Colombia retoma la erradicación de coca con glifosato pese a la promesa de Petro

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que vuelven las erradicaciones forzadas terrestres con glifosato, el herbicida que el presidente Gustavo Petro ha criticado por sus afectaciones a la salud y al medio ambiente. El general en retiro ha explicado que, aunque el Gobierno busca priorizar la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la erradicación forzada con químicos es una de las “herramientas disponibles y legales” para hacerle frente al narcotráfico. Horas después del anuncio del encargado de la seguridad del país, el presidente lo contradijo. En su popular cuenta de X aseguró que “la política del gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades”.

Sánchez, quien ingresó al Gabinete en marzo pasado, confirmó que la compra y contratación de químicos herbicidas como el glifosato son “compromisos adquiridos”, decisiones que se habían tomado antes de su llegada. “Esperamos que la sustitución funcione tan bien, que no sea necesario emplear este método”, dijo en una rueda de prensa. El 26 de diciembre pasado, bajo su antecesor Iván Velásquez, se iniciaron los estudios previos y las cotizaciones para la compra del agroquímico que, según los documentos del Ministerio, se espera que llegue a 18 de los 32 departamentos del país. En febrero de este año, la Dirección Antinarcóticos de la Policía abrió en firme el proceso de licitación para realizar la compra.

En entrevista con W Radio, el ministro aclaró que no se trata de erradicación forzada, sino que será “consensuada previamente con las comunidades”. Según él, el Gobierno ofrecerá al campesinado la alternativa de erradicar para sustituir la hoja de coca a través de este agroquímico. “Una persona que se puede demorar siete meses en erradicar manualmente, con la aspersión terrestre de glifosato se puede acelerar este proceso”, dijo a la emisora.

El uso de glifosato para erradicar cultivos de coca en Colombia ha sido ampliamente debatido y criticado. En 2015, durante el mandato de Juan Manuel Santos, se suspendieron las aspersiones aéreas con ese herbicida por recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud sobre los posibles riesgos cancerígenos de su uso. El 14 de mayo de ese año, el Consejo Nacional de Estupefacientes oficializó la suspensión de ese uso, y el 30 de septiembre de 2015 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó la suspensión de las actividades del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos que utilizaran ese herbicida en la aspersión aérea. Aunque el uso terrestre se mantuvo, el entonces presidente abogaba por cambiar el enfoque en la lucha global contra el tráfico de drogas —una línea similar a la de Petro ahora–, y pidió abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud pública.

Posteriormente, el presidente de derechas Iván Duque intentó reanudar esa actividad en el marco de un regreso a las políticas más prohibicionistas. Argumentó con insistencia que Colombia necesitaba todas las herramientas para combatir el narcotráfico, incluido el uso del glifosato en avionetas que nunca llegaron a despegar. Uno de sus principales opositores en ello fue, justamente, el entonces senador Gustavo Petro. En 2021, el hoy presidente escribió en sus redes sociales que, en un eventual Gobierno suyo, “no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras”. Mantuvo esa promesa en campaña y una de sus primeras decisiones al llegar al poder fue emitir un borrador de decreto que proponía eliminar la norma con la que su antecesor abría la puerta para retomar las aspersiones, y que sería el punto final de la dilatada discusión.

Ahora, el ministro ha anunciado que el agroquímico, que no ha sido utilizado durante la actual Administración, llegaría al país en el segundo semestre del año. Sánchez también ha explicado que la contratación contempla una cláusula que permite suspender el suministro “según avance la dinámica de sustitución voluntaria”. Se trata de la estrategia preferida del presidente, que tiene como meta reemplazar casi 50.000 matas de coca por plantas legales en un año y está en cabeza de Gloria Miranda, la directora de sustitución de cultivos de uso ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio. En marzo, durante un Consejo de Ministros televisado, la historiadora anunció que el Gobierno ofrecerá pagos de 1.280.000 de pesos (313 dólares) mensuales, por un año, a los campesinos que se sumen al programa. Según ella, para entonces había “3.000 hectáreas comprometidas” para empezar con ese programa de sustitución voluntaria.

El Gobierno Petro también ha hablado antes de erradicación gradual, de crear una empresa nacional de coca para que el Estado monopolice su compra, y de comprarle la hoja de coca a los campesinos para procesarla en galletas, abonos o harinas. Son anuncios que no se han materializado, entre otras cosas, porque está vigente la Ley 30 de 1986, que prohíbe la tenencia del cultivo de coca en el país. Ahora, ante el riesgo inminente de ser descertificados por Estados Unidos en la lucha antidrogas, lo que tendría consecuencia comerciales y en materia de cooperación, el Ejecutivo anuncia el plan de erradicación forzada.

Se trata de un anuncio que ha generado ruido en el mismo petrismo. El representante a la Cámara por el oficialista Pacto Histórico, Alirio Uribe, ha dicho que “es un error, así [su uso] sea terrestre”. Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), también mostró su preocupación. “El retorno de las fumigaciones con glifosato no solo perpetúa una estrategia fallida, sino que expone a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a graves daños en su salud, contamina suelos y fuentes de agua, y constituye una forma de guerra química prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de una acción indiscriminada y desproporcionada en territorios habitados por población civil”.

Estefanía Ciro, analista e investigadora en el tema, considera que no se trata de un timonazo ni de un cambio de opinión. “La política de drogas del Gobierno planteaba la erradicación y no puso un candado contra el uso del glifosato, entonces era muy claro que dejaba las puertas abiertas a la aspersión”. La doctora en Sociología explica que Colombia está, a nivel geopolítico, “en el peor escenario posible”, con la Administración de Donald Trump en Estados Unidos. “Estamos viendo una incapacidad profunda de diseñar e implementar una política de drogas a la altura de los retos del país, a costa de decisiones que tienen un efecto en la conflictividad territorial”. Según ella, los riesgos de la erradicación terrestre con glifosato es que se conviertan en escenarios de disputa entre la Fuerza Pública y el campesinado, como ya ha ocurrido en el pasado.