Un cuarto de siglo de lucha para sanear un río en Buenos Aires

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Eva Duarte mira el río con resignación. En La Boca, un colorido barrio de Buenos Aires que en las últimas décadas se ha vuelto un gran atractivo turístico, el cauce del Riachuelo luce sin la basura que lo caracterizó durante más de un siglo. Ya no hay barcos hundidos, embarcaciones abandonadas ni animales muertos, aunque un olor pútrido asoma al atardecer. Parece limpio, pero la contaminación se mantiene igual que hace 25 años, cuando un grupo de vecinos de la cuenca que recorre 64 kilómetros encaró la lucha para lograr el saneamiento. Tras años de reclamos, los activistas alzan la voz por la protección del ambiente y no dan por perdida la batalla, a pesar de las adversidades.

Cuando Duarte, nacida en Lanús hace 37 años, regrese a su casa, en Villa Fiorito, una villa miseria en los suburbios de Buenos Aires conocida popularmente porque allí nació Diego Maradona, verá un “abandono total”. “Suciedad, contaminación de líquidos que liberan las fábricas ubicadas en la ribera, ningún cuidado ambiental...”, describe. En su barrio afloran las enfermedades de la piel en niños y adultos. “Está todo en decadencia”, remata.

La historia de reclamos para sanear el Riachuelo comenzó hace más de un cuarto de siglo. Un grupo de vecinos de Villa Inflamable, un asentamiento humilde que linda con el Polo Petroquímico Dock Sud, en la zona sur del Gran Buenos Aires, fue a la Justicia para exigir el saneamiento. Beatriz Mendoza, una psicóloga social que trabajaba en una unidad sanitaria de la zona, encabezó el reclamo: recogió testimonios de habitantes afectados por erupciones en la piel, dolores de cabeza y problemas respiratorios, y en 2004 presentó una demanda junto a ellos contra el Estado y 44 empresas ubicadas a la vera del río para que se revierta la contaminación.

En 2008, la Corte Suprema argentina ordenó sanear la cuenca. Desde entonces, hubo obras y tareas de limpieza a cargo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que diseñó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y tierra) y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción”, según información oficial.

Para los activistas, las obras han sido insuficientes y, en gran medida, “puro maquillaje”, según Alfredo Alberti, el hombre de 79 años que preside la Asociación de Vecinos de La Boca y reside en la zona hace 45 años. Para Alberti, “la contaminación del aire y el agua es la misma que antes de la decisión de la Corte”. En octubre de 2024, el máximo tribunal puso fin al control que ejercía sobre las obras, argumentando que su intervención fue positiva para “cumplir el propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”. Para los vecinos fue un duro golpe.

Acumar “está en condiciones de ejecutar la política pública”, dice el fallo, aunque los vecinos temen que, sin supervisión de la Corte y con el recorte presupuestario que sufrió el organismo en el primer año del Gobierno de Javier Milei, se paralicen las obras, se restrinjan los controles a las industrias contaminantes –principalmente curtiembres y alimenticias– y haya un retroceso en las mejoras de la última década y media. Según la autoridad de la cuenca, la limpieza sigue en marcha, a pesar de que el organismo cuenta con el mismo presupuesto que en 2023, y continúa la eliminación de desechos tóxicos.

Lo cierto es que los niveles de contaminación continúan muy por encima de los límites permitidos por la ley y se registra alta presencia de plomo, arsénico, mercurio y cromo. Andrés Nápoli, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), asegura que la calidad del agua “está un poco mejor” que hace 16 años, cuando la Corte ordenó el saneamiento, pero aclara que “las sustancias más importantes de contaminación no han variado, porque las obras de infraestructura no están en funcionamiento y ha desaparecido el control industrial”.

Hay dos obras fundamentales que, según vecinos y organizaciones ambientales, llevan mucha demora: una planta de tratamientos de residuos cloacales y un polo industrial al que deberán mudarse todas las curtiembres de la cuenca Matanza-Riachuelo.

“La Justicia claudicó”

Como hace 25 años, los vecinos mantienen activa la llama del reclamo por el saneamiento del Riachuelo, que ya no capta gran atención política. Sin embargo, son cada vez menos y están hartos y agotados. No han dejado de oír promesas infructuosas. Incluso, la exsecretaria de Recursos Naturales del Gobierno de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, llegó a prometer que sería saneado en 1.000 días. “Vamos a ir a pasear en barco, tomar mate, bañarnos y pescar”, dijo. No ocurrió.

Sergio González, un vecino nacido en Lanús de 69 años, se sumó a la batalla hace más de décadas, preocupado por la contaminación y las inundaciones que arrasaban barrios humildes. Conoció a Alberti y otros vecinos en una asamblea que reunió a más de 300 organizaciones que exigían la limpieza del río. Hoy reconoce que se ven menos residuos, pero dice que no alcanza, porque casi cinco millones de residentes de zonas linderas al Riachuelo conviven con industrias que arrojan sus desechos sin tratamiento y efluentes cloacales que terminan en el agua. “Hay una desidia muy grande”, se queja.

Juana Domínguez (68), vecina del asentamiento Villa Jardín, ubicado a 30 metros del río, asiente y explica que los niños de su barrio crecen con problemas de aprendizaje, dificultades respiratorias y erupciones en la piel. “Hay plomo en sangre”, alerta. Alberti navega en su memoria y recuerda los inicios de la pelea, cuando junto a otros vecinos recorrían las escuelas para concientizar. También acudieron a investigadores para determinar el estado del agua y el suelo y elevaron reclamos a las autoridades. “Hoy la contaminación está probada, hay una sentencia judicial, pero seguimos sin respuestas. Creímos que la Justicia iba a obligar a que se resuelva, pero claudicó”, dice enojado.

La impulsora de la causa, Beatriz Mendoza, lamenta el retroceso judicial: al enterarse del fallo de la Corte Suprema pensó que era un atentado a los Derechos Humanos. “Los vecinos siempre construimos, logramos mejoras ambientales, construcción de viviendas, cloacas, espacios verdes y la llegada de servicio de luz eléctrica en la zona”, explica, aunque se apena: “La producción industrial gana siempre, aunque los vecinos se contaminen”.

Una salida internacional

Los activistas han perdido la esperanza de que la Justicia argentina brinde una respuesta que garantice la limpieza de un río históricamente descrito como uno de los más contaminados del mundo. Por eso, apelan a una “salida internacional”. Nápoli, de FARN, adelanta que impulsarán una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reclamo por la “denegación de justicia y la falta de protección de los derechos establecidos en tratados de Derechos Humanos”.

Eva Duarte, la más joven del grupo, repite que no bajará los brazos: “No me voy a cansar de presentar reclamos”. Alberti está decepcionado. “Ya no queremos presentar más notas. Ahora apelamos a una respuesta de los poderes judiciales internacionales. Hay un movimiento vecinal que resiste, pero poner el cuerpo es muy desgastante”, asegura.