Vivir frente al océano y no poder tocarlo: más de media década de playas contaminadas en Tijuana

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Aquí el Pacífico es una masa de agua salvaje que se estira y se ondula a lo largo de centenares de kilómetros cuadrados, siguiendo el movimiento de las corrientes, las mareas y la brisa de verano. Donde rompen las olas − y el líquido se mezcla con la espuma blanca −, el verde es más claro, y se va oscureciendo y convirtiendo en azul cuando se acerca al horizonte. En ocasiones, algún vaquero monta a caballo por la orilla y esquiva los restos de plantas marinas gigantes, pistas de la enorme pradera que debe de haber en las profundidades. Y con paciencia se pueden ver delfines nadando y saltando.

Desde hace años, eso es lo más recomendable en algunos puntos de este océano: contemplarlo, porque si te sumerges en sus aguas, peor aún si tragas sin querer, puedes llenarte de contaminación fecal, de enterococos que se encuentran en cantidades a veces alarmantes y que, según la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU (EPA por sus siglas en inglés) pueden causar a los bañistas enfermedades en la piel, en los ojos, en los oídos y en las vías respiratorias. Esos patógenos destrozan también la flora y la fauna marina y terrestre, los principales habitantes de este lugar, antes que los humanos.

Incluso respirar cerca de la orilla puede ser nocivo. Eso descubrieron los investigadores del Instituto Oceanográfico Scripps de la Universidad de California en San Diego: “Las aguas costeras contaminadas por aguas residuales se transfieren a la atmósfera en aerosoles marinos formados por olas rompientes y burbujas estallantes”. Ese estudio lo hicieron en 2022 en Imperial Beach, en Estados Unidos, justo cruzando la frontera de Tijuana. Lo hicieron en invierno, cuando casi “50 millones de litros de aguas residuales contaminadas habían entrado en el océano a través del río Tijuana”, dice la investigación.

Este es, por tanto, un problema binacional, que afecta a la costa, desde Rosarito, al sur de Tijuana, hasta en ocasiones a Coronado, en San Diego, California. Las corrientes y la naturaleza no conocen fronteras. Aunque la capacidad económica de esos dos países para hacer frente a esta situación es muy diferente. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en 2020 el PIB per cápita de Baja California, el Estado donde se sitúa Tijuana, era de más de 152.000 pesos (unos 9.000 dólares). California, en Estados Unidos, tenía un PIB per cápita de unos 73.000 dólares.

Dos motivos

Una tarde sofocante de julio tuvo lugar en Tijuana, en un gran edificio con aire acondicionado, una reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos. Allí se habló sobre los principales motivos por los cuales las aguas residuales de la ciudad fronteriza acaban en el mar. Simplificando y podando las ramificaciones técnicas, las causas son dos: el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, también conocida como Punta Bandera, y los problemas de saneamiento y drenaje que acaban llevando los desechos al río Tijuana, que desemboca en el océano, en el lado estadounidense.

Según explicó en esa reunión el doctor Víctor Daniel Amador, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), encargada de gestionar la planta de Punta Bandera, aproximadamente desde 2015 esa infraestructura dejó de operar. “Estamos con un procedimiento muy primario. Esto hace que se contaminen las playas”, dijo. También habló de las multas que ya están pagando a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el mal tratamiento de esa planta, que escupe desechos al mar a un ritmo de 1100 litros por segundo.

Sobre las ineficiencias en el drenaje y saneamiento de la ciudad, Amador admitió: “Estamos echando agua tratada al río Tijuana, y luego ese agua se mezcla con aguas del río que vienen de algunas descargas, de escurrimientos, y se vuelve a tratar. Se desperdicia el gasto, porque se trata y se contamina”.

Además de esas ineficiencias, hay problemas estructurales por el rápido crecimiento de esta ciudad fronteriza: “Todo tipo de corruptelas que permitieron la construcción de desarrollos que escurren [deshechos] por las colonias más pobres”, cuenta Fay Crevoshay, directora de Comunicaciones y Políticas Públicas de la organización medioambiental Costasalvaje.

Por el Cañón Los Laureles desciende uno de los afluentes del río Tijuana, “y hay que verlo para creer el tsunami de basura. Nosotros hemos recogido 91.000 kilos de llantas y plástico. Hay aguas negras que corren por ese río todo el año”, dice Crevoshay. Eso no queda lejos de la desembocadura del río Tijuana al Pacífico.

Una de las playas más contaminadas del país

Alrededor de las ocho de la mañana, Joana González se calza unas botas altas, impermeables, y se mete en la orilla del mar para llenar de agua un pequeño frasco transparente. Como miembro de la organización Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA), ella es la encargada cada jueves del monitoreo de la calidad del agua en esta costa. Esta organización civil forma parte, además, de Waterkeeper, una alianza internacional que lucha por el derecho al agua limpia y saludable.

