Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá se enfrentan al reto de la creciente inseguridad

El próximo alcalde de Bogotá, cuya elección se celebrará el 29 de octubre, deberá ensayar ideas nuevas en materia de seguridad ciudadana. Los habitantes de la capital han convivido desde hace décadas con la sombra intermitente de fenómenos de inseguridad (similares a los de otras urbes latinoamericanas). Un laberinto infernal cuya complejidad se desconoce, en buena medida, debido a la ausencia de cifras completas o fiables, según los expertos. Durante el primer semestre de este año se han registrado 319 denuncias diarias y un aumento del 11% en la tasa de homicidios con respecto al mismo período del año pasado. Y, sin embargo, los analistas evidencian un vacío estadístico del orden del 70% en la información disponible.

Los bogotanos parecen estar hartos. Por eso dentro de las fórmulas expuestas por los candidatos para amortiguar la situación ha trascendido la creación de una mega cárcel, al estilo de las de Bukele en El Salvador, del derechista Diego Molano; mejorar los modelos predictivos, del independiente Juan Daniel Oviedo, o la creación de una fuerza de despliegue rápida, del centrista Carlos Fernando Galán, entre otras. Se trata de proyectos cargados de buenas intenciones, poco novedosos, y que el investigador experto en criminología Jerónimo Castillo engloba dentro del fallido enfoque de seguridad ciudadana de las últimas tres décadas: “Estamos atrapados en una política que se ha centrado en el refuerzo policial o en el análisis de unas bandas o actores dispersos y no en la comprensión de los fenómenos y sus estructuras”.

La versión policial, replicada por la prensa, se ha enfocado en el papel de las bandas criminales, como los denominados ‘Sayayines’ o el ‘Tren de Aragua’, para explicar, al menos en parte, los brotes recientes de delincuencia. Pero como en otras ocasiones, la caracterización de algunos cabecillas de estos grupos, y el arresto de un puñado de criminales, solo dejan más interrogantes ante un fenómeno que la alcaldesa de Bogotá por el Partido Verde, Claudia López, ya ha admitido en la recta final de su mandato que es “grave”. Y la encuesta de percepción ciudadana Bogotá cómo vamos (2022), confeccionada por un grupo de empresas privadas y la Universidad Javeriana, lo certifica: el 73% de los encuestados afirma haber sido víctima de algún delito.

Hay que agregar que este año el robo a residencias, y a personas, creció en el primer semestre 31% y 28%, respectivamente, frente al mismo período de 2022. La percepción ciudadana y el aumento de las tasas, en 8 de los 12 tipos de delitos etiquetados como de “alto impacto”, coinciden con cierta nitidez. El aspirante Carlos Fernando Galán, quien presumiblemente se lanzará por el Nuevo Liberalismo, aseguró en una entrevista con este diario que la capital tuvo el año pasado unas 300.000 víctimas de hurto. Pero los expertos inciden en que los robos, o “raponazos”, son apenas una pieza menor del rompecabezas. Un documento elaborado por el abogado Luis Edmundo Suárez para la Fundación Ideas para la Paz explica que uno de los pilares fundamentales del problema hoy se concentra en el microtráfico de drogas.

La policía, por su parte, se suele declarar desmoralizada por la impunidad del sistema judicial y la ineficacia de la red carcelaria. Un problema crónico que ha dado pie para que Diego Molano, exministro de Defensa, anunciara su polémica propuesta a fin de acabar con el hacinamiento. Pero los expertos reducen lo anterior a una maniobra para generar ruido. O simplemente una fórmula para recordar que, a pesar de que el país cuenta con todo un menú de experiencias en asuntos de crimen común y violencia, en medio siglo no ha habido una propuesta integral, ni mucho menos duradera, en las ciudades.

