Harvey Colchado capturó terroristas y criminales. Allanó la casa de Boluarte en Perú. Ahora le quieren quitar el grado de coronel

Desde que a mediados de diciembre lo pasaron a retiro con cincuenta años cumplidos, el coronel Harvey Colchado (Lima, 1974) pasa sus días en una oficina, en algún rincón de Lima, saldando cuentas consigo mismo: se encuentra en plena escritura de su primer libro, un relato pormenorizado de la histórica captura en el 2012 de Florindo Eleuterio Flores Hala, alias Camarada Artemio, el último gran líder del narcoterrorismo en el Perú. Su formación, asegura, no le permite estar descansando. Y por eso se ha empecinado en desempolvar sus archivos, plasmar líneas de tiempo y darle forma a sus memorias en 28 años de servicio donde ha perseguido a las distintas caras del crimen. Desde hampones hasta expresidentes.

El nombre de Colchado figura en casos emblemáticos: formó parte del equipo de inteligencia electrónica que liberó a 72 rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima en 1997; participó de la frustrada detención de Alan García, quien se suicidó al verse manchado en la trama de corrupción vinculada a Odebrecht; lideró el arresto de Pedro Castillo tras su fallido autogolpe; allanó al Ministerio Público, propiciando la debacle de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides; y en 2024 ordenó que se tumbara la puerta de una jefa de Estado en ejercicio, la casa de Dina Boluarte, acusada de desbalances patrimoniales y una injustificable colección de relojes de alta gama. Además, le seguía el rastro desde hace meses al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, investigado por tráfico de influencias.

“Cuando se utilizaban las técnicas especiales de investigación y las detenciones preliminares para casos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, y sicariato, las normas eran perfectas. Pero desde que empezamos a investigar la corrupción en el poder, esas mismas normas pasaron a ser abusivas y draconianas. Y ahora que el pacto entre el Ejecutivo y el Congreso las ha modificado para protegerse, han terminado favoreciendo a las bandas criminales de delitos urbanos”, expone el coronel Harvey Colchado —camisa blanca, terno, cabello corto—, delante de una pizarra acrílica, donde ha desmenuzado cómo se originó la caída de Artemio, en la denominada operación Crepúsculo, desde quiénes eran sus financistas hasta quiénes se infiltraron en sus huestes.

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) denuncia que al poder no le ha bastado con darle de baja, sino que además hay una intención de quitarle el grado de coronel, el cual obtuvo en el 2016 tras acreditar que había ejercido un papel clave en las labores de inteligencia del operativo Chavín de Huántar. Desde que le sigue los pasos al círculo más íntimo de la presidenta, Colchado señala que le han abierto diecisiete investigaciones entre el fuero policial y penal. Por estos días en que ya no se debe a su comando, alza la voz para marcar las malas decisiones que han conducido al Perú a ubicarse entre los diez países con peor índice de criminalidad, según la plataforma internacional Numbeo.

Pregunta. Proviene de una familia de policías y es el primero que fue oficial. ¿Qué siente cuando la Policía emite un comunicado donde señala que está desprestigiando a la institución con sus declaraciones?

Respuesta. Yo quiero mucho a mi institución y estoy agradecido por todo lo que me ha dado. Respeto a mis compañeros de armas, con quienes he trabajado codo a codo y a todos aquellos quienes a pesar de las carencias logísticas dignifican esta vocación. Lo único que he hecho ha sido recalcar que hay generales y coroneles investigados por presuntos actos de corrupción, a quienes se les imputa haber desmantelado el comando policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) para neutralizar las investigaciones contra la presidenta y su hermano Nicanor.

P. La Policía insiste en que su pase a retiro no es una represalia por allanar la casa de la presidenta, sino por la famosa torta de su cumpleaños 50, donde aparece un agente tumbándose una puerta. Casi la misma escena que vivió Boluarte. ¿Cuál es la historia de este pastel?

R. No lo mandé a hacer, personal de mi oficina me lo obsequió un día antes. Fue una sorpresa. Y la intención de quienes mandaron a hacerlo fue que representara lo que solíamos hacer en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Se hizo con el expresidente Martín Vizcarra, con asaltantes, jueces y miembros del Ejército. Siempre cuando no abren la puerta se procede a hacer el descerraje así. Lógicamente si el general Jhonny Veliz Noriega, acusado de ser el brazo protector de una organización criminal, es el responsable de los procesos disciplinarios, me iba a hallar una responsabilidad. Dicen que por mi antigüedad debo dar pase a otros coroneles, cuando todavía me faltan dos años de servicio en este rango y yo todavía no había postulado a general. A todas luces ha sido un abuso y una venganza.

P. Hay consenso en un gran sector de la población de que la torta no es un motivo para pasar al retiro a un coronel de su perfil. Pero, ¿usted admite por lo menos falta de tino en haber compartido la foto de la torta?

R. Yo no me arrepiento de nada. Seguramente todos podemos mejorar o corregir algo. Pero yo no voy a estar para decir lo hice mal, lo hice bien. No fue una falta. No fue direccionado a ella. Los enemigos lo han interpretado de esa manera porque querían encontrar una excusa para sacarme.

