La nueva presidenta del Banco Centroamericano frenará la concesión de préstamos a Nicaragua y El Salvador

Tres meses después que Gisela Sánchez sustituyera como presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Dante Mossi, la nueva titular del organismo, de origen costarricense, ha anunciado cambios sustanciales en la cartera de préstamos de la entidad financiera regional. Su propósito es redirigir el cuestionado rumbo que su predecesor llevaba: la funcionaria anunció que frenará los préstamos a Nicaragua y El Salvador, dos países gobernados por presidentes señalados de cometer violaciones a los derechos humanos y autoritarismo.

En una entrevista exclusiva con Redacción Regional, un consorcio de medios de comunicación centroamericanos independientes, Sánchez dijo “se vienen frenos” para los fondos hacia Nicaragua y El Salvador para “dar más balance a la cartera” y “corregir rumbos de la administración anterior”.

La nueva presidenta del BCIE dijo a Redacción Regional que “descarta” que su gestión siga un rumbo como el de Mossi. Sánchez incluso recuerda que Nicaragua y El Salvador “ya superaron los límites de los créditos que pueden recibir”. Que los apoyos a estos países se deben frenar para lograr una cartera más diversificada y balanceada. Uno apuesta que, enfatiza, “es uno de sus compromisos”.

“Tenemos una política de dos límites: un límite suave y un límite duro que no deben traspasarse. Tenemos un plan de acción para retomar esos límites y asegurarnos la diversificación de la cartera. Queremos seguir sirviendo a todos los países, pero queremos tener la responsabilidad de servirlos de una forma más balanceada de lo que se venía haciendo”, aseguró la presidenta del BCIE.

Sánchez relevó a Mossi como presidente del BCIE en diciembre pasado, después que el economista hondureño no fue reelecto por los gobernadores del banco para seguir en el cargo, en buena medida por las múltiples críticas a su gestión: un aumento injustificado en los gastos administrativos de la entidad en un 30%, la caída en las utilidades en 84 millones de dólares, y “abusos” en la cúpula de la entidad, como salarios excesivos.

Sin embargo, lo que más melló a Mossi fue el apodo que se ganó: “El banquero de los dictadores”, debido al apoyo monetario otorgado a regímenes autoritarios como el del expresidente Juan Orlando Hernández en Honduras, Nayib Bukele en El Salvador, y, sobre todo, al de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, sin importarle la destrucción de la institucionalidad, la opacidad en el manejo de los recursos y las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas en esos países.

Cartera concentrada

Mossi concentró la cartera de préstamos del BCIE en Nicaragua y El Salvador. En total, un un poco superior al 25% para El Salvador, seguido de Nicaragua con alrededor de un 22%. Mientras, un tercer lugar lo ocupa Honduras con un 17%; después, Costa Rica (10%) y Guatemala (5%). Son los datos al cierre de 2023.

La desigualdad en la cartera fue criticada durante la gestión de Mossi, sin que tuviera mayor eco en el BCIE. La Nicaragua gobernada por Ortega y Murillo era el caso más emblemático, en especial por la relación entre Mossi con el caudillo sandinista, hasta tal punto que en marzo de 2022 fue inaugurada en Managua una moderna sede del banco, valorada en 16,5 millones de dólares. El antiguo presidente del BCIE solía promocionar la relación con la Administración de la pareja Ortega-Murillo como “un modelo a seguir”.

Opositores nicaragüenses insistían en que el BCIE “ha sido y sigue siendo uno de los mayores pilares de apoyo para la dictadura, al continuar aprobando desembolsos al Estado de Nicaragua con 3.500 millones de dólares en proyectos desde 2017, aun cuando la población del país es menor que la de Guatemala y Honduras, pero ha recibido casi el 26% de la cartera de préstamos” del banco.

Con respecto a la concentración de la cartera del BCIE, Sánchez sostuvo que su objetivo “es proteger los límites de exposición por país, diversificar la cartera, hacer más eficientes los gastos del banco y poder trasladar por ende los beneficios a los países que servimos”. “Es un poco menos atractivo tener una agenda de reforma como la que la que traemos, pero es lo correcto. Es parte de mi responsabilidad, inclusive como mujer, y así poder abrir más puertas a más mujeres, poder demostrar que actuaremos con absoluta rigurosidad técnica, dejando atrás todos aquellos cuestionamientos que se pudieron dar en el pasado”, prometió la funcionaria costarricense, ingeniera industrial y con MBA con énfasis en Finanzas y Estrategia.

“Sí tengo una lectura muy crítica de las cosas que hemos estado haciendo hacia atrás, con el espíritu de poderla mejorar y fortalecer. Es un hecho que tenemos en este momento un nivel mayor de concentración de la cartera, siendo El Salvador y Nicaragua los países que más reciben fondos. Mi objetivo es que tengamos una cartera más diversificada. Más allá de poder dar explicaciones, porque para eso creo que el expresidente del banco pudiera explicar las razones por las que se dio esta concentración de la cartera, sí tengo un compromiso de buscar una mayor diversificación”, expuso la nueva presidenta del banco.

Para lograr estos cambios, Sánchez enfatizó que cuenta con el apoyo de los socios extrarregionales del BCIE: Taiwán, Corea, España, México y Colombia. “El BCIE no es el mismo que hace 15 años o hace 60 años. Tiene 15 miembros de los cuales el principal socio es Taiwán, seguido por los cinco (países) centroamericanos y luego Corea, España, Panamá, República Dominicana… He encontrado esa tierra fértil en el directorio y, especialmente, diría en los países extrarregionales, para que llevemos al banco al nivel que le corresponde”, detalló.

Suspenden fondo de 116 millones a Ortega

Un día después de que Redacción Regional publicara la entrevista con Sánchez, el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) rescindió el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan, en Nicaragua. El Gobierno de Ortega iba a recibir 116 millones de dólares para ejecutarlo.

El organismo argumenta “el incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales (ESS)” por parte de la “Entidad Acreditada”, es decir, el BCIE. El proyecto fue aprobado en noviembre de 2020 y en junio de 2021 comunitarios indígenas y afrodescendientes presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Fondo Verde del Clima, que inició una investigación independiente. Según la investigación, el BCIE, entonces a cargo de Mossi, omitió información clave sobre la situación de violencia que se vive en las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua y, con esa omisión, permitió que el Gobierno de Ortega consiguiera el préstamo millonario.

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