Un militar, en su confesión sobre ‘falsos positivos’: “Hubo generales que intentaron callarnos la boca”

En Casanare, en la región llanera de Colombia, al menos 367 militares y agentes estatales se aliaron para matar a civiles y presentarlos como muertes en combate. Asesinaron y desaparecieron a 296 personas. Esa es la verdad abrumadora que se está escuchando en Yopal de boca de 24 militares y miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la región. Reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber estigmatizado, ordenado, asesinado y encubierto todos esos delitos que se conocen como falsos positivos.

Colombia ha visto ya otras audiencias de reconocimiento de responsabilidad. En Norte de Santander y en Dabeiba (Antioquia), altos mandos militares han admitido estos asesinatos y ofrecido perdón a las víctimas. Pero la audiencia de Casanare fue diferente. A las lágrimas y el dolor intenso de las víctimas se sumó su rabia por las mentiras que durante años dijeron los militares y que emergieron en la audiencia. Las víctimas pidieron muchas veces la palabra, se quejaron, confrontaron:

―”Usted está mintiendo, señor Marco García. Usted recibió dinero para cambiar su versión. Acá todos sabemos a quién está encubriendo”, dijo Johana Torres, una de las víctimas, para referirse al general en retiro Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.

Frente al estrado, enredado con las preguntas que secundó la magistrada Catalina Díaz, el militar confirmó que tiempo atrás recibió 45 millones de pesos del general en retiro para cambiar su versión. Reconoció que había mentido antes a la JEP y dijo que ahora sí quería decir la verdad. Atrás, Torres Escalante agachaba la mirada.

Un día después, la declaración de Torres Escalante agotó la paciencia de las víctimas. El alto oficial evadió las insistentes preguntas de los magistrados Catalina Díaz y Óscar Parra, que lo conminaban a aceptar sin ambages su responsabilidad como autor mediato por la que fue imputado, a confirmar si sabía que sus hombres cometían esos asesinatos. La tensión era evidente y explotó cuando una víctima evitó el protocolo de las audiencias para gritarle al militar que ya era suficiente, que aceptara que él sabía de los asesinatos en la Brigada que dirigía. “Las víctimas llevamos 17 años esperando”, gritó la mujer.

El general en retiro había leído una declaración en la que decía que asumía “con vergüenza el señalamiento de título de máximo responsable de los asesinatos de persona vulnerable, protegida y crímenes de guerra, secuestro, desaparición forzosa”, pero no fue capaz de hablar de hechos concretos, lo que molestó a las víctimas. También afirmó que recibía presiones del comandante del Ejército Mario Montoya y del general Guillermo Quiñones, su jefe directo como comandante de la IV División. Recientemente, la JEP imputó por falsos positivos a Mario Montoya antes de dirigir el Ejército, cuando era comandante de la Cuarta Brigada de Medellín.

Las declaraciones de los militares estuvieron cargadas de denuncias contra otros funcionarios: fiscales que no investigaron, integrantes de otras fuerzas; también de la lectura de los nombres de las decenas de víctimas seguidas de la frase: “No era un delincuente, ni hacía parte de un grupo armado”, intentando limpiar el nombre de los asesinados.

“Somos personas que fuimos instrumentalizadas para cometer los objetivos de los generales que nos están mirando por estas cámaras, el cuerpo de generales, que muchas veces fueron a los centros de reclusión a callarnos la boca y a decirnos: ‘No digan eso, la institución prevalece”, dijo en su reconocimiento el teniente en retiro Jhon Alexánder Suancha Florián. En su declaración, este oficial también habló del general Carlos Suárez Bustamante, al que llamó “el padre de la omisión en los falsos positivos”. Suárez fue inspector del Ejército.

El rol del DAS

La audiencia en Yopal reveló también el rol del DAS en estos crímenes, una arista que habla del uso de la inteligencia estatal contra la población civil. El desprestigio, la estigmatización y el empadronamiento de campesinos para conseguir que fueran objetivos para asesinar fue lo que confesó Orlando Rivas, exdirector del DAS en esa región. “Las campañas de desprestigio y las de estigmatización eran el insumo primordial para proceder con los crímenes de lesa humanidad, por eso pido perdón al pueblo casanareño”, dijo Rivas durante la audiencia de reconocimiento de delitos, tras la imputación que hizo la JEP.

El DAS, que era la policía secreta de Colombia y fue desmantelado por haber espiado ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos, fue clave en el aparato criminal que cometió estos asesinatos en Casanare. Lo fue también el Gaula, la sombrilla de las unidades encargadas de evitar los secuestros en el país en las diferentes fuerzas. Denunciaban falsas extorsiones y capturaban ilegalmente a personas para asesinarlas.

Los militares ratificaron la existencia de un “kit de legalización”, es decir, que tenían preparadas armas, uniformes y botas para poner a las víctimas y simular que los campesinos integraban grupos armados; y que en algunos casos torturaron a los campesinos.

“Los muertos no hablan”, le dijeron a uno de los oficiales para que se quedara tranquilo ante posibles investigaciones judiciales y siguiera cometiendo asesinatos. Pasaron muchos años, pero los muertos sí hablaron en Casanare y revelaron esa organización criminal, a pesar de los intentos de entorpecer las investigaciones, como confesaron varios de los militares. A la audiencia asistieron solo los máximos responsables, pero las investigaciones continúan con cerca de 200 militares que participaron de estos crímenes.

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