P. A lo largo de su carrera lo han responsabilizado del suicidio de Alan García y de la caída de Pedro Castillo. Pero a la vez lo acusan de caviar y de ser un operador político.

R. Desde pequeño he emulado a Hugo Tello Infante, un policía de oro que desbarató muchas bandas e inspiró la serie Gamboa. Cuando llegué a la Diviac me di cuenta de que los delincuentes más peligrosos son los de cuello y corbata, y desde entonces los he golpeado sin miramientos. Me dicen caviar, cuando he detenido a gente de izquierda vinculada al congresista Guillermo Bermejo. Dicen que soy títere de Vizcarra (Martín), cuando lo allanamos. También a Keiko Fujimori. O a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien el canal Willax ensalzaba como una heroína. Nadie es intocable. Cómo les jode que un policía haga su trabajo y no tenga rabo de paja. Por eso quieren revertir mi imagen, estigmatizándome como si estuviese direccionado a una tienda política, pero no lo conseguirán.

P. ¿Qué ha quedado de la Diviac, la división que usted dirigía?

R. Han quedado solamente los valientes suboficiales. Porque de los 136 oficiales, 133 han sido removidos a otras unidades que no tienen que ver con su especialidad. Los han colocado en delitos comunes, unidades de tránsito. Al capitán Junior Izquierdo que ha sido capacitado en técnicas especiales lo han reasignado como policía comunitario y ahora trabaja con juntas vecinales. Están maltratando y desaprovechando a nuestros mejores elementos.

P. ¿Siente impotencia?

R. Por supuesto. Pensaba responder con trabajos, como el libro que estoy escribiendo sobre la captura del Camarada Artemio, y salir a hablar más adelante. Pero me he visto obligado a decirles que no pueden hacer lo que quieren. Es hora que los congresistas tomen la bandera y saquen al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, porque está minando la seguridad del país. Estoy saliendo a los medios para decirle en su cara lo que es: el presunto integrante de una organización criminal.

P. ¿Cómo fue aquel día en que lo enviaron a cuidar un puente?

R. Se voceaba un paro de transportistas, y la orden era que vigilara un puente en el distrito de La Victoria. Como definitivamente iba a ser muy evidente su intención de pisotearme, mandaron a otros tres coroneles. En realidad, estábamos sobrando. Habían varias unidades cerca y no era precisamente un lugar de concentración. Como he sido formado con carácter, cumplí mi servicio sin quejarme. No me hace menos. En la época del COVID, cuidé mercados. Como policías estamos preparados para todo.

P. ¿No fue una humillación para usted?

R. Para mí no, pero esa fue su intención. Ellos sí lo pensaron porque he sido un jefe con 700 hombres a mi cargo a nivel nacional, con investigaciones que en producción superaban por el doble a todas las unidades especializadas de la Policía, y mi voz en las reuniones tenía mucho peso porque yo hablaba en base a resultados. Pero no me melló.

P. ¿Y las amenazas? El año pasado le dejaron en su casa un sobre con tres casquillos de bala.

R. Han dicho que me van a dar donde más me duele. En esta guerra psicológica te atacan por ambos lados. Ya se dieron cuenta que conmigo no van a poder. Estoy hecho a prueba de balas. Es mi modus vivendi, pero chocar con mis seres queridos, eso sí puede mellarme. Mi familia cuenta con medidas de seguridad desde la época de Artemio.

P. Pero ahora que ha pasado a retiro, ¿ese resguardo continuará?

R. La seguridad vence en abril. Voy a pedir que la renueven y esperemos que así sea. Hace unos años fui amenazado de muerte por una banda llamada Los Pulpos. Y justo me mandaron a la ciudad de Chiclayo y me quitaron la seguridad. Tuve que pagar a personal civil para que protegiera a mi familia.

P. Usted ha denunciado que el exabogado de la presidenta, Mateo Castañeda, le ofreció ascender a general si reglaba al fiscal que tenía a cargo el caso de Nicanor Boluarte. En sus cálculos nunca estuvo que lo grabara, ¿no?

R. Lo que pasa es que subestiman a la Policía. Lo común, salvo excepciones, es que un agente en actividad casi siempre se someta ante el superior o ante el poder. ¿Quién es la jefa suprema de la Policía y las Fuerzas Armadas? La presidenta. Pero conmigo se equivocaron.

P. ¿Qué le diría a la presidenta Boluarte si la tuviese enfrente?

R. Que el poder es efímero, la mentira tiene patas cortas y que al final ella tendrá rendir cuentas con la justicia.

P. Coronel, ¿usted se identifica con el Fénix, no es así?

R. Sí, cada cierto tiempo me toca resurgir. Es el precio de enfrentarte a la corrupción y el poder. En varios periodos han querido darme de baja, solo que esta vez sí lo lograron. Pero sé que seré repuesto por la vía judicial. Esperemos con fe que el próximo gobierno sí quiera luchar contra la delincuencia en lugar de modificar leyes que han terminado favoreciendo a las organizaciones criminales.