El doctor en Criminología, ley y justicia de la Universidad de Chicago Jorge Mantilla sostiene, por su parte, que la “ciudad no ha reconocido que hay territorios que no gobierna”. Cita, por ejemplo, el caso del desalojo del Bronx, una de las calles más peligrosas en el corazón de Bogotá. En 2016 dos mil policías, con apoyo del ejército, expulsaron en 12 horas a mendigos, traficantes y prostitutas que habían convertido la zona en un foco de delincuencia y sangre con salas de tortura (allí los ya mencionados ‘Sayayines’ descuartizaban a sus víctimas para saldar cuentas).

Ocho años más tarde los problemas proliferan en el sector. Los delincuentes trasladaron sus negocios al cercano barrio San Bernardo, tan solo unas manzanas al sur. ¿Cuáles son, entonces, las propuestas del candidato izquierdista Jorge Enrique Robledo? El excongresista hizo un repaso parcial, en entrevista con el diario El Nuevo Siglo, que incluía el aumento del pie de fuerza de la policía o reforzar las herramientas tecnológicas con “cámaras, redes y vehículos”. Remedios de sobra conocidos y que dan pie para que Jerónimo Castillo, director del área de seguridad y política criminal en la Fundación Ideas para la Paz recuerde que la solución no se puede reducir al nombre de un gobernante: “Se trata de reflexionar en torno a unas políticas de seguridad que están desgastadas, con una burocracia exagerada que se ha dedicado a estudiar pequeñas estrategias en torno a dos paradigmas: la confianza en la policía y la identificación de unos individuos que cometen crímenes atroces”.

En su opinión, habría que superar esas “interpretaciones monolíticas y totalizantes” y poner el foco sobre la relación de una diversidad de actores cuyo papel se ha obviado, a pesar de contar con evidencia de sobra. Habla, por ejemplo, de los nexos entre talleres mecánicos y comercializadores de repuestos ilegales; también de negocios de insumos químicos con redes narcotráfico; o de algunos comercios en los llamados ‘Sanandresitos’ con grupos criminales y lavado de activos. Un terreno a todas luces movedizo, gris, con una fachada en la legalidad y una puerta trasera de escape hacia los circuitos subterráneos del crimen.

Hoy, explica Castillo, el mayor peso de la estrategia policial para combatir y prevenir la delincuencia se sigue recostando en redadas a determinadas áreas, al monitoreo con cámaras, o los registros en vías donde se han detectado robos de vehículos, por ejemplo. El experto subraya: “Son acciones coyunturales, que nos dejan atrapados en una serie de variables reducidas, mal cuantificadas, y que suelen vender falsas ilusiones de que los fenómenos varían”. Mientras tanto, los delitos se complejizan y quedan fuera del radar de los analistas y los estudiosos inquietos por contar con un mapeo más amplio y articulado.

Por eso los expertos ponen el acento en el repunte de casos que pasan de agache en el radar policial, como los feminicidios, las extorsiones, los homicidios contra adultos mayores, el microtráfico o la desaparición de menores. ¿Quién maneja realmente los hilos de la economía del crimen en Bogotá? ¿Cómo salir de una espiral que no ha arrojado resultados? ¿Valdría la pena, por ejemplo, fortalecer algunas instituciones civiles como las Comisarías de familia? O ¿pensar en estrategias de convivencia ciudadana como las de Mockus para reinventar la vida en las calles?, se pregunta más de uno.

Una historia, añade Castillo, marcada por la incomprensión oficial de cada uno de los estadios de un mundo violento: “eso ha limitado el diseño de políticas públicas”. En la misma línea Jorge Mantilla concluye que es hora de apuntalar y transparentar el modelo clásico de presentación de los datos policiales, de la Fiscalía, Medicina Legal o la Secretaría de Seguridad sobre delincuencia: “Ya no es suficiente saber si un indicador ha subido o bajado. O conocer dónde, a qué hora, en qué barrio y a quién le suceden las cosas”. Por eso apostilla que, a pesar de que el asunto monopolizará con toda certeza el debate para las elecciones de octubre: “Por momentos parece que estamos navegando con piloto automático”.

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