La playa donde está Joana, Playa Blanca, al sur de Tijuana, suele ser desde hace años una de las más contaminadas de todo México. En el último muestreo que publicó PFEA a principios de agosto, esta playa fue la única que salió no apta para uso recreativo. Sus niveles de enterococos llegaban casi a 5000 y el límite acordado por las autoridades mexicanas es de 200 por cada 100 mililitros de agua. Lo multiplicaba por veinticinco.

En junio en esa playa también salieron valores muy elevados en los monitoreos del organismo gubernamental competente en esta área: la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Baja California (Coepris). Por eso hay clavado en la arena un cartel que pone “Cierre precautorio por riesgo sanitario”. Pero nada impide el acceso y se puede ver a gente paseando y haciendo deporte a esas horas en que empieza el día.

Según Erwin Areizaga Uribe, titular de la Coepris, actualmente además de en ese lugar, “hay una suspensión en el área de Punta Bandera”, y también en Rosarito, a la altura de Quintas del Mar.

Observando los datos históricos de los muestreos de Coepris, esos cierres parecen algo inédito, porque desde 2014 hasta 2022, para esta comisión todas las playas analizadas en Tijuana eran aptas. Algo completamente diferente a lo que llevan años documentando desde el PFEA. Las razones principales son dos. Por un lado, Coepris solo publica resultados dos veces al año, PFEA lo hace cada semana en sus redes sociales porque lo consideran parte del derecho a la información de los ciudadanos, para que puedan evitar riesgos cuando vayan a la playa. Por otro lado, desde 2017 hasta este año, Coepris había dejado de analizar la calidad del agua en Playa Blanca, aunque varias asociaciones medioambientales llevan tiempo denunciando la contaminación.

Margarita Díaz, directora del PFEA, recuerda que justo a finales de ese año, de 2017, fue cuando empezaron las anomalías: “Al sur de la planta de tratamiento [de Punta Bandera], estábamos como en los cientos y se disparan los números [de enterococos] a miles, y ya no bajaba, era constante arriba”. Hablaron con las autoridades para preguntar si pasaba algo con la planta, “y nos decían que no y que no”, cuenta Díaz.

Desde el 2023 C ha ampliado el número de playas monitoreadas y en los periodos prevacacionales ha alertado a las autoridades competentes, en este caso las del municipio, sobre la necesidad de cerrar algunas partes de la costa.

Un problema de justicia ambiental

En la reunión que celebró la CILA en la tarde sofocante de julio, varios ponentes expusieron posibles soluciones al problema de la contaminación. Proyectos de nuevas plantas de tratamiento y rehabilitaciones de infraestructura de saneamiento por un valor de casi 9.500 millones de pesos (medio millón de euros), sufragados por las autoridades mexicanas y también por la agencia estadounidense EPA. Pero todavía se encuentran en periodo de licitación y, de aprobarse, no está previsto que entren completamente en funcionamiento hasta 2028.

Algunas organizaciones ambientalistas dicen que la solución pasa por diseñar un método de rehúso del agua, porque esta parte de México sufre cada vez más problemas de escasez y sería una forma de crear un circuito cerrado y sin contaminación: el agua saldría de las casas como deshecho y volvería a las casas potabilizada. Pero en esa misma reunión, el doctor Amador, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), contestó en ronda de preguntas que el rehúso no era fácil, porque implicaría grandes inversiones en nueva infraestructura.

La situación parece encallada desde hace tiempo, y eso incurre no solo en un riesgo de salud pública, también afecta a la justicia ambiental. Díaz, la directora del PFEA, advierte de que la playa es uno de los únicos espacios de recreación gratuitos para los ciudadanos. Explica que desde su organización realizaron una encuesta hace un par de años y “la población que vive al este de la ciudad es la que viene a la playa. La población que se mete al agua es la de más escasos recursos. [Las personas] están siendo expuestas, no están siendo cuidadas, porque no les interesa. No es el hotel de cinco estrellas, no es el empresario”.

Esa reivindicación enlaza con algo fundamental sobre el diseño de esta ciudad. Lo define el artista Raúl Cárdenas, fundador de Torolab, un colectivo que explora formas de mejorar los entornos urbanos de algunas zonas de esta metrópoli. “Tijuana le da la espalda al mar”. Es un lugar donde hay rascacielos de apartamentos exclusivos cuyo reclamo es que “tiene vistas a San Diego o a la frontera. A nosotros lo que nos interesa es esta línea. Una frontera agresiva, dura, unilateral”, dice Cárdenas.