Dos años tejiendo protecciones para el aborto en Colombia

Hace dos años logramos que el aborto libre en Colombia fuera despenalizado hasta la semana 24 de gestación y que el Estado tuviera la obligación de garantizar el acceso a este servicio de salud de forma libre, sin estar condicionado a los requisitos del modelo de causales. Todo esto, gracias a la histórica sentencia C-055 de 2022 que emitió la Corte Constitucional, que tuvo entre sus mayores aportes que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo quedara sujeto solamente al criterio de quien lo requiera. La decisión empezó a conocerse como la sentencia Causa Justa porque fue el resultado de un trabajo del movimiento que lleva el mismo nombre, conformado por más de 200 organizaciones y activistas en el país. Ese trabajo que tejimos entre muchas, hoy nos permite tener una sólida jurisprudencia de la Corte Constitucional que deja claro que el aborto no se puede restringir y se tiene que garantizar.

Causa Justa es más que un nombre que sirvió para identificar la demanda que ha buscado eliminar el aborto como delito del código penal. Se trata de un esfuerzo colectivo para tejer una red, un movimiento que logró iniciar una verdadera conversación nacional sobre la importancia de garantizar el aborto como un servicio de salud esencial que abre la puerta a garantizar otros derechos fundamentales, que ha sido más sólida que los intentos por distorsionar y desinformar sobre los logros que hemos alcanzado.

Este miércoles 21 de febrero celebramos el segundo aniversario de esta decisión que nos hizo más libres, más iguales y que nos garantizó el ejercicio de nuestra autonomía reproductiva para que ojalá la maternidad en este país sea siempre deseada y que nadie nunca sea obligada a ser madre. Y celebramos eso, como también celebramos dos años de defensa activa por parte del movimiento de la decisión que nos otorgó esas libertades. Así, logramos que la Corte Constitucional emitiera los autos 2396 y 2397 de 2023 sobre la nulidad de dos sentencias que habían creado confusión en la opinión pública al respecto de nuestro derecho a decidir y la obligación de las instituciones de salud de garantizar el acceso al aborto.

Estos autos señalan que en efecto existe un derecho al aborto en Colombia y que tiene dos facetas. Por un lado, la de defensa y, por el otro, la de protección. La primera se refiere a que constitucionalmente no es posible establecer ninguna medida que prohíba la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre hasta la semana 24 de gestación o, después de ese tiempo, en alguna de las tres causales. La segunda de estas facetas implica que el Estado debe garantizar el acceso a un servicio de salud como el aborto sin obstáculos, con esfuerzos que deben comprometer a los prestadores públicos y privados del servicio.

Al momento en el que escribo esta columna, la Corte todavía tiene pendiente emitir nuevas sentencias de tutela en lugar de las dos que fueron anuladas por cuenta de los autos que mencioné. Esas decisiones deben abordar dos casos concretos de una niña y una mujer indígenas a quienes les impusieron barreras para acceder a abortos. Los y las magistradas tienen la oportunidad aún de emitir dos fallos que permitan apuntalar la histórica jurisprudencia que tiene Colombia en favor de los derechos reproductivos, estableciendo que las mujeres indígenas tienen los mismos derechos que todas las otras mujeres en el territorio nacional, por lo que deben poder acceder al aborto, sin ningún tipo de discriminación, ya que esta es una decisión personalísima e intransferible, inclusive a la comunidad.

Avanzar en estas claridades en la Corte Constitucional no fue el único reto. Durante el segundo año de la sentencia Causa Justa, hemos enfrentado amenazas políticas también. Al poco tiempo de haber ganado nuestra demanda, se anunciaron esfuerzos para recolectar firmas que permitieran convocar a dos referendos distintos que dieran la posibilidad de derogar en las urnas el aborto libre. Al final ninguna de las iniciativas logró el apoyo popular suficiente para ser viable y ello demuestra que la conversación nacional que abrimos sobre la necesidad de reconocer nuestra libertad y autonomía sigue avanzando.

Otro paso adelante en la implementación de la sentencia Causa Justa durante este segundo año fue la directiva 0009 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación. El documento reconoce de manera integral la sentencia C-055 de 2022 y solicita cerrar los procesos que estuvieran en curso relacionados con el presunto delito de aborto.

Todo esto nos ha permitido avanzar en garantizar derechos reproductivos en Colombia para que cada vez más abortos se hagan en condiciones seguras. Cifras de la Fundación Oriéntame, uno de los principales prestadores del servicio en el país, señalan que entre febrero de 2022 y septiembre de 2023 brindaron atención de interrupción voluntaria del embarazo a 17.755 mujeres, un aumento del 9% respecto al mismo periodo de tiempo anterior. Esto evidencia un impacto positivo, pues significa que estamos acabando con el preocupante subregistro que existía antes de que el aborto fuera despenalizado y que logramos que más mujeres accedan a abortos seguros en la legalidad.

Las cifras de Oriéntame en este periodo señalan también que más del 90% de los abortos realizados en sus clínicas se dio en las primeras 12 semanas de gestación y que la inmensa mayoría de quienes requieren el procedimiento lo hacen mucho antes de la semana 24. Así también avanzamos en derribar mitos al confirmar que quien necesita un aborto buscará acceder a él lo más pronto posible y que los abortos en semanas gestacionales avanzadas no son la regla general, sino la excepción. Reconocemos que todavía enfrentamos grandes retos para implementar la sentencia en zonas alejadas de las capitales, como lo señaló el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi, al señalar, por ejemplo, que en zonas del Pacífico persisten barreras para acceder a interrupciones voluntarias del embarazo debido a infraestructura deficiente y estigmas motivados por la falta de información.

Sabemos que debemos seguir tejiendo esfuerzos para que más mujeres y personas trans y no binarias puedan hacer realidad sus derechos. También sabemos que parte de esos esfuerzos deben dedicarse a proteger el gran logro de haber incluido a Colombia en la popular Marea Verde por el aborto en la que ya estaban Argentina y México, y un grupo de más de 60 países en todo el mundo que, según datos recolectados por el Centro de Derechos Reproductivos, han ampliado favorablemente sus marcos legales y de política pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo en los últimos 30 años. No bajaremos la guardia porque la libertad es y seguirá siendo nuestra causa.

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