Expertas sobre la violencia machista: “En Colombia hay una guerra contra las mujeres”

Colombia cambió de año enlutada por la violencia machista. A final de 2023, el país conoció el caso de la joven de 15 años Michel Dayana González, violada y asesinada en Cali. Semanas después, el 24 de enero, se hizo viral el video en el que se ve a Diana Carolina Serna correr por su vida en vano, pues su expareja la degolló en una vía pública en La Unión, también en el Valle del Cauca. Dos casos aterradores que de nuevo alertan a la sociedad colombiana de la constante y cruenta violencia hacia las mujeres. Todo ello pese a una normativa robusta como la ley 1257 o la Rosa Elvira Cely, y al recién estrenado Viceministerio de la Mujer. Cinco expertas señalan algunas deudas y desafíos para proteger los derechos de las colombianas.

El Observatorio de Feminicidios contabilizó en 2023 un total de 511 casos. La Procuraduría General de la Nación, con una metodología diferente, llega a 410. Coinciden en que más de una mujer al día fue víctima de feminicidio el año pasado. El panorama para 2024 no parece mejorar. De acuerdo con registros de medios de comunicación, en lo corrido de este año ha habido 10 feminicidios, dos más que en una revisión de medios para el mismo periodo del año pasado.

A esos asesinatos se suman otras violencias de género, que suelen antecederlos y que muestran que las muertas son apenas la punta del iceberg de un problema estructural. Un ejemplo fueron las denuncias por el acoso sexual sufrido por varias periodistas que acusaban a dos hombres diferentes, ambos antecedentes por delitos sexuales. En ambos casos la justicia les había fallado.

Cinco expertas consultadas coinciden en que hay dos enormes desafíos que atender para que las mujeres puedan vivir en paz: la transformación cultural y el fortalecimiento del enfoque género en el aparato judicial. Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer ―una de las organizaciones feministas más antiguas en el país―, señala que el primer paso es involucrar al grueso de la sociedad. No responsabilizar solo al sistema penal o a las entidades gubernamentales. “En Colombia la vida de las mujeres no tiene valor”, dice en una entrevista telefónica. “En la práctica, la impunidad genera que los agresores piensen que sus actos no tienen consecuencias porque, si no hay castigo penal, tampoco hay uno social o familiar, y eso les hace creer que pueden hacerlo una y otra vez”, añade.

María Cristina Hurtado, una de las impulsoras de la ley 1257 ―que desde 2008 dispone normas para prevenir y sancionar la violencia de género―, se posiciona en la misma línea. Es tajante. “Una de las grandes transformaciones se inicia sobre todo en la crianza y socialización de los hombres. No necesitamos proteger a las mujeres, lo que necesitamos es criar y socializar hombres que no las maten”, afirma.

Leyes ejemplares solo en el papel

Horas después de que el video del feminicidio de Diana Serna se hiciese viral, la opinión pública conoció que el agresor tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, entre otros delitos. Era un convicto que estaba en un permiso de 72 horas. En el caso de Michel Dayana González ocurrió algo similar. El exmilitar que la asesinó, abusó de ella y huyó, tenía antecedentes por violación a otra menor de edad. Los reproches no se hicieron esperar. ¿Por qué estaban libres? ¿Es efectivo el aparato de justicia?

Para Hurtado y Sánchez, la respuesta a la segunda pregunta es clara: no. Coinciden en que los escollos en el sistema judicial son muchos y muy complejos. Comienzan con el difícil acceso a la información sobre los procesos por violencia o crímenes motivados por el género. Hasta el día de hoy, en Colombia no hay certeza de cuántos feminicidios se cometen anualmente. Además de las cifras divergentes de la Procuraduría y el Observatorio de Feminicidios, la Fiscalía es quien judicializa los casos. Este periódico se comunicó para conocer su cifra del último año; sin embargo, al momento de publicar esta nota, no había recibido respuesta.

Otro problema son los obstáculos que enfrentan las víctimas que deciden instaurar una denuncia. Juan Mario Tobón, abogado que ha representado a familias víctimas de feminicidio, lo detalla: “En el caso de Leidy Tatiana Martínez, la primera audiencia tuvo que suspenderse, ya que fue el propio fiscal el que se enredó en el análisis del ciclo de violencia que había vivido la mujer y que probaba la necesidad de imputar un feminicidio y no un homicidio simple como el victimario quería”.

