La inesperada pelea de Vicky Dávila contra Asofondos por la reforma pensional

A diferencia de Gobiernos anteriores, los intereses de los gremios económicos no han sido la prioridad en el del presidente Gustavo Petro, pero están lejos de estar silenciados. Han encontrado lugares para expresar sus preocupaciones en múltiples medios, como en la revista Semana, donde su directora, Vicky Dávila, ha dado un lugar especial a quienes están preocupados por la estabilidad económica del país con una visión ortodoxa y empresarial. “Soy una convencida de que en manos de la empresa privada está gran parte del futuro del país”, dijo recientemente ante el gremio de bancos, Asobancaria. “Por eso no más estigmatización al empresario, no más señalamientos y persecución, no más ese discurso de extrema izquierda que quiere ponerlos contra la pared y quebrarlos”, añadió esa noche.

Empezó la desaceleración de la economía, titulaba una portada de la revista a principios del 2023. Empresas en alerta, decía otra a finales de marzo. Han pasado por Semana gremios pequeños, como el de dermatólogos, preocupado por una resolución del Ministerio de Salud, o el de toreros, alarmado por la prohibición de las corridas; y también los gremios más poderosos: el presidente de Confecámaras (de las cámaras de comercio), el de Acrodes (de los restaurantes), y el enorme gremio de las EPS, Empresas Promotoras de Salud. Por eso generó curiosidad cuando la directora de la revista entró esta semana en confrontación con otro de esos gremios muy poderosos, el de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), un club de tan solo cuatro miembros que incluye a dos de los grupos empresariales más grandes del país.

“Qué cinismo”, ha escrito Dávila en X al presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. Lo hizo en respuesta a una afirmación del economista en el diario El Tiempo diciendo que respetaba la decisión de la Cámara de Representantes de aprobar la reforma pensional, acogiendo íntegro el texto del Senado, lo que para muchos opositores fue un “pupitrazo”—un término peyorativo para las decisiones legislativas carentes de debate—. En la misma entrevista, Montenegro hizo “un llamado para que el Gobierno respete la decisión que tome al respecto la Corte”, ya que se han anunciado demandas de inconstitucionalidad contra la reforma justamente por esa forma de aprobación. Dávila no se detuvo en esa parte de la entrevista.

Por el contrario, en esa misma red social la directora de Semana ha afirmado que Montenegro actuó como un “lobbysta” con la Cámara de Representantes, a cambio de que le dieran una “comisión del 0,7% que ahora recibirán los fondos de pensiones privados sobre los activos bajo administración y que representa cerca de 2,8 billones de pesos al año adicionales para ellos”. Lo acusó de reunirse con el presidente de la Cámara, Andrés Calle, para arreglar esa remuneración en la nueva ley. “Congresistas vendidos y empresarios prebendarios”, escribió la directora de la tradicional revista. Calle, congresista por el departamento de Córdoba y muy cercano al Gobierno, es uno de los acusados de recibir sobornos con dinero de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para mover las reformas del presidente.

Calle le ha respondido que no conoce a Montenegro. El presidente del gremio ha ido más allá y, en una carta pública, señala que la directora está haciendo afirmaciones “mentirosas y calumniosas”. “No conozco al representante”, coincide con el político liberal. Y argumenta que el gremio ya ha explicado en varias ocasiones (una de ellas directamente a Semana) que la cifra de 2,8 billones de pesos no es correcta, y la real seguramente será muy inferior.

Esa cifra ha sido objeto de debate en los últimos días porque la redacción de la reforma es ambigua, y además el monto dependerá de su reglamentación. Un parágrafo del artículo 23 del proyecto explica que las AFP “descontarán a título de comisión de administración máximo el 0,7% sobre la totalidad de los activos bajo administración”. Si se calcula sobre el total de activos del 2023, la cifra daría algo cercano a lo que dice Dávila, pero Asofondos recuerda que ese 0,7%, no incluirá a todos los ahorros actuales. “La comisión de 0,7% NO aplica al fondo especial de retiro programado, ni a las cuentas de las personas que integrarán el régimen de transición, por citar los más relevantes”, dice la carta pública de Montenegro a Vicky Dávila. Además, la ley prevé que ese porcentaje será “el máximo” posible, y los decretos del Gobierno definirán si llega a ese tope o es más bajo.

Por todo ello, pese a esa comisión el presidente de Asofondos no considera que las AFP se van a hacer más ricas sino que van a desaparecer. “Los fondos de pensiones van a recibir en el primer año lo mismo que recibieron en 2023, que fue $1,4 billones. En los años siguientes, con mayores responsabilidades, esa cifra va a ir cayendo, porque el stock acumulado de los activos se va a ir reduciendo progresivamente en el tiempo, por lo que los fondos se van a ir marchitando si no pasan medidas adicionales”, aseguró en rueda de prensa.

Al debate contra Dávila se sumó el vicepresidente de Asofondos, Daniel Wills, quien insinuó que la directora de Semana tiene una motivación política, más que periodística, para sus críticas. “¿Usted va a aspirar a la presidencia en 2026? ¿Está en campaña?”, le preguntó después de decir que sus preguntas a Montenegro sobre el 0,7% son tendenciosas. “No haga preguntas tontas”, le respondió Dávila, insistiendo que los de Asofondos “transaron con el Gobierno Petro y el Congreso para defender lo suyo”. Wills, por su parte, insiste: “JAMÁS he negociado y mucho menos acordado con ningún congresista”. Dávila, por ahora, no ha dado pruebas de que Wills o Montenegro se hayan reunido con Calle para tal negociación. El PAÍS la contactó para preguntarle al respecto, pero no ha recibido respuesta hasta el momento de publicar este artículo.

Aunque Dávila no ha negado ni confirmado si quiere ser candidata en el 2026, como se rumora desde febrero, sí ha entrado cada vez más al debate económico. A mediados de mayo dedicó la portada de la revista a una propuesta tributaria, llamada 10-10-10, que fue vista por muchos como una propuesta de gobierno: “10 % de impuesto de renta a las empresas y 10 % de impuesto a las personas. Sin exenciones ni gabelas para nadie”.

“Ya no sé si aquí escribe una periodista o una candidata de extrema derecha. Por tanto, será la última vez que me refiera a su opinión”, dijo entonces el presidente Gustavo Petro. Dávila se ha defendido. “No hago política con el periodismo”, dijo frente a Asobancaria, en respuesta a quienes ven un uso político de la revista. “Eso sí, tengo la convicción de que, a través del ejercicio periodístico, puedo hacer patria”.

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