Los jóvenes se aferran a la paz total de Petro en Buenaventura

Johaner Delgado, un estudiante afrocolombiano de 22 años que se define a sí mismo como un optimista, camina una mañana por los pasillos de su universidad vistiendo una camiseta negra con la frase “Que pare la masacre en Buenaventura”. Flaco y sonriente, Delgado nació en el 2000 en esa ciudad portuaria al occidente de Colombia el mismo año en que grupos paramilitares comenzaron a asesinar masivamente allí —para cuando cumplió 5 años, los armados habían cometido al menos 15 masacres. Apenas en 2021 Buenaventura estaba entre las 20 ciudades más violentas del planeta. Delgado sobrevivió 22 años sin ser asesinado o reclutado por una banda criminal, y hasta hace poco se despertaba todas las mañanas a leer noticias en Facebook sobre personas baleadas durante la noche. Pero en octubre algo cambió. “Mi esperanza de vida se alargó un poco”, dice aliviado.

Delgado es uno de miles de jóvenes cuya esperanza se infló con la propuesta de Gustavo Petro de lograr una paz total, en la que se desmantelen a la vez todos los armados en el país. El presidente señala a Buenaventura como el lugar con el primer proceso de paz urbano. “Es lo mejor que ha pasado en esta ciudad”, dice el estudiante. Dos bandas que controlan el territorio, Los Shottas y Los Espartanos, hicieron una tregua tras combates que dejaron unos 250 muertos en año y medio. “Casi todos eran jóvenes”, dice Delgado. El Gobierno dice que son al menos 1.700 armados. “Todos esos también son jóvenes”, añade el que es uno de los representantes de juventud en Buenaventura.

La ciudad celebra más de 80 días sin asesinatos. El difícil reto es lograr que esa tregua, delicada como un cristal, no se rompa. Shottas y Espartanos han manifestado que quieren dialogar con el Gobierno, pero como bandas criminales sin carácter político no pueden negociar un acuerdo de paz como la guerrilla del ELN. La nueva Ley de Paz Total dice que pueden dialogar para que se sometan a la justicia en términos “que a juicio del Gobierno Nacional sean necesarios para pacificar los territorios”.

¿Qué términos jurídicos aceptarían? No se sabe. ¿Quiénes serán los voceros de las dos bandas? Tampoco se sabe. ¿Cuándo se inaugurarán los diálogos oficiales? No se ha anunciado la fecha. El Gobierno está en lo que el comisionado de Paz llama “un escenario de creación de confianza”. Mientras tanto, cientos de jóvenes esperan con tensión en la mandíbula que la tregua no se rompa.

“Después de los homicidios, la segunda causa de muerte de jóvenes en Buenaventura son los suicidios”, dice Delgado. “Yo creo que es porque deciden que no más, que así no se puede vivir. Y esta es la mejor oportunidad que tenemos para que eso cambie, porque esta vez contamos con el respaldo del Estado”.

Delgado se encuentra en la universidad con su amiga Carolina Torres, de 21 años, y le pregunta si ella se siente más tranquila desde que empezó la tregua. “Total”, le responde ella suspirando. Se suben en un carro para mostrarle a EL PAÍS lo que implica crecer en esta guerra urbana. Por calles sin pavimentar, señala una esquina en la que un miembro de los Shottas fue baleado con 13 tiros cuando iba a visitar a su madre. Luego otra en la que fue asesinado el activista Temístocles Machado, cuyo nombre se dibuja en graffitis de los barrios más pobres. Mientras señala, Torres dice que su padre dejó de manejar un taxi porque temía cruzar una frontera invisible entre las dos bandas y terminar muerto. “Yo no podía visitar a mis amigos en otros barrios”, dice, disfrutando del viento del mar que entra por la ventana del auto. “Y hoy uno ve que Los Shottas y Los Espartanos se van de fiestas juntos”.

