El Congreso dilata la discusión del proyecto de humanización carcelaria

El Congreso tiene en ascuas al Gobierno desde este lunes, cuando la comisión primera de la Cámara de Representantes anunció que esta semana tampoco citará a debates para discutir el proyecto de ley que busca humanizar las cárceles. Se trata de uno de los primeros proyectos de ley que presentó el Gobierno este semestre y es uno de los más importantes para el Ejecutivo que queda en riesgo de hundirse por falta de tiempo.

El anuncio llega días después de que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le reclamara al representante conservador Juan Carlos Wills, presidente de esa comisión, por los retrasos en el estudio de la iniciativa. “Es bastante extraña esa circunstancia, esperemos que no sea nada distinto a un olvido del presidente de la comisión primera de la Cámara”, se quejó Velasco.

El proyecto de ley “de humanización de la política criminal y penitenciaria”, como lo tituló el Gobierno, plantea rebajas de penas en varios delitos y el aumento de beneficios como la detención domiciliaria, y los permisos de fines de semana y de trabajo para los reclusos que cumplan con ciertas características.

Así, aliviaría el dramático panorama de hacinamiento que se vive en las cárceles colombianas, donde hay 122.188 personas pero tan solo 84.156 cupos y el hacinamiento llegó casi al 22% en abril de 2023, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La situación en los centros de detención transitoria es aún peor: hay cerca de 24.000 personas detenidas en estaciones de policía y unidades de la Fiscalía que no están preparadas para ello. Según la Defensoría del Pueblo, en esos espacios el hacinamiento supera el 151% a escala nacional.

La senadora María José Pizarro, ponente del proyecto, dijo a EL PAÍS: “Las cárceles se han convertido en sitios de tortura, en escuelas del crimen de donde sale la gente a delinquir”. Y agregó: “Son lugares donde los derechos humanos no se cumplen y los porcentajes de reincidencia son altísimos porque la labor de resocializar, de permitir que la gente pueda incorporarse a la sociedad cuando salga, no se está cumpliendo”.

Los hallazgos de la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo en estos centros penitenciarios son elocuentes. Los reclusos duermen en el suelo, algunos sobre cajas de cartón o colchonetas, en los baños o corredores, entre sus propias heces y orines. Muchos comen y viven en un metro cuadrado y no tienen acceso a duchas o agua potable. Hay centros penitenciarios donde 150 personas comparten un solo baño que no funciona y se han encontrado algunos detenidos encerrados en cuartos de basura sin luz, bodegas y remolques ―porque celdas ya no hay―. Al hacinamiento se suman la falta de agua potable, de botiquines y atención médica para presos con enfermedades como cáncer, lepra, tuberculosis y VIH.

Aun así, el camino no está allanado para esta reforma, una de las más controversiales del Gobierno de Petro. Desde que fue presentada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el 6 de febrero pasado, se han oído voces de rechazo desde varios sectores por el impacto que puede tener en el ya alto nivel de inseguridad que perciben los ciudadanos en el país.

Una de las más críticas ha sido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se fue lanza en ristre contra la ley, asegurando que es un proyecto “de impunidad” y de “excarcelación masiva”, por lo que pidió al Congreso hundirlo definitivamente. “No logro entender por qué esa es la política del Gobierno Nacional, impunidad a los delincuentes. Así es muy difícil mejorar la seguridad”.

El concejal de Bogotá Oscar Ramírez, del derechista Centro Democrático, también emprendió una cruzada en las últimas semanas en contra del proyecto de ley, que, según él, sacaría a unos 6.342 detenidos a las calles de Bogotá “con la excusa de la humanización”.

Ramírez asegura que la reforma en el sistema penitenciario no puede plantearse a costa de la seguridad ciudadana. “Sí, es terrible que estén hacinados; sí, es terrible la situación que están viviendo; sí, ese no es el modelo que se necesita. Pero me pregunto: ¿cuáles derechos son más importantes, los derechos humanos de los ciudadanos o los derechos humanos de los delincuentes?”.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2022 el 52,9% de las personas se sentían inseguras en su ciudad o municipio, casi un 9% más que en 2021. Los contradictores del proyecto aseguran que dar beneficios de salida de las cárceles a las personas condenadas aumentaría la inseguridad. “Van a salir delincuentes profesionales a seguir asaltando la confianza y tranquilidad de los ciudadanos”, dijo Ramírez.

Para el constitucionalista Rodrigo Uprimny, quien preside la comisión asesora para la Política Criminal del Estado, que ha apoyado la iniciativa desde el principio, se pueden poner en marcha buenas políticas de seguridad para proteger a los ciudadanos y, al mismo tiempo, tener condiciones dignas para los detenidos en las cárceles.

“Colombia lleva 30 años endureciendo penas y aumentando a las personas privadas de la libertad en las cárceles y eso no ha resuelto los temas de inseguridad. Toda la evidencia empírica muestra que para reducir la delincuencia toca atacar la impunidad, es decir, poner penas más suaves, pero ciertas. Es más disuasivo que poner penas muy altas, pero inciertas.”

Quienes se han opuesto al proyecto de ley han hablado de la importancia de hacer más centros de reclusión en el país. Pero el ministro de Justicia ha respondido que el Gobierno “no quiere gastar un solo peso en construcción de nuevas cárceles”. En esa línea, Uprimny recuerda que, desde 1998, cuando la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en las cárceles al haber constatado una violación masiva de los derechos de los reclusos, el Estado ha hecho importantes inversiones en infraestructura, pero la situación no ha mejorado.

A pesar de que durante la pandemia salieron unas 20.000 personas por una norma especial que buscaba aliviar el hacinamiento, el número de reclusos ha venido aumentando: mientras en 2018 eran 118.513 y en 2019 sumaban 123.802, hoy son 124.188.

La senadora Pizarro asegura que los nuevos centros penitenciarios no resolverán el problema en Colombia. “Si construimos nuevas cárceles, esas cárceles se van a sobrepoblar también. Estaríamos resolviendo el problema de hoy, pero no el de mañana”, dice.

En medio de ese debate, el hundimiento del proyecto sería un duro golpe para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien esperaba que, al decretar el mensaje de urgencia para el proyecto y aceptar algunas modificaciones al texto, se generaran consensos y se hiciera más expedita su aprobación en un momento en que la sobrepoblación de las cárceles exige medidas urgentes.

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