición estaban afiliados y no recibieron atención en salud. El plan de vacunación del Gobierno anterior tenía la meta de lograr que el 70% de los colombianos estuviéramos vacunados en diciembre. Todavía no se ha logrado en más de 400 municipios pequeños.

P. ¿Por qué escuchamos constantemente que sobran vacunas y llamados a la gente a que se vacune?

R. Porque hace varios meses se le dijo al país que hay una reactivación económica y eso caló, y porque Colombia desmontó hace 3 décadas su sistema de salud pública, de atención primaria. No hay una política de Estado para eso. El trabajo que hay con las comunidades es a iniciativa de un alcalde, un gobernador, un hospital. Se habrían podido salvar muchas las vidas si ese sistema hubiera llegado a los 419 municipios que no alcanzaron la meta de vacunación.

P. ¿Y las campañas invitando a vacunarse?

R. Son parte, pero no son todo lo que se necesita. No basta con decirle a alguien que es alcohólico que no tome, así no cambian los seres humanos. Hay que trabajar con la comunidad, con sus sistemas de creencia, con trabajo comunitario y promotores de salud. Eso no ha existido en Colombia en las últimas décadas.

P. En Venezuela existen las misiones salud, que hacen trabajo de casa en casa ¿Eso es lo que quisiera?

R. Misiones de salud no solo hay Venezuela, también en Holanda o Alemania. Desde que hicimos el anuncio han aparecido desde el mundo entero a decir ‘qué buena iniciativa’ y es la vanguardia de la salud del mundo. Vamos a hacer un programa de atención primaria para llegar no solo a la casa, sino a la escuela, a la cancha en la que juega el niño. Equipos interdisciplinarios de una auxiliar de enfermería y un promotor social irán a medir a los niños. Si detectan desnutrición, lo remiten al médico.

P. Eso ya existe

R. Pero no en el nivel que debería ¿A quiénes llaman cada mes a decirles qué exámenes les faltan? El sistema debe poner recursos para que se haga con los niños. Se les ha entregado plata a las EPS y no lo han hecho, entonces lo tiene que hacer el Estado a través de sus hospitales. Con los recursos del sistema público, financiado por todos los colombianos, contratan un médico, una nutricionista, una enfermera y hacen los recorridos por el territorio.

P. ¿Cómo sería la reforma?

R. Hoy tenemos un esquema de salud pública, intermediada por particulares y con prestación de servicios pública y privada. El Estado recauda aproximadamente 70 billones de pesos de los colombianos, se lo entrega a las EPS vía la entidad llamada ADRESS y ellas contratan a las clínicas y los hospitales. Es muy grave que cuando la plata sale de ADRESS se perdió el control. Por eso no sabemos cuánto le deben las EPS a las clínicas y hospitales, y muchas están en quiebra, hay trabajos mal pagos y una intermediación supremamente costosa que empezó con 200 intermediarios y va en menos de 30. Cada vez que se liquida una EPS es una tragedia porque dejan miles de personas sin aseguramiento, miles de deudas y no aportan un peso porque el riesgo lo asume el Estado. Eso no tiene sentido, no pasa en ningún sistema de salud del mundo.

Tenemos que propender porque se pague directamente a la clínica. Eso fortalece el sector privado en salud, las clínicas privadas que están quebradas. Si el Estado paga directamente, podemos formalizar los trabajadores de la salud y hacer unas contrataciones dignas para hacer un programa de atención primaria en salud.

P. ¿Quién administraría los recursos de la salud? ¿Las clínicas y los hospitales?

R. A las EPS les estamos pagando entre el 8 y 10% de los recursos de la salud, 7 billones de pesos, pero ¿qué valor agregó? Si administro tengo que tener un mecanismo de reaseguro, para dar respaldo a las clínicas y a los hospitales si me quiebro, pero se han convertido en una manera de quebrar a los prestadores de servicios de salud.

P. ¿Cómo evitar que un político monte un hospital para recibir directamente plata del Estado?

R. Ese problema ya los tenemos porque el político monta una EPS bolsillo y es peor porque recoge recursos gratis, no presta el servicio, contrata a su propia clínica, se paga a sí mismo y quiebra a los otros.

P. ¿Cree que el sistema de salud actual no funciona?

R. Está cooptado por el clientelismo y empeora porque el Estado no tiene un mecanismo para controlar los recursos cuando el ADRESS gira. Esa opacidad es un caldo de cultivo para el clientelismo y la corrupción. En nuestra propuesta, el fondo tendría un sistema de información pública.

No estamos diciendo que se va a acabar el sistema. Lo que dicen los datos es que la intermediación no tiene sentido cuando el Estado pierde el control de los recursos públicos, las clínicas y hospitales están en quiebra, y tenemos más de 800.000 quejas y reclamos por inatención en salud. Las clínicas y hospitales que funcionan se van a mantener.

P. ¿Se acaban las cuatro EPS que usted dice que funcionan?

R. No pueden quedar solo cuatro, porque sería un oligopolio. La pandemia demostró lo difícil de manejar oligopolios: la Organización Mundial del Comercio no pudo liberar las patentes de la vacuna para vacunar a millones de personas porque un oligopolio de transnacionales farmacéuticas cooptó la Organización Mundial de la Salud. Por eso hay que hacer la reforma.

P. ¿Qué funciona bien en el sistema?

R. Algunos hospitales, los que no tiene el clientelismo, funcionan muy bien. La Fundación Santa Fe de Bogotá, el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Tenemos una medicina muy avanzada, entre otras cosas porque la violencia ha llevado a que tengamos los mejores cirujanos en trauma. Funcionan los trasplantes, los aportes de los colombianos, tenemos un buen gasto público, aunque podría ser más alto.

P. ¿Cómo se entiende que estemos mal si ya no hay que vender el carro, la casa y la sala cuando se sufre de una enfermedad catastrófica?

R. Hay que comparar categorías comparables. Antes de la ley 100 la financiación del sistema no era ni el 3% del PIB y ahora es entre el 7% y el 8%. Con ese aumento, tiene que haber más cobertura. Además, en las décadas de los 70 y los 80 se moría más gente porque la ciencia había avanzado menos. Este año iban 800.000 quejas puestas en la Superintendencia de Salud.

P. ¿Con este cambio, eso no va a pasar más?

El cambio es muy sencillo, es que la plata llegue optimizada, sin intermediarios, porque los recursos son finitos. Lo haría más expedito y con un manejo transparente, con un sistema público de información. Evitar la integración vertical de un intermediario, que monte su clínica privada, con sus médicos y enfermeras, y se contrate a sí mismo. Eso no está bien. Esperamos presentar un borrador de reforma la última semana de octubre para que se discuta con tranquilidad, se dialogue, se mejore, se encuentren vacíos y se aporte. Queremos lo mejor para este país de corazón y queremos que eso salga muy bien.

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