El hombre más rico de Colombia lanza dardos contra la tasa de usura, el corsé del sector financiero

David Vélez, el hombre más rico de Colombia y cofundador del banco digital más grande del mundo, el Nubank, ha dejado de lado su faceta de ejecutivo recatado y ha saltado a los titulares con uno o dos dardos contra las estrictas reglas del sector financiero. Lo ha hecho desde São Paulo, la gran sede y lugar donde se gestó la plataforma que hoy llega a un millón de usuarios que aterrizaron, quizás, en busca de alternativas a las entidades tradicionales. Lo ha hecho, además, en una coyuntura económica frágil e incierta: “La regulación de tasa de usura causa la mayor limitación en el mercado”, aseguró el banquero paisa de 42 años.

La figura, que establece un tope oficial a los créditos bancarios como mecanismo de protección a los usuarios fomenta en su opinión un mercado negro como el llamado gota a gota. Por esa, y otras razones, no todos los países la utilizan. En Colombia ha estado en el epicentro del debate por cuenta de los últimos recortes ejecutados por la Superintendencia Financiera, que entre abril y mayo la redujo del 33,09% al 31,53% anual efectivo gracias a un cambio en la metodología para calcularla.

Una operación con visos de rescate impulsada desde el Ejecutivo para reavivar el consumo y las peticiones de créditos que se han encarecido con el alza de los tipos de interés. Sin embargo el economista y exdecano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Salomón Kalmonovitz cree que, por el contrario, será una receta contraproducente: “El problema para los bancos es medir el riesgo de impago y esa prima de riesgo puede ser muy alta, algo que el superintendente Ferrari no se ha molestado en investigar”.

En su opinión la banca se verá obligada a restringir aún más las concesiones crediticias a clientes que consideren problemáticos. Un escenario que tendría un impacto añadido sobre el consumo y la cartera financiera, que ya tuvo un retroceso del 6,6% anual en 2023, según datos del Dane. El especialista en inversiones Sebastián Arango coincide y anota que las imperfecciones de cualquier mercado se profundizan cuando el Estado ejerce ese tipo de controles: “En Colombia la mayoría de gente no tiene buena educación financiera y todo esto va a derivar, probablemente, en que muchos busquen acceder a terceros como agiotistas o personas en las calles que les presten en condiciones más caras y peligrosas”.

Es un debate plagado de escenarios hipotéticos y que reflota cada cierto tiempo. Ya en 2008 un estudio de tres economistas del Banco de la República, titulado Los efectos de la tasa de interés de usura en Colombia, señalaba que ella tiene un efecto negativo sobre la “profundización financiera”, esto es, la posibilidad de acceso de más personas al sistema financiero. Años después, en 2017, el entonces presidente del Banco Colpatria, Santiago Perdomo, proponía eliminarla. Y no son pocas las quejas de los usuarios en Colombia cada vez que se percatan de la falta de alternativas a la cantidad de comisiones bancarias que les cobran por igual en todas las entidades.

El profesor y académico de la Universidad Javeriana Andrés Giraldo se remite a los días en que el mismo Kalmonovitz dirigía el Banco de la República para desenmarañar las raíces históricas del asunto de la tasa de usura: “Él decía que el concepto mismo estaba muy ligado a la tradición católica colombiana, con fuerte influencia de las ideas de Santo Tomás de Aquino y su teoría de que un negocio financiero era una actividad económica inmoral”.

A los textos de Santo Tomás y una fintech como la del paisa David Vélez los separan siglos de teorías religiosas, morales y económicas. Sin embargo, cierto desencanto perdura en pleno siglo XXI a la hora de trazar las líneas para definir cuándo se configura un abuso y como atajarlo. Por eso, Vélez se ha quejado de una tasa o margen de intermediación que restringe la operación de entidades en un universo digital con otras lógicas y servicios: “Es un océano más complejo de navegar. Pero estamos en buenas conversaciones con reguladores del país para ver una agenda de cambios regulatorios que permitan facilitar y crecer (…)”, explicó en el marco de la presentación de resultados financieros de NU para el primer trimestre de 2024.

Para Andrés Giraldo, la médula del problema se halla en las desventajas que tiene la banca colombiana a la hora de graduar las tasas de acuerdo al perfil e historial crediticio de cada cliente. Un asunto de información. “Los bancos en medio mundo hacen evaluaciones de perfil basadas en el riesgo. Saben identificar en qué proyectos participar según el grado de rentabilidad y a cuáles deudores ofrecerles qué nivel de tasas para animarlos a tomar un crédito”. Es un campo supremamente limitado en Colombia. Todos los bancos se ciñen al techo de usura y la concesión de créditos se restringe a los proyectos y personas con mejor perfil financiero.

“Esa regulación de tasa limita mucho el mercado, lo hace muy pequeño y termina creando muchos efectos nocivos para la población, precisamente, que más acceso al sistema necesita”. Lo dice un tipo como Vélez, que a sus 42 años ha edificado una fortuna de 11.500 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes. Queda claro que la ingeniería del sistema financiero colombiano y sus mecanismos de regulación suma ventajas y complejidades: “Las entidades tienen que tener mucho cuidado a quién le prestan”, justifica el analista financiero Andrés Moreno Jaramillo. “El factor de riesgo es grande porque hay mucha plata que se pierde en fraudes e impagos”.

Imprevistos que se suelen incluir dentro del margen financiero para blindarse en caso de riesgo. Sin embargo, Moreno Jaramillo argumenta que con una flexibilización a la norma, las entidades concederían créditos, probablemente, con más tranquilidad. Y entidades digitales como Nubank podrían abrir el grifo del crédito “donde sea y como sea y probablemente a tasas más altas”. Son las dos puntas de un asunto que ha saltado a la discusión pública en paralelo a una nueva iniciativa parlamentaria en curso bautizada como la ley de ‘Borrón y cuenta nueva 2.0′.

El proyecto, impulsado por un congresista del izquierdista Pacto Histórico, busca extender el plazo de pago para casi cinco millones de colombianos morosos, en una segunda edición de una norma que sacó adelante en 2021 el entonces senador conservador David Barguil, y que avaló el Gobierno de derechas de Iván Duque. Un alivio parcial para sanear sus deudas y soltar el lastre de figurar entre los reportados de Datacrédito, la mayor central de riesgo crediticio del país. A falta de aprobación, el asunto despierta más dudas que certezas al analista Sebastián Arango: “La ley, en el fondo, le quitaría herramientas a los bancos para validar si las personas pueden acceder a un crédito”. Un argumento añadido, concluye, para que se levanten barreras y los nuevos canales digitales se abstengan de abrir el abanico de la oferta en Colombia.

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