La despensa agrícola del Catatumbo recibe un salvavidas con los primeros decretos del estado de excepción

El Ministerio de Agricultura publicó en la tarde del jueves los primeros tres decretos del estado de conmoción interior declarado por el presidente, Gustavo Petro, el pasado 24 de enero. Una medida especial para gestionar la crisis humanitaria y de violencia que vive la región del Catatumbo, zona rural y limítrofe con Venezuela donde la guerra entre grupos violentos se ha desbordado en los últimos tiempos. Los primeros tres decretos dan carta blanca al Ejecutivo para que, durante un periodo de tres meses prorrogables, se agilicen facilidades de financiamiento y acceso a créditos al sector rural de diez municipios en Norte de Santander, el área metropolitana de la capital departamental, Cúcuta, y dos municipios del vecino departamento del Cesar. Antes que declarar decretos sobre seguridad, o los anunciados nuevos impuestos, la prioridad del presidente es salvar la economía campesina.

La lluvia de asesinatos, y los 50 mil desplazados, en esta subregión agrícola ya apremiaban la intervención estatal. Pocos creen, sin embargo, que los decretos sea un bálsamo duradero. “Las ayudas son necesarias. La flexibilización del acceso a créditos para la población es muy importante. Pero si no se acompaña con medidas de mediano y largo plazo, que solucione los problemas de fondo, va a ser muy difícil esperar resultados positivos”, asegura por celular Jazmín Manzano, economista y docente de la Escuela de Administración Pública de Cúcuta.

El Catatumbo es una región que aporta alrededor del 33,6% de la producción nacional de pepino, miles de litros de leche, y el 23,4% de la cebolla de bulbo. La región, a pesar de vivir desde hace años en medio de la zozobra del conflicto armado, ha funcionado como una despensa agrícola fundamental del país: “[La guerra] ha afectado la subsistencia alimentaria de muchas familias que dependen del cacao, el plátano, el café o la yuca. Ha habido un efecto negativo sobre sus ingresos, y con ellos la pérdida de bienestar económico y social”, afirma por teléfono desde la capital departamental el docente de Economía Jesús Zambrano. El primer decreto de Petro, entonces, estipula la renovación de créditos agropecuarios para los pobladores asolados por el drama humanitario.

La segunda medida decretada le da luz verde a la agencia oficial de desarrollo rural para contratar de forma directa la asistencia, o servicios de logística, necesarios con el fin de trasladar insumos y alimentos. Una noticia recibida por algunos con cierto de reparo. Tanto Zambrano como Manzano recuerdan que el atraso atávico en infraestructura vial es, junto a la violencia, el gran problema a la hora de explicar por qué una región tan rica en recursos naturales no ha podido explotar su potencial: “La gente no solo tiene dificultades para generar ingresos, sino además para movilizarse. El acceso a estos territorios es muy complejo. Por eso, sacar los productos y conectar con los las cadenas de comercialización es, a veces, una tarea imposible”, detalla Manzano.

También es cierto que los grupos guerrilleros han atentado contra la infraestructura desde hace décadas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos ha calculado que en el subsuelo de esta cuenca nororiental del país habría unas reservas probadas de unos ocho millones de barriles de petróleo, un 0,4% del total de estimado en la veintena de yacimientos en Colombia. Y Ecopetrol, la petrolera de mayoría estatal, tiene tres plantas en la zona que producen 4 millones de pies cúbicos de gas y 1.900 barriles por día –de los 770 mil diarios que alcanza el país–. Sin embargo, nada de lo anterior se ha traducido en progreso para Catatumbo.

“A través de los panfletos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, recuerda Zambrano, “ha amenazado a los trabajadores de las energéticas de Norte de Santander de estar relacionados con otros grupos armados”. La guerrilla también ha atentado contra la infraestructura energética, un obstáculo que ha minado las expectativas de inversores que se abstienen de participar con proyectos en la región. “No resulta atractivo. Las apuestas, además, son limitadas”, agrega el académico. Incluso el Estado ha optado por interrumpir algunos programas de desarrollo con enfoque territorial, o de sustitución de cultivos ilícitos, ante la fuerza de la violencia desatada por bloques de las disidencias de las FARC y el ELN.

El tercer decreto del estado de conmoción ha sido el que más críticas ha despertado. La ley señala que los silos, o bodegas públicas inutilizadas para almacenar productos agropecuarios, podrán ser empleados como albergues temporales. También permitiría expropiar predios cuando sean necesarios para garantizar el retorno de los desplazados. La vieja sombra de la “expropiación”, tantas veces temida por la oposición, reflotó en el debate. “La propiedad privada es un derecho”, replicó la senadora uribista Maria Fernanda Cabal. El decreto “está dirigido a atender situaciones de desastre y calamidad pública”, respondió la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

“Es importante resaltar que entre los sectores más representativos de esta región, como la palma de aceite, el sector minero energético, los hidrocarburos, ya cuentan pérdidas por alrededor de 60,000 millones de pesos”, cuenta a través de mensajes de voz de WhatsApp el gerente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) en Norte de Santander, Francisco Unda.

Para entender el drama de la guerra, la pérdida de control, y anhelo estancado de desarrollo, Mario Zambrano recuerda que hay repasar la geografía. Hay que entender el peso de los cultivos de coca en la economía local. Y la sangrienta tensión que produce la disputa territorial de actores violentos que guerrean por las rutas de salida del narcotráfico en una zona de frontera. Jazmín Manzano concluye: “El Catatumbo fue durante muchos años la despensa de Norte de Santander. Pero de un tiempo para acá, el departamento se convirtió en el mayor productor de cultivos ilícitos. La regularización de la tierra, por eso, es bien poca. Hoy, cuando hablas con los campesinos, el conflicto y la reciente bajada en los precios de la coca los ha impulsado a buscar alternativas. La gente está deseosa de hacer algo distinto”.