Verónica Abad, la vicepresidenta suspendida por Daniel Noboa, llega a Ecuador: “Vengo en un acto de rebeldía”

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha regresado a Ecuador después de haber sido suspendida de sus funciones por 150 días mediante una decisión administrativa del Ministerio de Trabajo. La medida la toma el Gobierno para evitar que Abad sea la presidenta encargada cuando el actual presidente, Daniel Noboa, dimita para hacer campaña por su reelección, en febrero de 2025. Al llegar al aeropuerto de Quito, aseguró: “Estoy aquí para dar la cara al presidente de la República”. A su llegada, la esperaba un equipo reducido de seguridad, un derecho que le había sido retirado meses atrás. Mientras tanto, el edificio de la vicepresidencia en la capital, ocupado por un reemplazo nombrado por Daniel Noboa, se encontraba cercado por militares y policías para impedir su acceso.

“Me han tenido prácticamente encadenada, encerrada en un hotel en Turquía, dejándome en total indefensión”, declaró Abad ante un grupo de periodistas. Su regreso marca el fin de casi un año de exilio forzado, primero en Israel y luego en Turquía, donde había sido enviada, según el Gobierno, para “mediar” en el conflicto entre Israel y Palestina. La vicepresidenta se refirió a la suspensión como una sentencia “abrupta” e “ilegal”, subrayando que esta situación la dejó completamente vulnerable en Ankara. “Hoy vengo en un acto de rebeldía”, continuó, mientras se refería a la creciente inestabilidad política en el país, agudizada por los choques entre el Gobierno de Noboa y la Asamblea Nacional, así como por una crisis económica y social marcada por cortes de electricidad, una economía en recesión y niveles alarmantes de criminalidad.

La relación entre Noboa y Abad comenzó a deteriorarse tras las elecciones de agosto de 2023. Desde entonces, no volvieron a hablar, según Abad, quien concedió una entrevista a EL PAÍS. Una vez en el poder, el presidente decidió enviar a la vicepresidenta a Israel, apelando a un artículo de la Constitución que permite al presidente asignar funciones a la segunda mandataria. Una medida sin precedentes en la democracia ecuatoriana. “Mi regreso es un llamado al presidente para que recapacite”, expresó, aunque no dejó de advertir que la Fiscalía ha abierto una nueva investigación contra su hijo. Sebastián Barreiro Abad fue llamado a juicio por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.

Por este caso, Barreiro fue detenido y enviado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde están recluidos algunos de los líderes de las bandas delictivas. Abad considera que la acusación contra su hijo forma parte de una estrategia del Gobierno para presionarla a renunciar, evitando así que asuma el poder el 6 de enero, cuando Noboa buscará la reelección. “Esta persecución debe parar ya. Estoy aquí para darle cara al presidente y que me diga en la cara qué es lo que tiene conmigo”, aseguró la vicepresidenta. “Con el país no se juega. La ruptura constitucional nos llevará a un abismo del cual Ecuador no podrá regresar”, añadió.

La vicepresidenta intentó regresar en varias ocasiones durante su exilio, pero la Cancillería le negó el derecho a regresar con cargo a sus vacaciones. Finalmente, pudo retornar tras haber sido suspendida por la ministra del Trabajo, Ivone Núñez, por haber tardado ocho días en trasladarse de Tel Aviv a Ankara, donde el Gobierno había decidido enviarla por razones de seguridad. Especialistas han cuestionado la constitucionalidad de esta medida, argumentando que una funcionaria electa no puede ser destituida por una decisión administrativa. La Asamblea Nacional convocó a Núñez para que compareciera, acusándola de arrogarse funciones al suspender a la vicepresidenta, pero la ministra no asistió a la citación.

Abad presentó una acción de protección y solicitó medidas cautelares para evitar la ejecución de la sanción. Sin embargo, la jueza Nubia Vera rechazó el pedido, alegando que no existía un riesgo inminente que justifique la medida cautelar. Vera fijó una audiencia para el 27 de noviembre para discutir la acción de protección. Mientras tanto, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, advirtió en una entrevista que si el fallo favorece a la vicepresidenta, se tomarán “otros caminos legales constitucionales”, sin especificar cuáles.

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