Un presunto conflicto de interés enreda la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá

La segunda línea del Metro de Bogotá prometía ser todo lo opuesto a la primera. El diseño, los estudios de factibilidad y las etapas iniciales avanzaron a todo vapor en los últimos años. Hubo consenso sobre el trazado subterráneo y el proyecto apenas hizo parte de la campaña electoral del año pasado. La entonces alcaldesa, Claudia López, esperaba que el concesionario estuviera elegido antes de abril de este año —ya se había resignado a que no fuera antes de terminar su mandato, el 31 de diciembre—. Pero, durante los últimos meses, la licitación comenzó a enredarse. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cofinanciador de la obra, le ha insistido varias veces a la Alcaldía que puede haber un conflicto de interés entre dos de los cuatro proponentes preseleccionados.

Los cortocircuitos tomaron repercusión mediática tras una denuncia pública que realizó el martes Daniel Briceño, un abogado que se hizo conocido por sus actividades de fiscalización política en redes sociales y que fue elegido en los últimos comicios como concejal del derechista Centro Democrático. Los soportes son una serie de documentos del BID y el Distrito que se encontraban publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Muestran que la institución financiera le expresó sus preocupaciones a la alcaldesa en octubre y que la Empresa Metro de Bogotá (EMB), encargada de la licitación, las desestimó. También se evidencia que las dos partes se alinearon el 22 de diciembre. Tras la insistencia del BID, el Distrito anunció que extendía hasta agosto los plazos para adjudicar la licitación y que estudiaría alternativas para resolver el problema.

El proceso no se rige por normas locales, sino por criterios de compras y adquisiciones del BID que son conocidos por empresas en todo el mundo y que buscan generar mayor confianza entre los inversionistas. Según esos lineamientos, los proponentes no pueden tener capacidad de influir en un rival —por ejemplo, por ser de un mismo dueño—. En este caso, el conglomerado China Communications Construction Group (CCCG) tiene acciones en empresas de dos proponentes distintos, según denunció en septiembre uno de los solicitantes rivales. El reclamo inicial, realizado por un conglomerado español, también señalaba otro presunto conflicto de interés con un tercer aspirante de origen chino que ya no hace parte de los cuestionamientos del banco.

Una carta del BID fechada el 19 de diciembre señala que EMB no brindó “información y documentación adicional suficiente” para descartar un conflicto de interés entre los dos proponentes con participación de CCCG —no menciona al tercer candidato chino que aparecía en el reclamo original—. “El Banco y la Banca Multilateral consideran que la relación indirecta entre el solicitante 1 y el solicitante 2 (...) permite a un ‘solicitante influir en la oferta de otro solicitante’, configurándose de esa forma un conflicto de interés aparente”, se lee en el texto. Además del BID, el reclamo incluye al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que participan en la financiación del megaproyecto de 15,5 kilómetros.

El BID, la institución financiera multilateral que aportará al menos 415 millones de dólares (alrededor de 1,6 billones de pesos colombianos), enfatizó en que no se podía avanzar con el proceso de licitación hasta que se abordara esta situación. “En la medida que el conflicto de interés antes mencionado no sea resuelto a satisfacción del Banco y de la Banca Multilateral, no resulta factible en esta instancia otorgar la No Objeción en los términos solicitados por la EMB”, añade la entidad. La misiva, además, solicitaba que se mantuviera la confidencialidad de todos los documentos hasta que se concluyera el proceso. La Alcaldía, sin embargo, respondió días después que era necesario subir las comunicaciones al SECOP por las leyes de transparencia colombianas.

Tras la denuncia del concejal Briceño, un vocero del BID señaló por escrito a este periódico que “todas las partes involucradas deben observar los más altos estándares de integridad, transparencia y equidad” en los procesos de contratación. “La EMB deberá identificar alternativas según las políticas de adquisiciones que rigen el proceso para proseguir con la licitación de la Línea 2″, comentó en un correo electrónico. La EMB, por su parte, afirmó el jueves en un comunicado que ha encaminado su trabajo “en buscar la solución adecuada” desde que conoció los reclamos en septiembre. “Esta situación no representa ningún riesgo financiero para el proyecto y tampoco pone en riesgo la adjudicación del contrato”, aseguró.

Reuniones con los proponentes

El gerente general de la EMB, Leónidas Narváez, explicó en Caracol Televisión que su idea es llegar a un acuerdo con el BID en los próximos meses. Habrá un veedor internacional y reuniones por separado con cada uno de los proponentes de la licitación para determinar si hay un conflicto de interés. “Este es un proceso de licitación complejo que se había previsto que fuera adjudicado a finales del primer semestre de este año. Pero seguramente tomará algunos meses y podrá adjudicarse hasta septiembre”, justificó. Para el funcionario, la ampliación de los plazos de la contratación no implica un “atraso” porque no hay obras en ejecución. “No hay un cronograma, no hay un programa, no hay una obra que tenga que cumplirse”, dijo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien mantuvo a Narváez en el cargo en el que fue designado por Claudia López, reconoció el miércoles el problema que enfrenta la segunda línea. “En términos de la legislación colombiana, al parecer, no tendría la implicación de un conflicto interés. Pero, en términos de la banca multilateral, que es bajo la cual nos estamos rigiendo, sí existiría. (...) Es un tema que se puede resolver, estamos revisando cómo”, declaró durante una entrevista con Caracol Radio. No dio mayores precisiones y se limitó a destacar que la gestión anterior había publicado los documentos que dieron a conocer el obstáculo.

El concejal Briceño es menos optimista. Comenta, en conversación telefónica con este periódico, que no cree que el BID vaya a dar el brazo a torcer y que volver a empezar el proceso sin el banco produciría demoras importantes —además de la necesidad de buscar otros financiadores—. “Nosotros voluntariamente decidimos someternos a las reglas del BID. Si aceptamos y los invitamos, nos toca cumplir”, remarca.

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