Estados Unidos sanciona a un general y dos coroneles retirados en un gesto de apoyo a la justicia transicional

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido sancionar a tres altos oficiales retirados del Ejército de Colombia por “graves violaciones de derechos humanos”, en un gesto de respaldo al sistema de justicia transicional encargado de juzgar a los máximos responsables de los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado. “Esto refuerza nuestro apoyo de larga data al acuerdo de paz de Colombia de 2016 y a la Jurisdicción Especial para la Paz”, escribió en sus redes sociales el secretario de Estado, Antony Blinken.

El Departamento de Estado anunció este jueves “medidas para promover la rendición de cuentas” contra el general retirado Iván Ramírez Quintero y los coroneles, también en retiro, Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez. Es una sanción motivada “por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia”. Los tres militares retirados tienen prohibido ingresar a territorio estadounidense, una medida que también cobija a cinco de sus familiares.

Los tres oficiales retirados tienen en común que no han cooperado plenamente con la JEP, el tribunal de paz surgido de los acuerdos con la extinta guerrilla de las FARC. “Es un mensaje a los máximos responsables de que habrá consecuencias no solo domésticas sino también internacionales si se burlan de las víctimas y se rehusan a asumir su compromiso de aportar verdad”, señala Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, excomandantes del batallón La Popa, están imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad como parte del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate por agentes del Estado, los llamados ‘falsos positivos’. Las investigaciones de la JEP han elevado hasta más de 6.400 las víctimas de este fenómeno. El general retirado Iván Ramírez Quintero, por su parte, hace parte del Caso 06, que corresponde a la victimización de miembros de la Unión Patriótica. El tribunal de paz privilegia la verdad plena, y establece penas alternativas a la cárcel a cambio de que los involucrados confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.

“Estados Unidos felicita a la JEP por su trabajo vital en apoyo de las víctimas y sobrevivientes del conflicto y continuará trabajando junto con socios colombianos e internacionales para apoyar la implementación total del acuerdo de paz de 2016″, concluye el comunicado del Departamento de Estado. El alto tribunal es parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo de paz, y se ha visto obligado a navegar en medio de la polarización que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde los diálogos de La Habana. El modelo de justicia transicional de la JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos, ha sido avalado tanto por la ONU como por la Corte Penal Internacional.

El espaldarazo de la diplomacia estadounidense ha sido pleno. ““Estas designaciones reflejan la fe que tiene Estados Unidos en la JEP”, señaló este mismo jueves la embajadora itinerante de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack, de visita en Colombia, durante una rueda de prensa en la sede del tribunal de paz en Bogotá. “Colombia está demostrando al mundo que la justicia y la paz pueden ir de la mano. El éxito es irrefutable”, valoró. “Recibimos con satisfacción los esfuerzos de muchos soldados y oficiales militares para abordar los daños causados”, agregó Van Schaack al hacer un llamado a que más miembros de las fuerzas militares ayuden a esclarecer distintos crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Washington es el principal socio comercial y militar de Bogotá. El presidente Joe Biden tiene una extensa historia con Colombia, un país al que le gusta referirse como “la piedra angular” de la política exterior de Estados Unidos en América Latina, como volvió a hacerlo el mes pasado cuando recibió al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca. Cuando era vicepresidente de Barack Obama, Biden respaldó decididamente el acuerdo de paz durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), que Petro se propone implementar con renovados bríos. Estados Unidos incluso ha anunciado que apoyará la implementación del capítulo étnico de los acuerdos, uno de los más rezagados.

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