El Gobierno de Bukele captura a un centenar de colombianos acusados de pertenecer a una red ilegal de préstamo de dinero

“Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país”, escribió este martes en su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y sentenció: “Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame”.

El mensaje de Bukele responde a una rueda de prensa de la Fiscalía General de El Salvador en la que se anuncia la captura de 110 personas, “la mayoría de ellos colombianos”, que supuestamente pertenecían a una red criminal de préstamo de dinero. “Durante los últimos días hemos desarrollado investigaciones conjuntas con la agencia de migración de El Salvador y con la Policía sobre la forma en la que operaba una red de colombianos que se hacían pasar por microfinancieras que no estaban registradas”, denunció el fiscal Rodolfo Delgado.

Según Delgado, las primeras investigaciones han permitido la detención de 105 colombianos, un argentino, un guatemalteco y tres salvadoreños, que integraban la red criminal y estaban ubicados en diferentes colonias del país centroamericano. “Estas personas se dedicaban a ofrecer créditos a un 20% de interés y posteriormente realizaban rutas de cobros a las personas que caían en sus engaños”.

El fiscal, además, denunció que los integrantes de la red de prestamistas “solicitaban el pago del dinero a través de amenazas y ultrajes. Cuando una víctima no podía pagar el préstamo usurpaban su identidad, obtenían sus cuentas bancarias y trasladaban el dinero al extranjero”. Según el fiscal, desde el 2021 hasta la fecha, se han hecho remesas hacia Colombia de más de 20 millones de dólares y se han identificado “aproximadamente 3.000 denuncias de hechos criminales, principalmente estafas y estafas informáticas que han sido cometidas por colombianos”.

El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, también se pronunció sobre las detenciones: “No vamos a permitir que sigan aprovechándose de los salvadoreños, vamos a proteger integralmente a nuestra población. Nosotros no trabajamos para criminales y este contundente golpe a esta organización criminal internacional es el inicio, sepan que vamos a neutralizar por completo esta nueva amenaza”, dijo.

Villatoro afirmó que en este momento hay más de 400 colombianos irregulares en El Salvador, a quienes ya se les venció su permiso migratorio. “Tienen 72 horas para abandonar este país o evidentemente van a hacer sometidos ante la justicia salvadoreña”, explicó el ministro en su cuenta de Twitter. Y añadió: “El Salvador jamás volverá a caer en las manos de organizaciones criminales. Acá la Ley y el Estado se respetan”.

Sin embargo, la abogada de derechos humanos Ingrid Escobar, directora de la ONG Socoro Jurídico, explicó en su cuenta de Twitter que la usura no es ilegal en El Salvador. “Si esa es la acusación que se procese por la falta correcta y no por pandillas como acusaban al inicio. Nosotros tenemos el caso de 20 familias que nos han enviado arraigos y que estas personas jamás han tenido antecedentes penales”.

En este momento, Escobar y otros abogados están ayudando a más de 20 colombianos presos previamente por el régimen de Bukele a quienes no se les ha garantizado ninguno de sus derechos como procesados. A muchos de ellos los apresaron sin orden de captura, sin antecedentes penales, sin investigación previa, sin ninguna prueba. Ninguno se ha podido comunicar con su familia en más de seis meses de detención.

En una entrevista con EL PAÍS hace unas semanas, Escobar explicó las condiciones en que están presos los colombianos: “Hay una violación reiterada de derechos humanos a los colombianos presos en El Salvador. No sabemos cuántos son exactamente los colombianos detenidos, pero a nuestra organización han llegado más de 20 familias a pedir ayuda. Muchos de los capturados no reciben paquetes de higiene, ni de alimentos y están encerrados en las mismas cárceles con asesinos, con violadores, con pandilleros de verdad”, explica Escobar por teléfono. Y añade: “El régimen de excepción de Bukele ha servido para capturar masivamente, pero no para hacer justicia”.

Claudia Marcela Colpas, madre de Brandon Loaiza, uno de los colombianos preso por el régimen, cuenta que su hijo llegó el 25 de enero al país centroamericano en busca de un mejor futuro para él y su familia. Seducido por el bitcoin, la prosperidad aparente y el supuesto regreso de la seguridad, Brandon dejó su trabajo en el Club Campestre de Pereira para ir a conseguir dólares a El Salvador. Llevaba menos de un mes allí cuando lo capturaron. “A mi hijo lo detuvieron por ser colombiano, por ser pobre y por tener tatuajes”, denuncia.

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