Álvaro Uribe, denunciado ante la justicia argentina por los ‘falsos positivos’

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha sido denunciado ante la justicia federal argentina para que se investigue su responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad. Los querellantes son 11 familiares de víctimas de los asesinatos de civiles para mostrarlos como bajas en combate, conocidas como falsos positivos, y tres organizaciones de derechos humanos. Piden a los tribunales argentinos que apliquen el principio de jurisdic...

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha sido denunciado ante la justicia federal argentina para que se investigue su responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad. Los querellantes son 11 familiares de víctimas de los asesinatos de civiles para mostrarlos como bajas en combate, conocidas como falsos positivos, y tres organizaciones de derechos humanos. Piden a los tribunales argentinos que apliquen el principio de jurisdicción universal para investigarlo “por ser quien lideró la estructura estatal empleada en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad” por integrantes del Ejército Nacional bajo su mando.

“Venimos a denunciar la participación de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por considerarlo penalmente responsable de por lo menos 6.112 asesinatos y desapariciones de personas en estado de indefensión que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, dice la denuncia conocida por EL PAÍS y radicada este miércoles en Buenos Aires. Aunque en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional pactada entre el Estado y las extintas FARC como parte del Acuerdo de Paz, ha documentado 6.402 casos de falsos positivos, la querella se circunscribe a los 6.112 asesinatos o desapariciones ocurridos entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, fecha en la, según los denunciantes, el Gobierno encabezado por Uribe tomó medidas efectivas para detener la criminal práctica.

Varios familiares de víctimas viajaron a la capital argentina junto a representantes de la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Comité de Solidaridad por los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, las organizaciones querellantes, para radicar la denuncia personalmente. Tienen previsto un evento este jueves en la Plaza de Mayo, lugar donde se suelen reunir las Madres de Plaza de Mayo.

Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña, un taxista y pintor automotriz que fue asesinado, dice que interpone la querella “para que por lo menos se investigue la responsabilidad que tiene el señor Uribe dentro de todo esto”. Su objetivo, cuenta por teléfono, es que esto abra un camino para todas las víctimas de falsos positivos, y para que otros hijos no tengan que extrañar el abrazo de un padre como le ocurrió a ella. “Eso es lo que me da fuerza para estar aquí trabajando por desmantelar la impunidad y el negacionismo”.

Su padre ―se sabe ahora― fue llevado a un paraje lejano con engaños por militares y asesinado junto a otra persona aún sin identificar. Les dispararon por la espalda y los hicieron pasar como muertos en combate, admitió el asesino. “Pero yo no busco al perpetrador solamente de la muerte de mi papá, porque esto fue un sistema en todo el país, sino que intento responder la pregunta de nosotras las víctimas de quién dio la orden, por qué se gestó esta orden. Así que le pedimos a la justicia [argentina] que investigue a los responsables de una política de seguridad de Gobierno”.

También ha viajado Andrey Betancourt, cuyo padre, Beyer Ignacio Pérez, fue asesinado en abril de 2007 en Casanare. “La JEP tiene unas limitaciones abismales para investigar a expresidentes y sabemos que la Comisión de Acusaciones del Congreso no opera nunca y es de Absoluciones. Por eso recurrimos a esta justicia”, dice en conversación con EL PAÍS.

La jurisdicción universal es un principio de derecho internacional que permite a los Estados investigar, juzgar y sancionar a autores de graves crímenes sin importar la nacionalidad de las víctimas o del autor, si los países donde se cometen los delitos no los investigan. Por eso, para el abogado argentino Máximo Castex, que asesora la querella, esta acción abre un camino a que por primera vez un expresidente colombiano sea indagado por crímenes internacionales.

Argentina es uno de los países que incorpora la jurisdicción universal. Actualmente se investigan allí causas contra las fuerzas de seguridad de Venezuela, Nicaragua, Myanmar y España. La más famosa es la querella de los crímenes del franquismo a la que se han ido sumando incontables víctimas. Trece años después de aceptada, el proceso ha obligado a hacer exhumaciones en España y a escuchar, por primera vez, a decenas de víctimas ante un juez, entre otros hitos. Algo similar podría pasar con el caso de Colombia, explica Castex.

