Por y para todas las mujeres: un llamado urgente a la acción

En este Día Internacional de la Mujer y a tres décadas de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, nos encontramos en un momento clave. Si bien se han agudizado los desafíos que tenemos por delante, también hay razones para tener esperanzas y transformar el contexto actual en una oportunidad. Obtener mejoras tangibles en las realidades de las mujeres y las niñas requiere consensos en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, la creciente polarización y el consecuente deterioro del debate público ponen en riesgo algunos derechos conquistados. La falta de financiamiento y la ausencia de voluntad en algunos sectores se han convertido en un obstáculo para avanzar en la implementación de políticas efectivas. Nunca ha sido fácil para las mujeres. Aun así, es momento de reafirmar nuestro compromiso y exigir resultados concretos, no sin antes pensar nuevas estrategias para un nuevo escenario. No podemos dar ni un paso atrás.

Durante los últimos años, la degradación del medio ambiente, los conflictos armados y las crisis migratorias, entre otros factores, han exacerbado las desigualdades, lo que ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres y niñas. A esto se suma la creciente violencia contra las mujeres, que no solo persiste, sino que ha encontrado en la violencia facilitada por la tecnología una nueva y cruel dimensión. Los espacios virtuales se han convertido en escenarios de agresión, desinformación y exclusión, que exponen a mujeres y niñas a nuevas formas de violencia y control. Esta situación se ve agravada por la falta de regulaciones efectivas que protejan a las mujeres en entornos digitales y por la impunidad con la que se perpetran estos actos.

Es fundamental atender los alcances de los discursos que se oponen a los derechos de las mujeres, tanto en medios como en redes sociales. Y a la vez dimensionar que no responden a los valores que expresan las sociedades; a las personas que, en todos los territorios, todos los días, desean vivir en paz y quieren derechos humanos para todas las personas. Por eso, debemos interpelar de forma directa y, si es necesario, volver a fundamentar el porqué de nuestro trabajo, qué defendemos y qué tipo de sociedad queremos construir: un horizonte en el que hombres y mujeres compartamos los esfuerzos, los avances, las responsabilidades, y así tener un mundo más justo para todas las personas.

En América Latina y el Caribe, las mujeres aún enfrentan cuatro nudos estructurales de desigualdad que limitan su plena autonomía: la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, la división sexual del trabajo, la concentración del poder y los patrones culturales patriarcales. Sin una transformación real, sustantiva, que se materialice en la vida de las mujeres, la igualdad seguirá siendo una meta difícil de alcanzar para la mitad de la población.

La dificultad en el acceso a recursos económicos y la falta de medidas estructurales para redistribuir el trabajo de cuidados son algunos de los principales factores que perpetúan estas desigualdades. Es crucial que los Estados diseñen políticas públicas que enfrenten estos problemas de raíz. Resulta fundamental transformar la economía del cuidado para reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado, y así avanzar hacia una sociedad que valore y garantice este derecho fundamental, sin perder de vista la territorialización del cuidado. Los sistemas integrales de cuidados, públicos, privados y comunitarios no solo benefician a las mujeres, sino a toda la sociedad.

En la transición hacia sociedades y economías sostenibles, las mujeres deben ser protagonistas en la toma de decisiones. Acelerar su participación tanto en el ámbito público como en el privado no es solo una cuestión de justicia, sino un imperativo para impulsar el desarrollo sostenible.

Urge fortalecer la legislación y su implementación para erradicar la violencia contra las mujeres, y asegurar planes nacionales con financiamiento adecuado y mecanismos de protección comunitaria. Es necesaria una mirada que contemple prevención, protección y justicia; sin esta articulación es imposible delinear un abordaje efectivo para erradicar esta problemática.

Un futuro más igualitario depende, en parte, de la capacidad de la sociedad en su conjunto para exigir a los Estados el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Las generaciones futuras no pueden heredar una deuda de desigualdad. Es fundamental que los Estados garanticen financiamiento para implementar políticas que impacten de manera efectiva en la vida de las mujeres y las niñas.

Este 8 de marzo, hacemos un llamado a todas las personas: gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidad internacional, a renovar su compromiso con la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y la Agenda 2030. La desigualdad no es un problema exclusivo de las mujeres, es un obstáculo al desarrollo de las sociedades. Queremos un mundo más justo y equitativo por y para todas las mujeres. No podemos esperar otros treinta años para ver el cambio que necesitamos hoy.