Las ollas comunitarias de Petro para enfrentar la emergencia por las lluvias
El Gobierno propone un nuevo sistema para financiar la producción de alimentos en las zonas más afectadas por las lluvias extremas en el país
El gobierno de Gustavo Petro anunció a principios de esta semana que el presidente estará monitoreando de cerca cómo se maneja la emergencia nacional causada por las lluvias extremas y que su prioridad es garantizar la seguridad alimentaria en las zonas afectadas. Una seguridad que espera alcanzar, en gran parte, en alianza con ollas comunitarias - cocinas barriales o veredales organizadas por miembros de la comunidad. “Queremos dar una respuesta complementaria a la ayuda típica humanitaria, dar ayuda de alimento caliente, dar comida permanente para la gente que se ha visto afectada; y eso es lo que se ha denominado: generación de ollas comunitarias”, explica a EL PAÍS el coequipero del presidente en esta tarea, Javier Pava Sánchez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Algunos de los hay 419 municipios que se han declarado en calamidad pública en todo el país han logrado superar la emergencia rápidamente, pero otros llevan meses inundados y en una situación crítica de alimentos. Es en estos últimos donde se concentrará el nuevo esfuerzo de las ollas comunitarias. “Es en las zonas donde las familias llevan una emergencia prolongada”, dice Pava. “Hay poblaciones que siguen bajo el agua pero también poblaciones, como Piojó [en Atlántico] o Supía [en Caldas], con familias que tuvimos que evacuar y que están fuera de sus casas”.
El Gobierno insiste en que quiere ayudar a los afectados con algo más allá que un kit alimentario, que a una familia puede durarle entre 15 y 20 días. La idea es aliarse, en esos municipios críticos, con las Juntas de Acción Comunal (JAC), las instituciones formales de organización en las veredas y barrios que tienen liderazgos elegidos democráticamente, con organizaciones sociales de mujeres o con resguardos indígenas, para financiar una alimentación sostenida. Incluso puede ser un colegio quien tome la iniciativa.
“Queremos ir directamente con las organizaciones de base y esas suelen ser las Juntas de Acción Comunal”, añade Pava. “Y en algunos sectores, digamos con tradiciones históricas, que tienen unos procesos organizativos muy fuertes y no responden a las JAC, como lo son comunidades indígenas, afrocolombianas, de mujeres o de jóvenes. En ellos nos vamos a apoyar”.
La idea es que esas organizaciones recibirán recursos del Gobierno para financiar las ollas comunitarias en lo que el Gobierno llama “alianzas público-populares”. Los recursos son gigantes y calculan que alcancen hasta febrero o marzo, cuando la emergencia debe haber amainado. La logística y la veeduría para poner en funcionamiento estas ollas no es tan sencilla. Las organizaciones deberán inscribirse en un enlace de la UNGDR y proponer su plan para hacer una olla. Recibirán un monto de dinero acorde al número de personas que puedan alimentar, para conseguir los alimentos y los instrumentos que necesiten. “Vamos a promover la convocatoria con los alcaldes, en los municipios”, añade Pava. Cuando las organizaciones estén listas para cocinar, el director espera crear, con ayuda del Banco Agrario, una cuenta llamada ‘Fondo de Inversión Colectiva’ que transfiera el dinero de forma efectiva, mensualmente.
“Para garantizar que tengamos tranquilidad en el uso de esos recursos, las JAC y organizaciones deben conformar un comité de veeduría, ubicado en la comunidad, que de un visto bueno para continuar con las inversiones mes a mes”, explica Pava. La UNGRD centralizará un “equipo de apoyo, de asistencia técnica e institucional, para acompañar los territorios y ver varios temas: que los alimentos de perecederos sean de producción local; o que haya condiciones de salud, de higiene, y se cumplan con unos estándares nutricionales”. Cada sitio, sin embargo, podrá escoger su menú.
“Ya hay organizaciones de mujeres que nos han planteado las ollas comunitarias”, dice Pava. Pero si no hay una JAC o organización que quiera cocinar en uno de esos municipios, “nosotros vamos a buscar apoyar al municipio con operadores o otras organizaciones sociales”.
En una rueda de prensa, Pava explicó en cifras cómo los 2,1 billones de pesos destinados por ahora a la emergencia nacional dan prioridad a esta visión de la seguridad alimentaria. Todo el dinero ya está en una cuenta que se llama Colombia Vital, y que se divide en cuatro líneas: Servicios Generales de Respuesta, con 534 mil millones de pesos; Hambre Cero y Empleo de Emergencia, que tiene 961 mil millones; Agroinsumos y producción de alimentos, con 20 mil millones; y Respuesta de Emergencias Viales, con 547 mil millones de pesos.
“Más del 54% de los recursos están destinados al tema de alimentos”, dice Pava. Más recursos podrían asignarse en los primeros meses del 2023. Millones de pesos preparándose ya para hacer más de un sancocho.
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