Sin embargo, las víctimas de la querella consideran que el precedente clave es el del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue denunciado y detenido por orden de la Audiencia Nacional española hace 25 años. “Como a él se le hizo ese juzgamiento, pienso que esta puede ser la opción en Argentina, aunque sabemos que toma tiempo”, dice Andrey.

Además de Castex, la querella es asesorada por Bénedict de Moerloose, experto en litigios bajo el principio de la jurisdicción universal. Según los representantes de las organizaciones, la denuncia en Argentina no implica un choque o falta de confianza en la JEP, sino de un trabajo complementario debido a que ese tribunal tiene prohibido llamar a comparecer a mandatarios o exmandatarios.

Los argumentos de la querella

El documento de casi 300 páginas contiene un resumen sobre la política de seguridad democrática, bandera del expresidente. En uno de sus apartes dice que Uribe, como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, “habría permitido, autorizado, incitado e incluso ordenado que se cometieran estos gravísimos crímenes”.

Los querellantes argumentan que una serie de decisiones y decretos que tomó el mandatario incidieron de forma directa, al crear un contexto “altamente favorable a la comisión de los miles de asesinatos cometidos por el Ejército”. Mencionan, entre otras, la declaratoria del estado de conmoción interior recién se posesionó que, si bien fue declarado parcialmente inexequible por la Corte Constitucional, validaba la restricción de derechos fundamentales y controles al aparato militar.

Por ejemplo, incluía el rediseño de los recursos judiciales y de los órganos de control del Estado para que no fueran un obstáculo en el ejercicio del poder del Ejecutivo en la guerra contra el terrorismo; la disposición de capturas sin previa orden judicial, las retenciones transitorias, o la inspección o registro domiciliario y allanamiento de viviendas por parte de la Fuerzas Militares.

“Estas consistieron en un abanico de disposiciones legales y extralegales que fueron desde un principio denunciadas como factores de vulneración a los derechos humanos, pero que el presidente decidió no revertir, con pleno conocimiento del riesgo generado por ellas, el cual se materializó en crímenes de lesa humanidad cometidos por sus subordinados y, a pesar de ello, hoy en día todavía persiste en defender”.

Uno de los puntos centrales de la querella es el argumento de que Uribe “tenía conocimiento” sobre la comisión de los llamados falsos positivos desde el comienzo de su mandato. Para demostrarlo, recogen declaraciones oficiales como la Christian Salazar Volkman, el entonces director de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas en Colombia (OACNUDH), quien afirmó que en 2003 y 2004 su oficina directamente informó al expresidente sobre varios casos de ese tipo, y que este los desdeñó y no tomó ninguna medida para detenerlos. “Aun conociendo las críticas formuladas por las Naciones Unidas, el presidente Uribe apoyó públicamente la versión del Ejército”, dice Salazar.

También señalan que los organismos de derechos humanos mantuvieron sus denuncias en los años siguientes ante distintas instancias de Gobierno, pero que lo único que ocurrió fue un incremento de los casos. Citan una reunión entre funcionarios del Gobierno y del Ejército en Antioquia, en la que abordaron denuncias de falsos positivos en esa región. “La reunión tiene lugar en mayo de 2006, a unos meses de iniciada la comandancia de Mario Montoya Uribe, siendo la época de mayor auge el año 2007, lo que presupone que para esa época no debería porque existir sorpresa por la ocurrencia del fenómeno o su modus operandi”, dice la denuncia. Montoya, quien llegó a ser comandante del Ejército, recientemente fue imputado por la JEP por 130 falsos positivos.

La querella señala al expresidente de presiones a sus tropas a pesar de las denuncias. “No solo omitió de reaccionar, absteniéndose de tomar cualquier medida adecuada para detener la práctica aquí denunciada, sino que, en múltiples ocasiones, presionó directamente y/o dio órdenes directas a oficiales del Ejército para que llevaran a cabo bajas, como lo señalaron varios comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz”, dice el documento en uno de sus apartes.

Castex explica que a la demanda se podrán sumar otras víctimas, como ocurrió en el caso de los crímenes del franquismo, y que las que viajaron a Buenos Aires se presentarán este jueves ante el juzgado para ratificar la denuncia y entregar las pruebas. El caso quedó en manos del Juez Federal 2, Sebastián Ramos, que investiga también los presuntos crímenes de lesa humanidad de las fuerzas de seguridad venezolanas.

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