Petro y la enigmática búsqueda de un “enemigo interno”

Gustavo Petro ha mencionado esta semana al que podría ser su nuevo enemigo. El presidente que ahora se reúne tranquilamente con sus antiguos rivales —Álvaro Uribe, Rodolfo Hernández, los ganaderos— dijo en un discurso que aún había un gran enemigo que podría truncar su ambiciosa propuesta de cambio social y político. Ese nuevo enemigo, sin embargo, no tiene forma humana.

“El primer obstáculo de un gobierno es su propio interior: sus normativas, los procedimientos construidos y escritos a través de normas, durante décadas, por personas que pertenecieron a sectores sociales que no son propiamente los que nos han dado el triunfo”, dijo Petro ante un público mayoritariamente indígena en el departamento del Cauca. “Hay normas hechas por terratenientes desde hace siglos, hay normas hechas por los privilegiados del Estado a los cuales ha enriquecido de manera enorme, cuyos apellidos aparecen una y otra vez en la historia nacional. Normas hechas por ellos, a su acomodo. Y no es una, no es dos, que pudiéramos ubicar fácilmente y cambiarlas. Son miles”. Hubo otros enemigos mencionados en el discurso—la violencia, los funcionarios corruptos—pero ninguno llamó la atención como el del nuevo enemigo interno.

Salieron entonces tres lecturas a esta parte de su discurso. La primera fue que el presidente realmente hablaba de alguien en concreto, que no quería nombrar, como el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien no tiene fácil encontrar el dinero para las reformas. Pero el presidente desmintió al periodista que compartió esa versión en Twitter: no hablaba de una persona en específico, dijo, sino de un acumulado de normas “para defender intereses particulares poderosos”. Uno de sus mayores escuderos, el senador Iván Cepeda, salió a defenderlo: “nuestro ‘enemigo interno’ es el fetichismo legal, el culto a los aparatos burocráticos, el formalismo paralizante”.

Hay otras lecturas más complejas sobre el nuevo enemigo interno del presidente Petro, el primero de izquierda en Colombia, que entiende el cambio no únicamente como un conjunto de reformas legales —por más ambiciosas que sean— sino como un camino que combina voluntad política con un movimiento de masas. Lo que declamaba ferozmente Petro en el Cauca no era un ataque a un Ministro sino una explicación de cómo su gobierno entiende el fetichismo legal.

El fetichismo legal, a grandes rasgos, es un concepto que tomó fuerza en el siglo XX y se preocupa por un apego excesivo a las normas para lograr cambios sociales. En la vieja versión de la izquierda, las leyes, explica la profesora de derecho Julieta Lemaitre, entraría a ser “parte de la superestructura, el derecho emanaría de las relaciones de producción, y por eso sería neoliberal, formalista, defendería intereses creados”. El legalismo no sería un gran instrumento para el cambio, sino más bien una fachada hecha por los poderosos que impide ver las violencias de frente y transformarlas.

Lemaitre, ahora magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, habló en este caso con EL PAÍS como académica y autora del libro El Derecho como Conjuro: fetichismo legal, violencia y movimientos sociales (2009). Explica que esa visión de fetichismo legal carecía de una visión más estructural. “Si crees que el derecho lo hace solo el poder, ¿por qué tanta gente, que no tiene acceso al poder, se emociona con los derechos humanos? ¿Por qué exigen allí cosas inmateriales como la dignidad y el trato igual?” El litigio de mujeres, indígenas o afrocolombianos en la historia de Colombia, por ejemplo, ha invitado a la movilización y a señalar las injusticias. No es, desde esa esquina, solo un fetiche de los poderosos. Las leyes serían un espacio más amplio y complejo que solo el patio de juegos para las élites.

Todo gobierno promete un cambio, pero cada gobierno puede tomar caminos muy distintos para llegar a ese. Un gobierno como el de Petro, fiel a su origen de izquierda, entiende el cambio social como el camino más rápido posible para darle a los ciudadanos acceso a los medios de producción y a la riqueza. Un gobierno como el de Juan Manuel Santos (2012-2018), de corte liberal, entendía el cambio más a través de reformas legales porque entendía que “las sociedades cambian por los individuos, si son libres, y para ser libres tienen que tener derechos para defenderse de los que tienen poder”, explica Lemaitre.