Van de fiesta pero no pueden identificarse públicamente en una mesa de diálogo porque hay órdenes de captura en su contra. Sin mesa oficial, el Gobierno organizó eventos culturales esta semana —bailes, ollas comunitarias, charlas— que Shottas y Espartanos consideraron un gesto de buena voluntad. “Los pelados se sienten escuchados”, dice una persona cercana a los acercamientos. “Están cansados de la muerte y quieren que el Gobierno les garantice opciones laborales para salirse de ahí”.

Delgado y Torres llegan hasta el barrio Alberto Lleras, uno de los más violentos de la ciudad. Controlado por Los Espartanos, en 2008 era una zona fantasma donde el espacio público era solo para los armados. Allí los espera Luis Fernando Angulo, presidente de la Junta de Acción Comunal. “Solo quiero que pasemos esta navidad en paz”, dice él, de 27 años, junto a una olla comunitaria que ofrece arroz y fríjoles a los jóvenes de este barrio pobre. Los dos diciembres pasados se vivieron en medio de la guerra.

Angulo lleva dos años sin ver a su padre, que vive en una zona controlada por Los Schottas. A pesar de la tregua, no se atreve a visitarlo. “No siento aún la confianza”, dice. La paz total le suena bien pero frágil. ¿Y si las bandas se cansan de esperar al Gobierno? ¿Si no aceptan la oferta que les hagan para someterse a la justicia? ¿Si el Gobierno no les cumple con opciones laborales? “Ser jóven en esta ciudad es muy difícil”, dice. Un grupo de artistas, invitados del centro del país, bailan un bambuco en la cancha de fútbol.

El desempleo en la ciudad fue el 28% en 2021, 16 puntos porcentuales más que en el promedio del país. Espartanos y Schottas dejaron de asesinar pero no han abandonado el microtráfico de drogas ni las extorsiones a los comerciantes, las dos ocupaciones mejor pagadas que les ha ofrecido una de las ciudades más pobres del país.

De la esperanza a la cautela

Si los jóvenes celebran, los mayores piden cautela. Leyla Arroyo Muñoz y Mary Cruz Mina tienen 56 y 40 años, respectivamente, y hablan con la voz firme de una rectora que pide calma a sus alumnos en el recreo. “La paz total es frágil, los jóvenes no van a tener la paciencia de esperar un año si el Gobierno no les comienza a cumplir. No por eso tenemos que tirar esta oportunidad a la basura”, dice Muñoz mientras cae una tormenta en el centro de la ciudad.

Las dos son activistas por la paz y entre múltiples trabajos han documentado el número de personas desaparecidas, organizado partidos de fútbol para reconciliar a jóvenes en guerra, participado en marchas para enterrar la violencia, y alertado de posibles masacres a los vecinos y a las autoridades. “Ahora Buenaventura es el foco de los medios, mucha fiesta y todo, pero llevamos muchos años de un conflicto que nos desbarató la comunidad y muchos más años de racismo estructural. Así que no, esto no se arregla así tan fácil”, dice Mina arreglando sus gafas rojas. Lo que ellas ven en el corazón de la guerra en Buenaventura, dicen, es una comunidad fracturada que no ha logrado darle mejores oportunidades a los más jóvenes.

“Nosotras nunca dejamos de intentar acá la paz así el sicario sea el hijo de mi vecina”, añade Muñoz. Menciona que un narco famoso era su primo en quinto grado, o que dos amigos de su infancia se fueron a las FARC y a los paramilitares. “Sabemos de niños a los que les enseñaron a descuartizar gatos para luego descuartizar personas. Necesitamos trabajar en la psiquis de todos estos pelados”, añade. “Desde los acuerdos de paz del 2016 nos preparamos para recibir de nuevo a nuestros paisanos sin importar cuántas personas el vecino haya picado, asesinado, porque esa es la única forma de volver a ser comunidad en este bendito país”.

