Una sentencia marca la renovada importancia de la restitución de tierras

La imagen de un grupo de campesinos reclamantes de tierras y empresarios en la Casa de Nariño, el palacio presidencial de Colombia, anunciando juntos una decisión judicial que se las devuelve después de treinta años, es simbólica en un país donde miles de personas han sido despojadas de tierra. El fallo judicial, que anunciaron este miércoles, restituye tierras a campesinos que reclamaban su propiedad en terrenos donde se planea un puerto sobre el mar Caribe e inaugura una forma de resolución que reconoce a las víctimas y, al mismo tiempo, despeja el camino para la construcción de la obra.

Para el Gobierno de Gustavo Petro, que anunció la decisión en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, este es un “paso importante en una región como Urabá, históricamente conflictiva y signada de sangre” y un mensaje para la paz total no solo por la reparación a las víctimas sino por el acuerdo al que llegaron los campesinos y los empresarios para avanzar en el puerto que daría empleo a miles de habitantes de Turbo, en Antioquia. El impulso en darle relevancia muestra también que la restitución, tema que fue central en el discurso del Gobierno de Juan Manuel Santos, vuelve a la agenda de Colombia con renovado impulso.

La sentencia de un juez de restitución de Turbo (Antioquia) reconoce la condición de víctimas de seis familias de ese municipio, cuyos padres y parientes fueron despojados y asesinados por grupos paramilitares y agentes del Estado en 1997. Ordena que les hagan una “restitución por equivalente”, es decir, que les entreguen un predio en propiedad de similares características al que pedían en restitución; pero también admite a la Sociedad Portuaria Turbo Pisisí como “propietario interviniente”, porque había comprado los predios con buena fe.

“Quiere decir esto que reconoce que ni la empresa Pisisí tuvo responsabilidad en esos hechos de violencia de 1997, ni las víctimas eran falsas víctimas, sino de carne y hueso. Sus familiares fueron asesinados, y sus niños y niñas violentados, desaparecidos, desplazados y despojados de la tierra donde se va a construir el puerto”, explicó Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, que antes de asumir el cargo representó legalmente a víctimas de la región.

Las víctimas tuvieron las primeras palabras. “Venimos de un territorio que por décadas ha sido sometido como laboratorio de guerra. Somos sobrevivientes del exterminio contra la Unión Patriótica”, dijo Vanderley Quintero, representante de los campesinos. Para ella es una medida que apunta a la reparación y la reconciliación después de años de haber sido estigmatizados y perseguidos por intentar recuperar sus tierras. “Con este tipo de iniciativas es posible enviarle un mensaje a la sociedad colombiana, a los empresarios, que sepan que pueden ayudar a indemnizar, que cooperen con el Estado dentro de su responsabilidad o corresponsabilidad social”.

Construir un nuevo puerto para Turbo ha sido un sueño por décadas en esta región, una de las más afectadas por un conflicto armado que aún está vivo. “Es algo histórico que las víctimas y nosotros, como empresarios, nos hayamos puesto de acuerdo para desarrollar este tipo de proyectos. Creo que en Colombia nunca se había dado y esperamos que este desarrollo sirva para la paz total, porque nosotros vamos a generar aproximadamente 5.000 empleos”, dijo Teófilo Lemos, fundador de la empresa que construirá el puerto.

Para el Gobierno de Petro, la paz total pasa por la reforma agraria. Recientemente, la ministra de agricultura anunció la titulación y formalización de 680.000 hectáreas a campesinos y esperan entregar al menos tres millones de hectáreas. Ahora, mientras en algunas regiones del país se producen invasiones de tierras y choques, buscan mostrar iniciativas como las de Urabá para reducir el conflicto.

“Que esta región conflictiva ubique una relación distinta, simétrica y respetuosa entre el sector privado y aquellos que han sido permanentemente afectados por la violencia, es un mensaje para grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo, que operan en ese territorio). Estas víctimas representan la posibilidad de que ellos se vinculen y transiten al Estado de Derecho. El ejercicio de la fuerza ilegal y de poder que tejen en estos territorios empieza a ser y a mostrarse innecesario”, dijo Rueda, al hacer un llamado a otros grupos armados.

El Alto Comisionado anunció que, hasta ahora, al menos diez organizaciones armadas y de crimen organizado han “expresado su disposición a ser parte de la paz total”, entre ellas las disidencias de las FARC, como el llamado Estado Mayor Central; la Segunda Marquetalia, las AGC o Clan del Golfo; algunas oficinas del crimen de varias ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. “Cada grupo, con su propia identidad y naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”, dijo.

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