El senador Iván Cepeda, que se ha convertido en el traductor de las propuestas del presidente, explica esta diferencia cuando habla de un país en el que pareciera haber más abogados que ciudadanos. “Queremos resolver los problemas del día a día, y lo que estamos viendo es que las cosas caen en una inercia burocrática y legalista. Una cosa es respetar la Constitución y la ley, y otra aceptar que los problemas políticos, sociales y económicos deben ser resueltos exclusivamente por vías jurídicas”, dice Cepeda a EL PAÍS. Un cambio que busca menos protocolos y discusiones largas en el Congreso para hacer transformaciones.

La reforma rural es un buen ejemplo de cómo Petro ve el cambio de forma distinta a alguien como Juan Manuel Santos, que promovió en su gobierno una nueva estructura jurídica para la restitución de tierras. “Hay juristas que intentan decirnos que debemos seguir arando en el desierto, que es mejor que la tierra sea objeto de extinción de dominio, como si hubiera un juez que tomara esas decisiones de manera expedita, y eso no ocurre así en la vida real”, dice Cepeda. El gobierno de Petro no ha descartado que haya jueces de restitución que regresen tierra a los desplazados. “No vamos a renunciar a la justicia agraria”, aclara el senador. Pero ante la prisa del cambio, Cepeda y Petro acordaron comprar 3 millones de hectáreas a los ganaderos lo antes posible para arrancar la reforma agraria— antes de esperar a que todos los jueces fallen, algo que podría tomar más de una década. “No queremos más superestructuras jurídicas. Sin violar la Constitución, lo que queremos es caminos para ejecutar”, dice Cepeda.

Hay una tercera lectura a este nuevo discurso del presidente. Esteban Restrepo es profesor de derecho constitucional en la Universidad de Los Andes y teme que en estos discursos se estén moviendo “argumentos populistas” si se ponen por encima del estado de derecho. El riesgo es que se vuelva más importante la voluntad de cambio del gobernante que el respeto a la deliberación legal que exigen la Constitución y las leyes.

“Lo preocupante es: si dicen que quieren hacer transformaciones, y que hay leyes y procedimientos que les impiden, ¿a qué deriva eso? ¿Establecer vías informales? ¿O a hacer reformas a las leyes? A mí me preocupa que por esta vía vamos a decir que este proceso de cambio es tan radical que ya ni la Constitución nos sirve”, dice Restrepo. “Las leyes no son perfectas, pero entender eso implica tener una lealtad a los procedimientos, a deliberar. Si los jueces no están fallando [en el caso de tierras], ¿no será mejor hacer una reforma a ese sistema de justicia? El cambio es posible con las instituciones y sí, es cierto que las instituciones se tardan en trabajar, pero los cambios toman tiempo”.

Gustavo Petro dice que no tiene tiempo. “Estamos perdiendo tiempo, tiempo que yo no tengo, si algo le falta a este gobierno es tiempo, cada segundo es un segundo menos”, dijo el presidente en el Cauca. “¿Por qué no cambiamos la historia de Colombia en cuestión de días y entonces la siguiente fase de los próximos cinco siglos no son de resistencia sino de construcción de humanidad?”

Los cambios van a quinta velocidad en este gobierno, no hay tiempo para ir en primera. La urgencia social de que algo cambie es el gran peso con el que carga el presidente Petro, lo que explicaría que a veces el legalismo se entienda más como un freno que un acelerador. Pero la urgencia también es un arma de doble filo. Una reforma legal mal discutida, o una política pública poco consultada, puede igual terminar cayéndose en los tribunales. En ese caso, el verdadero enemigo de Petro, sería su afán.

Hay una última lectura al nuevo enemigo interno de Petro, y es que cayó en el error de sus antecesores: entender los desafíos de Colombia en términos de amigos y enemigos. El informe de la Comisión de la Verdad, que analizaba los alcances de la guerra, hablaba de la importancia de desmontar los imaginarios del “enemigo interno” que generaron décadas de violencia. “Desde los años sesenta en adelante, la doctrina del enemigo interno se ha inscrito en la cultura”, dice el informe. Las FARC construyeron al enemigo interno en empresarios, los militares o paramilitares lo vieron en partidos de izquierda. El presidente conoce bien lo perjudicial que fue ese imaginario y su enemigo interno, en este caso, no es humano. Pero eso no le impidió buscar en el discurso político, una vez más, otra forma de enemigo interno.

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