La economía colombiana se mira al espejo tras la pandemia

Colombia no estaba habituada a debatir con tanta intensidad sobre su orientación en temas de política económica. Las movilizaciones sociales de 2019, sin embargo, irrumpieron como un choque popular contra un modelo formal bastante estable, consensuado durante décadas. La pandemia acabó por revelar sus peores claroscuros. Hoy el primer Gobierno de izquierdas en la Colombia contemporánea ha removido sus cimientos con propuestas de reformas sensibles y el grueso de los economistas se agarra la cabeza ante los riesgos de un timonazo en medio de una coyuntura riesgosa. Las cosas no están del todo bien.

El cuadro macroeconómico bascula entre el alta y persistente inflación, que promete cerrar el año alrededor del 9,5%; una contracción del producto del 0,3% en el tercer trimestre del año; y un déficit fiscal del 4,3% del Producto Interno Bruto que no deja de inquietar. Los frentes son múltiples y complejos. Y a pesar de que los analistas reconocen el progreso económico del país en las últimas décadas, también coinciden en que ha sido disparejo y que aún es urgente fijar prioridades. Leopoldo Fergusson, doctor en Economía por el Massachusetts Institute of Technology, rehúye del exitismo de ciertos exministros de Hacienda que hoy pintan un panorama cercano a la catástrofe para ensalzar las virtudes de administraciones pasadas.

Reconoce que durante décadas el sistema logró con solvencia sacar a millones de colombianos de la pobreza. La calidad de vida mejoró sin duda. Y, sin embargo, los niveles de desigualdad han sido persistentemente “desorbitantes”. Esa es, quizás, la mayor falencia, el mal endémico y característico del modelo de política económica al que los Gobiernos en las últimas décadas apostaron. Bastaría con recordar que en el mejor de los años desde que existen estadísticas, uno de cada diez colombianos ha vivido en la miseria, dos en situación de pobreza multidimensional y tres han carecido de ingresos suficientes para comprar los bienes de consumo básico.

Es decir, el país creció de forma asimétrica: “Si no fuera por los programas de Gobierno, los auxilios y los subsidios durante la pandemia, la catástrofe habría sido total. Nuestra red de protección social, con desfases en cobertura y calidad según el servicio, se desarrolló con una cantidad de distorsiones indeseables”, explica por teléfono Fergusson. Daniel Castellanos, magíster en Economía por el Westfield College de Londres, coincide: “La caída de la pobreza en los últimos 20 años ha sido espectacular. Y, sin embargo, si usted mira la situación social en su conjunto sigue siendo patética”.

La pobreza monetaria, que entre otros parámetros mide la capacidad individual para cubrir los servicios básicos, bajó tres puntos porcentuales en 2022, alcanzando a 37 de cada 100 colombianos que viven con menos de 100 dólares mensuales. La población vulnerable, que salió de la condición de pobreza, pero es proclive a recaer en ella, suma el 14,5%: “El 70% de la población, con datos de 2021, vive en condición de pobreza o vulnerabilidad”, añade Castellanos. ¿En qué ha fallado el remedio propuesto por los Gobiernos? “Es una forma de ver el mundo. El Estado estaba tranquilo porque la economía crecía, el nivel de vida general mejoraba, pero nunca se pensó en redistribuir, en nivelar, en acelerar la búsqueda de mayor equidad”.

De la misma manera recuerda que en Colombia no hay protección efectiva para los desempleados, la educación pública es un “desastre” y el sistema pensional solo cubre a “menos de un cuarto de la población en edad de jubilación”. Sergio Clavijo, economista y académico de la Universidad de los Andes, sin embargo, se alza como una voz disidente. A pesar de que reconoce las falencias en educación o del mercado laboral, descarta las tesis que apuntan hacia los defectos del modelo: “En el caso de la educación el mayor obstáculo ha sido Fecode. Y en el plano laboral hay muchas variables, pero resaltaría el desaprovechamiento de los TLC”.

Para Clavijo, a la luz de los datos, “resulta muy difícil establecer una correlación clara entre la frustración social y una dinámica económica que venía por la senda adecuada”. Su análisis se sirve a menudo del caso chileno, que con tasas envidiables de crecimiento también ha acabado seriamente cuestionado. Luis Fernando Mejía, economista y director del centro de pensamiento Fedesarrollo, recuerda al mismo hilo que Colombia ha sido el único país de Latinoamérica que no ha tenido que reestructurar su deuda tras la Segunda Guerra Mundial: “Y con México hemos sido el único país de la región que no ha tenido hiperinflación. Ese es un activo valioso que se suma al hecho de que redujimos a la mitad la pobreza multidimensional en los últimos 11 años”.

Mejía reconoce de la misma manera que el mayor fallo anida en el mercado laboral. Desde Fedesarrollo elaboró un documento en 2021, junto al economista Eduardo Lora, donde proponían algunos puntos para impulsar un “nuevo contrato social” con especial énfasis en la inserción de millones de colombianos a “una economía moderna y formal”. Una batería de soluciones para resolver el lío mayúsculo del 75% de los adultos mayores que llegan a la vejez sin pensión.

