La Fiscalía de Colombia anuncia 55 imputaciones por el ‘caso Odebrecht’

La Fiscalía General de Colombia ha anunciado este jueves 55 nuevas imputaciones por el capítulo local del caso Odebrecht. Incluyen a quien fuera el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, Luis Fernando Andrade, y a otros 32 exfuncionarios que serán acusados de interés indebido en la celebración de contratos. También al empresario Marcelo Odebrecht, fundador y exdirector de la compañía brasileña, y a otras 21 personas —lobistas, contratistas y particulares— que están señaladas de colaborar con el entramado criminal que elaboró la multinacional brasileña para amañar contratos de obras públicas. La entidad acusatoria calcula que las nuevas acusaciones abarcan sobornos de hasta 80.000 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) y un detrimento al Estado de más de 120.000 millones de pesos (alrededor de 30 millones de dólares).

Las imputaciones a los 33 exfuncionarios de la ANI están vinculadas a irregularidades que ocurrieron entre 2009 y 2016 en la contratación de la Ruta del Sol II, un tramo de 528 kilómetros de una doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe. Los implicados, entre los que se encuentran nueve vicepresidentes, son señalados de beneficiar al concesionario a través de varias maniobras: aplazamientos en los cronogramas de la obra, ajustes en los contratos para bajar los parámetros de calidad y la adición irregular de estudios y diseños para la construccion de un acceso a Puerto Boyacá (Boyacá). Los perjuicios al Estado incluyen las multas que no se cobraron, los pagos anticipados y los descuentos por obras no ejecutadas que se alteraron, con valores inferiores a los que correspondían.

Las otras 21 acusaciones refieren a los privados que habrían participado en la presunta corrupción, un entramado que armó la compañía brasileña para obtener y modificar contratos de manera irregular. La Fiscalía ha señalado que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht funcionaba como una empresa criminal paralela, encargada del pago de coimas a políticos, lobistas y contratistas, algo que ya ha aceptado esta compañía en otras instancias. Los delitos imputados a este grupo son variados: delitos de concierto para delinquir y lavado de activos para los directivos de Odebrecht; lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica para los contratistas; lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares para un lobista y sus allegados.

La entidad acusatoria ha señalado que, para obtener el contrato de Ruta del Sol II, se pagaron al menos 11.500 millones de pesos al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales —quien ya confesó y fue condenado por ello—, 3.536 millones a congresistas y 1.028 millones a funcionarios de la ANI. No obstante, no terminó ahí, porque una de las costumbres era después modificar los contratos y obtener más beneficios para Odebrecht: entre ocho adiciones firmadas entre marzo y octubre de 2013 se encuentra la transversal Ocaña–Gamarra por 676.000 millones de pesos, un valor que excede los topes permitidos para adiciones a los contratos originales. De acuerdo con la Fiscalía, se pagaron 53.000 millones de pesos (unos 13,2 millones de dólares) en coimas.

Los nuevos datos vinculados a la Ruta del Sol II deben sumarse a otros casos de Odebrecht en Colombia, como los presuntos aportes a las campañas electorales rivales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga en 2014, el caso Navelena y la contratación del túnel Tunjuelo-Canoas en Bogotá. Todo suma daños por 514.000 millones de pesos, o unos 129 millones de dólares —de los cuales solo han sido recuperados 19.000 millones de pesos, unos 4,3 millones de dólares—.

El anuncio de la Fiscalía se produce solo unos días después de que Aval, socio de Odebrecht en la Ruta del Sol II, reconociera ante la justicia estadounidense el pago de sobornos en las adiciones a la doble calzada entre el centro del país y la Costa Caribe. El grupo colombiano, perteneciente a la poderosa familia Sarmiento Angulo, llegó a un acuerdo para pagar una multa de 60 millones de dólares, colaborar con la justicia y fortalecer sus procedimientos anticorrupción. Sus directivos no enfrentarán cargos penales, el proceso se suspenderá y sus empresas dejarán de aparecer en los reportes como investigadas por este caso de corrupción. Además, si cumplen con lo estipulado, la investigación se cerrará de manera definitiva.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló el martes que el caso Odebrecht no puede quedarse en la justicia estadounidense. Pidió a la Fiscalía que investigue a los destinatarios de las coimas y ordenó que la Cancillería colabore con Estados Unidos y Brasil para establecer los daños que el Grupo Aval y Odebrecht le han generado al Estado colombiano. “Los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”, lamentó.

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