Elección popular de jueces en Bolivia: un sistema que facilita la politización y no garantiza la calidad de la justicia

El 1 de diciembre, con un año de retraso, los bolivianos irán a las urnas para elegir por tercera vez a 26 altos cargos del poder judicial, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. La novedad es que esta vez las elecciones cuentan con el respaldo de la oposición al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, responsable de la reforma constitucional que introdujo el voto popular para seleccionar a los encargados del Órgano Judicial, como se llama en Bolivia al poder judicial. Anteriormente, los opositores habían pedido anular el voto para expresar su rechazo al sistema. La oposición ahora destaca que al menos se cumplirá la fecha electoral, un avance frente a lo que describen como un intento del Gobierno de Luis Arce de escamotear el derecho de los ciudadanos a elegir.

Según la oposición, una coalición entre parlamentarios oficialistas y el Tribunal Constitucional impidió con maniobras parlamentarias y jurídicas que las elecciones judiciales se realizaran en 2023, como estaba establecido. Esta deriva se hizo inevitable en el momento en que el MAS se dividió en dos partes, cada una leal a uno de sus dos líderes, Evo Morales y Luis Arce, y la mayoría parlamentaria se disolvió. La Constitución establece que la lista de candidatos al Órgano Judicial, en total 139, reciba el voto a favor de dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Por la postergación de las elecciones, los magistrados de la anterior gestión alargaron un año más su mandato, por medio de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. La legitimidad de las decisiones que tomaron en este tiempo está siendo cuestionada y no se sabe si en el futuro estos fallos serán impugnados por quienes los consideren contrarios a sus derechos.

Después de conflictos de todo tipo, se produjo un acuerdo entre las fuerzas parlamentarias y los tribunales dejaron de aceptar los recursos en contra de las elecciones, por lo que pudo salir la convocatoria a las urnas del 1 de diciembre. Se pensaba que, junto con las elecciones judiciales, habría un referendo convocado por el presidente Arce, pero como las autoridades no han cumplido los procedimientos en el tiempo requerido, el mismo ha quedado postergado.

La elección de jueces mediante el voto ha enfrentado todo tipo de problemas en Bolivia. En las dos que ha habido hasta ahora en el país (2011 y 2017), los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los efectivamente entregados a los candidatos. En la primera ocasión, ascendieron a casi el 60% y en la segunda, al 66% de los votos emitidos. Esto ha impedido que se cumpliera la principal razón por la que este método se adoptó en la Constitución boliviana de 2009, que era aumentar la legitimidad y, por tanto, la independencia de las autoridades judiciales.

La elevada anulación de votos se debió al desconocimiento de los candidatos por parte del electorado, que tienen prohibido hacer campaña, y también a los llamados de la oposición a boicotear los comicios y así bloquear lo que consideraban una “captura” política de los tribunales. Un comunicado publicado en 2017 por la alianza de los principales partidos opositores señalaba: “Un camino con un resultado predeterminado, la instalación de una mayoría de ciudadanos afines o militantes del MAS en la cúpula de nuestro sistema judicial”.

Bolivia no elige por voto a todos los jueces, solo a los 26 principales cargos judiciales, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad indígena —al menos un indígena en cada institución—.

Los candidatos son seleccionados por la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento que cambió entre 2011 y 2017, para evitar que fuera puramente político. La segunda vez intervinieron las facultades de Derecho y examinaron por escrito a los aspirantes. La innovación sirvió de poco, porque algunas universidades boicotearon la medida, mientras que las que participaron eran tan numerosas que no lograron elaborar un cuestionario bien fundamentado. Además, los parlamentarios, que estaban encargados de entrevistar oralmente a los postulantes, inflaron las calificaciones de algunos en esta fase para compensar sus bajos resultados en el examen escrito. Al final, en las dos ocasiones, el MAS impuso a la mayoría de los candidatos.

La mayor recriminación contra el método de elección de los magistrados por voto popular es no haber logrado un cambio en la administración de la justicia, que sigue siendo cuestionada por organismos nacionales e internacionales especializados a causa de su politización y su alta corrupción.

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