El jurista considera necesario que la Rama Judicial conozca más del tema. “A los jueces deben capacitarlos en perspectivas de género para la valoración de las pruebas. A los fiscales en cómo son y operan las violencias de género con un componente de investigación. Esas podrían ser alternativas, porque en lo que deriva esa falta de preparación es en una alta dosis de impunidad”, afirma. Cifras publicadas por El Colombiano respaldan su declaración. Indican que desde 2015, cuando el feminicidio se incluyó en el Código Penal, la Fiscalía ha iniciado 3.845 procesos por este delito, pero, hasta inicios de 2023, en el 64,7 % aún no había decisión de un juez.

Rosa Elena Suárez Díaz, abogada penalista y conjuez de la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, lo ilustra: “Es una aspiración que los procesos por delitos contra la mujer sean justos y protejan efectivamente sus derechos. Esto implica la identificación y erradicación de estereotipos que discriminen a la mujer al interior del proceso y en la valoración probatoria”. Y subraya los deberes estatales: “El Estado tiene la obligación de realizar investigaciones exhaustivas. Herramientas como la investigación en contexto y la incorporación de buenas prácticas para evitar la revictimización y la impunidad son de la mayor importancia”.

Hurtado va más allá y enfatiza en que muchas veces quienes trabajan en sistema penal reflejan la sociedad machista y, así que pueden perpetuar esas desigualdades. “Las feministas lograron sacar un tipo específico y autónomo, y eso le dolió mucho a los hombres, pero más que todo a algunos fiscales y jueces, por la cultura patriarcal, porque en el fondo todos se ven ahí”. Hurtado insiste en que falta un compromiso decidido de todas las ramas del poder público.

Una demanda constante desde los movimientos feministas ha sido un mayor compromiso del Ejecutivo y en particular, a la vicepresidenta Francia Márquez. En la cartera que dirige Márquez, el Ministerio de la Igualdad, se incluyó una dependencia específica para las mujeres. Pero, de acuerdo con declaraciones en W Radio de Diana Gómez Correal, la viceministra, es una entidad nueva que todavía está dando los primeros pasos. Explica que encontró una “oferta estatal desarticulada” que no atiende de manera oportuna las necesidades de las mujeres y que su atención genera “revictimización”. “El Gobierno del Cambio viene a enfrentar esta problemática poniendo en marcha un sistema de registro, seguimiento y monitoreo de las violencias contra las mujeres de forma oportuna”, explicó.

Para Sánchez y Hurtado eso no es suficiente. Consideran que hablar de paz, en lo ha insistido este gobierno, implica un mayor nivel de voluntad para acabar con otra guerra, la guerra contra las mujeres, que ha dejado en tres años al menos 1.500 víctimas. “Si no piensa en parar las violencias hacia las mujeres cuando se habla de paz total, ¿entonces cuál es la concepción que se tiene de paz? Una concepción patriarcal”.

Una lucha permanente

Con 40 años de activismo feminista encima, Sánchez rescata avances lentos pero trascendentales para las colombianas. “Antes mataban y abusaban de mujeres en su casa. Nadie se enteraba. Nadie las lloraba. Por eso es que las leyes son una herramienta importante, pero lo que realmente genera cambio es la consciencia”. Su organización fue pionera en posicionar términos como violencia machista o feminicidios.

De hecho, algunas expertas piensan que las agresiones no necesariamente han aumentado, sino que se denuncia más, y que cada día es menos difícil romper el silencio. Para María de los Ángeles Ríos, integrante de la Red Nacional de Mujeres y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, poco a poco se ha creado una sanción pública para los agresores. Suárez comparte esa mirada: “Se ha visibilizado, se ha nombrado, se ha buscado crear consciencia sobre un flagelo al que no se le había dado la importancia que merece”, reflexiona.

Esas luces llevan a Sánchez y Hurtado a señalar que el gran desafío es una transformación cultural: promover masculinidades no violentas. El punto neurálgico es la deuda de los varones con las mujeres de sus entornos. “En sus manos está romper el pacto machista que no permite a las mujeres vivir en paz”, plantean.

Mientras eso sucede, las mujeres no van a dejar de luchar, dice Sánchez, y que cada día son más. Para probarlo, antes de colgar el teléfono, la activista recuerda la historia.

— La primera vez que conmemoramos en Colombia el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres éramos apenas una veintena. ¿Cuántas salieron el año pasado?

— Al menos 700 personas.

— Pase lo que pase, el movimiento feminista sigue aquí, impulsando las transformaciones necesarias para que las mujeres podamos vivir sin miedo.

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