Lo trágico de la guerra en Buenaventura es que la violencia se recicla cada cuatro o cinco años. A finales de los años noventa llegaron las FARC, a principios del 2000 los paramilitares. Cuando estos últimos se desmovilizaron en 2005, llegaron otros grupos llamados ‘La Empresa’, luego ‘La Local’, que a su vez se transformaron en Shottas y Espartanos. Y cuando las FARC se desmovilizó en 2016, aparecieron en la zona rural el ELN y el Frente Jaime Martínez de las disidencias, además de la Segunda Marquetalia. Si la violencia no ha faltado, los esfuerzos de paz tampoco. Lo que ha fallado siempre es mantenerlos.

El alcalde encargado, un hombre de 36 años llamado Mauricio Aguirre, dice que en la ciudad se recicló la violencia cuando el Gobierno no logró integrar a la sociedad de nuevo a los ex paramilitares (AUC) que se desmovilizaron en 2005. “Estas dos estructuras, [Shottas y Espartanos], son herederos del Bloque Calima de las AUC. Sus cabezas, que ya no son jóvenes, son desmovilizados de los paramilitares”, asegura.

Un ejemplo es alias ‘Fidel’, uno de esos desmovilizados que luego fue jefe de Los Espartanos. Otro es alias ‘Diego Optra’, jefe de los Shottas y heredero del clan Bustamante—una familia que lleva más de una década controlando el narcotráfico en el puerto y con varios miembros en cárceles de Estados Unidos. Ni detenciones ni desmovilizaciones han traído tranquilidad al puerto.

“Se falla siempre cuando el Estado no logra reincorporar a los jóvenes a la vida civil”, dice el alcalde. Sin empleo ni salidas educativas, terminan buscando formas de sobrevivir en bandas como ‘La Empresa’, que con su nombre se presenta como el mayor empleador. “Shottas” es el título de una película jamaicana de bajo presupuesto en la que dos hombres jóvenes, sin oportunidades en Kingston, terminan creando un emporio criminal en su isla que se extiende hasta Miami. Y los Espartanos, que en Buenaventura se rebelaron ante la hegemonía de los Shottas, se ven como la máquina de guerra que frenó el poder de los persas en la antigua Grecia. Sobran los símbolos culturales para la guerra en esta ciudad donde la paz ha sido esquiva.

“El Gobierno tiene que trabajar en cómo será el sometimiento a la justicia, pero no puede dejar de lado decisiones claves para la reincorporación. Para eso ya tenemos un plan desde hace varios años, no hay que empezar de cero”, dice el alcalde. En los últimos años se han hecho mesas para construir planes de desarrollo que definen cómo invertir para mejor educación o empleo, planes que han sido un saludo a la bandera en esta ciudad afrocolombiana discriminada por el Gobierno central. Ahora que la vicepresidenta Francia Márquez se ha comprometido a cumplirlos, esperan que empiece a llegar el dinero para ejecutarlos.

Otro punto neurálgico es saber qué papel pueden jugar los empresarios del puerto empleando a estos jóvenes, porque manejan una de las principales entradas del comercio del país y se han visto beneficiados con la tregua. “Los empresarios me han dicho que quieren apoyar este proceso pero que estos jóvenes tienen que estar cualificados, y para eso tenemos que mejorar la oferta educativa”, dice el alcalde.

Actualmente solo hay dos sedes universitarias públicas que no alcanzan a suplir la demanda de todos los jóvenes que quieren estudiar. Johaner Delgado, el optimista, es uno de esos pocos que logró entrar a la carrera de administración de empresas, aunque le gusta más la administración pública y un día quiere ser alcalde de Buenaventura. “Guardo un gran optimismo”, escribe por mensaje de texto después de que Petro y Francia visitaran la ciudad para cerrar la semana de eventos culturales. Si todo sale bien en unos años no tendrá que seguir usando su camiseta negra. En su ciudad son muchos como él esperando que esta vez sí paren las masacres.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.