Un fin de año de mucho lío para el Gobierno

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un cierre de año muy movido. Hay ruido en sus filas, cuestionamientos a varios funcionarios de primer nivel, dificultades de presupuesto y una agenda legislativa difícil de sacar adelante en medio de varias tormentas. Además, ya se habla de las renuncias de ministros y funcionarios claves con aspiraciones políticas que deben irse antes de quedar inhabilitados para las elecciones del 2026. Quedan unos meses, pero algunos podrían decidir su salida más temprano que tarde.

Las crisis no son nuevas en Colombia y menos en un Gobierno que mantiene al país en una permanente montaña rusa. La situación más crítica la vive hoy el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla quien, a pesar de tener el respaldo del presidente, quedó muy golpeado después de que el Canal Caracol publicó la declaración de María Alejandra Benavides, quien fue una de sus asesoras. Ella dice que por el ministro pasó toda la información sobre los contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo que se canalizaron para socios de congresistas que así garantizaron su voto para destrabar los cupos de endeudamiento.

El ministro defiende su inocencia y dice que puede cometer errores, pero no delitos, mientras desde la oposición piden su renuncia. Los desafíos del manejo de las finanzas del país son muy grandes y enfrentarlos en medio de crisis política y judicial mina la capacidad de un ministro que ha sabido capotear una economía tormentosa, pero que podría perder oxígeno para el trámite de la reforma tributaria presentada como ley de financiamiento que el Gobierno califica como urgente y necesaria.

Dicen en la política, desde que tengo memoria, que los ministros son fusibles que sirven para ser cambiados cuando el Gobierno lo requiera y tal vez al presidente le convendría que el ministro Bonilla se defendiera de las acusaciones en su contra desde fuera del Gobierno. Esto no significa negar sus derechos ni declararlo culpable. Se debe garantizar el debido proceso y en ese marco debe tener la oportunidad de dar explicaciones a la justicia.

Corresponde a Fiscalía, jueces y Corte Suprema de Justicia establecer hasta dónde llega la gestión de un congresista por contratos para su región ante el Gobierno Nacional y cuándo comienza la corrupción para comprar votos. Esa relación de clientelismo, mermelada, auxilios parlamentarios, cupos indicativos, o como se quiera llamar, tiene unas líneas delgadas que históricamente han facilitado la corrupción. No siempre se investiga ese ‘toma y dame’ de la política, pero es sabido que en todos los Gobiernos se ha usado la contratación como moneda de cambio para asegurarse votos en el Congreso. La justicia dirá hasta dónde llegan las responsabilidades y quiénes deben pagar. En el mediano y largo plazo no sobraría una conversación seria y de fondo sobre la forma de tramitar los recursos del Estado. La transparencia total debería ser una condición necesaria.

Los cuestionamientos al ministro Bonilla se suman a los que tiene el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Sus explicaciones no acaban de satisfacer los interrogantes en torno a sus negocios particulares y la posible intervención de su pareja en asuntos de la empresa. El presidente Petro, como han hecho otros mandatarios, sostiene a sus funcionarios. Como Bonilla y Roa, también tienen el respaldo Laura Sarabia y Armando Benedetti a pesar de los escándalos. El regreso de este último al país generó incluso rebelión de un grupo de ministros. Es sano que haya disenso en un Gobierno. Ojalá el presidente escuchara más a quienes cuestionan.

Varios periodistas han publicado detalles de esa “rebelión ministerial” y dicen que el presidente les habría dado explicaciones en una reunión. Esas explicaciones sobre un dirigente político que tiene tantas dudas encima no se deberían dar en privado sino en público porque el país tiene derecho a conocer más sobre las personas a las que se les paga con dineros públicos. No son gratuitos los cuestionamientos.

La lista de líos en el cierre de año es muy larga. Basta mencionar la crisis en la paz total, en particular en la mesa con el ELN, la llegada de indígenas a Bogotá, las protestas en el Cauca, las dificultades en el Icetex y los problemas de presupuesto por lo que no se recaudó y también, tremenda paradoja, por lo que no se ha ejecutado. Todo esto mientras avanza el tercer año de Gobierno, el último en el cual hay chance de concretar planes porque el cuarto es de campaña y en esta ocasión se anticipó con todo lo que implica en pérdida de gobernabilidad. Las denuncias de corrupción, las peleas internas, la falta de gerencia, los funcionarios cuestionados, una dura oposición, un debate público pobre y cargado de desinformación, tienen al país en medio de una enrarecida Navidad.

El Gobierno podría mover su agenda, mostrar sus resultados, que los tiene, abrir los debates necesarios y cerrar los que no sirven, pero en el fondo de todo el panorama tenemos el estilo confrontacional de un presidente que no acaba de entender su papel: le corresponde resolver problemas y no aumentarlos. En cualquier caso, los escándalos se inflan y desinflan, se reencauchan y a veces se silencian. Los villancicos y el cierre del Congreso seguramente calmarán las aguas… por unos días.