Cifras como la anterior resultan alarmantes. El académico Javier Mejía, de la Universidad de Stanford, sin embargo, matiza y separa unos “niveles de desigualdad que son bastante parecidos a los del resto de la región”, por un lado, y la incapacidad estatal para “ofrecer bienes públicos de calidad”, por el otro. La decana de Economía de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava, agrega que el problema radica en haber querido calcar una fórmula descontextualizada: “En Colombia, y en general en América Latina, los sistemas de seguridad social son disfuncionales en el sentido de que no generan cobertura. Se adoptó un diseño de los Estados de Bienestar en el mundo desarrollado sin prever que al implementarlo en un contexto de menos productividad generaría alta informalidad laboral”.

Sobre lo que caben pocas dudas es que, de forma directa o indirecta, la política económica ha sido inconsistente en la tarea de coser las brechas. Hoy, por ejemplo, el coeficiente Gini en ingresos (2022), un indicador que mide entre 0 y 1 variables de desigualdad, es de 0,46 (a mayor valor, peor distribución de renta). “Desde hace tres décadas vivimos una tensión constante entre una Constitución (1991) que le exige al Estado garantizarle a la gente unos derechos y unas provisiones públicas básicas, y un sistema político y económico que ha cumplido con aportar estabilidad macroeconómica dentro de un modelo de alta desigualdad, poca redistribución y mucho clientelismo”, afirma Fergusson.

Un escenario que aportó durante décadas un panorama de relativa calma resumido en un adagio popular: “El país va mal, pero la economía va bien”. Una sentencia que engarza asuntos sociales, culturales, económicos y políticos irresolutos: “Hay algo muy importante”, recuerda el economista y académico Oskar Nupia, “y es que Colombia nunca ha experimentado tasas altas de crecimiento sostenidas durante periodos prolongados. Sin eso, nunca vamos a poder salir de los altos niveles pobreza que tenemos, desarrollar un buen sistema público de educación, pensiones, o la creación de empresas que se adapten a las grandes cadenas de producción mundial. Hacia allá va el mundo”.

El Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente que nunca militó en ninguno de los dos partidos tradicionales, se presentó como el catalizador de todos los descontentos sociales y con la promesa de cambio. El balance 16 meses más tarde, sin embargo, es modesto. A todas las críticas de sus reformas, de las cuales solo ha conseguido convertir en realidad la tributaria, se ha añadido la falta de estrategia para implementar temas novedosos como la economía popular, la reindustrialización o la transición energética. No es de extrañar que buena parte de los analistas observen los movimientos del Ejecutivo con algo de zozobra ante la posibilidad latente de que el país se quede sin el viejo modelo y herede uno defectuoso y lleno de improvisaciones.

Una circunstancia histórica singular cuyas raíces para algunos ya se venían tejiendo desde la segunda mitad del Gobierno del derechista Iván Duque: “Debido a sus debilidades políticas, ellos presentían que se venía un giro muy fuerte. Ahora casi nadie lo recuerda, pero el ministro Carrasquilla, el tecnócrata conservador por excelencia, pasó dos reformas tributarias con todos los puntos que los organismos multilaterales desaconsejaban. Flexibilizó la regla fiscal, cambió la formula para medir el déficit. El consenso de décadas ya estaba desgastado”, anota Fergusson.

Una serie de medidas que obviaban la ortodoxia económica en torno a la estabilidad macroeconómica. ¿El objetivo? Atemperar el descontento ciudadano e impedir que la izquierda llegara al poder. Un intento fallido y con repercusiones explosivas en las calles de ciudades como Bogotá o Cali. El panorama para 2024, bajo el riesgo de entrar en una recesión técnica, es nebuloso. Con el agravante de que la polarización política ha generado una suerte de corto circuito entre el sector privado y público, a la hora de concertar cambios necesarios, por ejemplo, al sistema pensional o al régimen laboral.

Si como dicen algunos teóricos, el éxito de una economía depende de la cantidad y la calidad de los puestos de trabajos que pueda crear, la colombiana podría etiquetarse de precaria: “Colombia tiene una fuerza laboral de unos 25 millones de personas”, remata Daniel Castellanos, “De ellos, unos 23 millones encuentran ocupación y 2 quedan desempleados. Pero lo impresionante es que la mitad de esos 23 millones se tiene que autoemplear. Algo más del 55% de los colombianos subsisten en la informalidad, sin seguro de desempleo y con oficios mal remunerados”.

El gran nudo que durante años los economistas y empresarios más ortodoxos parecen haber obviado bajo la aprehensión aún latente de que un ajuste al código laboral lesionara la creación de empleo. Para Luis Fernando Mejía no cabe duda de que el esquema actual solo ha redundado en un escenario precario e injusto: “Hay una exclusión productiva en el diseño de nuestro mercado laboral. Atípico incluso en América Latina y que explica en buena parte lo que sucedió en el estallido social”. Por eso Leopoldo Fergusson concluye: “Se trata precisamente de eliminar esas distorsiones, sin dañar las cosas que sí funcionan de un Estado con múltiples cualidades. Hay que avanzar en la construcción de un nuevo equilibrio en la relación ciudadanía Estado, con menos clientelismo y redes mejor estructuradas de protección”.

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