Petro se acerca al fiscal general para salvar la paz total

Fue una reunión de casi tres horas entre dos hombres que no se profesan muchas simpatías. Gustavo Petro y Francisco Barbosa se vieron las caras en el despacho presidencial el lunes después de meses de tensión latente. El presidente no quiere que el fiscal se convierta en un obstáculo para su proyecto de Gobierno más ambicioso, el de la paz total, la idea de desarmar a todos los grupos criminales de Colombia. Barbosa se ha mostrado firme y enérgico en todo este tiempo poniendo límites a las que considera unas propuestas de penas de cárcel demasiado benévolas con los criminales. La suerte de uno...

Fue una reunión de casi tres horas entre dos hombres que no se profesan muchas simpatías. Gustavo Petro y Francisco Barbosa se vieron las caras en el despacho presidencial el lunes después de meses de tensión latente. El presidente no quiere que el fiscal se convierta en un obstáculo para su proyecto de Gobierno más ambicioso, el de la paz total, la idea de desarmar a todos los grupos criminales de Colombia. Barbosa se ha mostrado firme y enérgico en todo este tiempo poniendo límites a las que considera unas propuestas de penas de cárcel demasiado benévolas con los criminales. La suerte de uno depende de la del otro.

Petro le quiso dejar claro desde el principio que el proyecto de ley de sometimiento no tiene la intención de ser blanda con los criminales, que en este supuesto se entregarían a la justicia por su propio pie. Contempla para los jefes de las bandas cárcel de seis a ocho años sin permiso de libertad condicional ni prisión domiciliaria. Tras ese periodo estarían cuatro años sometidos a monitoreo y deberían participar en programas de justicia restaurativa, un modelo que se ha aplicado mucho en el país desde el acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla que decidió dejar las armas y pasar a ser un partido político.

Eso sí, se protegería a los cultivadores de hoja de coca, una de las obsesiones del presidente. A menudo estos agricultores han sido perseguidos y maltratados por el Ejército, que perpetra un programa de erradicación forzada de la hoja de coca que impulsa Estados Unidos. En otras palabras, el Gobierno se propone asfixiar a los narcotraficantes y darle oxígeno a los campesinos, como ha explicado a este periódico el ministro de Justicia, Néstor Osuna. En toda la reunión, según dio a conocer la Presidencia, el fiscal Barbosa mostró dudas que el presidente, que estaba acompañado de su mano derecha, Laura Sarabia, quiso atender.

Después se llegó a un asunto que preocupa mucho a Petro: la humanización de la política criminal y las cárceles. Desde la campaña, Petro ha dicho hasta la extenuación que las prisiones no son más que un agujero en el que caen los pobres y del que no salen rehabilitados, más bien al revés. Él quiere que se conviertan en espacios de educación, oportunidades y arrepentimiento, al estilo de los presidios en los países nórdicos. Por eso ha sido tan crítico con el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El presidente tiene a un humanista al frente de este propósito, Danilo Rueda, que antes de formar parte del Gobierno se había recorrido las cárceles del país con una comisión intereclesial que buscaba la reparación y el perdón de los delitos.

Barbosa, tras la reunión, vendió el encuentro como un gran éxito para sus intereses. Dijo que acordó con el presidente que no haya ningún beneficio para importadores, ni vendedores, ni productores de droga. Confirmó que los cultivadores de hoja de coca quedarán fuera de esa ecuación. “Aquellos que quisieron incluir esto, quedan sin esa herramienta, porque Colombia no va a permitir que se beneficie de esa manera esa cadena del narcotráfico y en eso coincidimos con el presidente de la República”, añadió. La gente cercana al presidente quería que los narcos tuvieran algún beneficio por entregarse, de lo contrario ninguno de ellos tendría interés en presentarse ante la ley. Se hablaba de permitirles quedarse entre un 3% y un 6% del dinero que han acumulado. La cifra, según algunos consultados, es demasiado baja y poco atractiva para los delincuentes. La propuesta de Barbosa conduce a donde ya han ido a parar otras leyes de sometimiento, a la nada. En la última ningún narcotraficante aceptó entregarse.

El fiscal ha chocado frontalmente con políticos muy cercanos al presidente. El senador Iván Cepeda, uno de los que más confianza le tiene, ha denunciado las injerencias políticas de Barbosa. “Ha transgredido su labor y se ha metido en el proceso legislativo. Dijo que iba a impedir la tramitación de la ley de sometimiento. Eso es inadmisible. Él puede opinar pero no puede ponerle obstáculos al Congreso”, cuenta Cepeda por teléfono. Petro y su entorno temen que Barbosa juegue el papel del fiscal Néstor Humberto Martínez durante el periodo como presidente de Juan Manuel Santos. Martínez fue un verdadero problema a la hora de implementar los acuerdos con las FARC.

“Tuvo unos efectos muy nocivos para la paz, que torpedeó sistemáticamente. La ley de sometimiento tenía como objetivo someter al Clan del Golfo, pero es tan draconiana que nadie se ha sometido a ella. El Clan del Golfo es ahora la organización más poderosa para los líderes sociales y la más poderosa en términos del narcotráfico. La pregunta que nos hacemos hoy es si Barbosa está dando esos mismos pasos”, continúa Cepeda.

A su juicio, hay una parte del stablishment político que teme que el narco se desmovilice y lo implique en sus negocios, como ocurrió en su día con el paramilitarismo. En cualquier caso, Petro ha dado el primer paso para tener cerca al que considera un opositor a su Gobierno. Los enemigos más a mano que los propios amigos.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.